La exasistente de Pablo Iglesias pide al juez que se centre en las cloacas contra Podemos

Dina Bousselham, la que fuera asistente del líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha remitido un nuevo escrito al juez de la Audiencia Nacional que investiga el robo de su móvil. Le pide que se centre en indagar si tenía por objeto recabar información sensible en el marco de las maniobras contra el partido que llevó a cabo el comisario José Villarejo siguiendo órdenes de sus superiores en la Policía.

A juicio de Bousselham, “se hace necesario determinar si existió una investigación” para averiguar “informaciones del tipo que fuesen sobre Podemos o sus dirigentes y la utilización de los archivos del referido teléfono móvil”. Se basa en las declaraciones prestadas por el propio Villarejo en sede judicial, donde aseguró que realizó investigaciones en torno a la formación morada siguiendo instrucciones.

Por ello la exasistente de Iglesias pide al juez que cite a declarar al entonces director de la Policía; Ignacio Cosidó, a su número dos, Eugenio Pino; a uno de sus mandos de confianza, José Ángel Fuentes Gago, y al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. No es la primera vez que en el marco del caso Villarejo Podemos pide la declaración de la cúpula policial que dirigió el Cuerpo entre 2012 y 2016. Todo ello con el fin de demostrar las actividades de lo que llaman las cloacas del Estado contra el el partido. 

El informe Pisa

En el escrito de 15 folios al que ha tenido acceso Vozpópuli se pide indagar si el robo del móvil de Dina Bousselham en un Ikea de Alcorcón en noviembre de 2015 tiene alguna relación con el informe PISA, remitido tres días después a una unidad investigadora de la Policía (la UDEF) procedente de la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo en la que estaba destinado Villarejo a las órdenes de Eugenio Pino.

Aquel informe apócrifo -que no llevaba la firma de ningún policía ni el sello de oficial de ninguna unidad concreta- sostenía una serie de indicios no contrastados sobre una presunta financiación de Irán a Podemos. El nombre del documento PISA eran las siglas de “Pablo Iglesias Sociedad Anónima”. 

Aquella investigación ni siquiera mereció la atención de las autoridades judiciales ni provocó investigación alguna. Sin embargo, su contenido fue difundido por varios medios de comunicación en lo que Podemos siempre entendió como una campaña de desprestigio orquestada por las cloacas del Estado. 

Bousselham cree que en las pesquisas que sigue el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón “se han venido realizando diferentes diligencias de instrucción que no guardan relación con los elementos obrantes en la causa”. Recuerda que el inicio de esta investigación fue el hallazgo del contenido de su teléfono en el registro practicado entre las pertenencias de Villarejo tras su arresto dos años después de la desaparición del aparato.

El giro en el caso

Sin embargo, el caso dio un giro este año cuando el juez decidió retirar a Pablo Iglesias la condición de perjudicado de las presuntas actividades policiales para situarle como presunto autor de un delito de revelación de secretos y otro de daños informáticos. La razón es que el líder de Podemos recibió en enero de 2016 la tarjeta de Bousselham de manos del presidente del grupo de comunicación Zeta. El empresario la tenía porque le había llegado de forma anónima a una de sus revistas, Interviu. Nunca publicaron su contenido.

Iglesias se quedó con la tarjeta durante meses hasta que su contenido fue publicado en julio de 2016 por el medio Ok Diario. Según Iglesias, tardó en devolverle la tarjeta a su exasistente para "protegerla" ya que en su interior había documentos comprometedores y fotos íntimas. En una primera versión, Dina Bousselham le dijo al juez que cuando quiso acceder al contenido de la tarjeta no pudo. En una segunda versión se desdijo y matizó que en un principio sí pudo recuperar sus fotos, pero en un segundo intento ya le fue imposible.  

La expareja sentimental de Dina Bousselham remitió la tarjeta a una empresa de recuperación de archivos con sede en Gales. La respuesta fue que no era posible acceder a su interior con una operación básica, sino que sería necesario aplicar una serie de técnicas que encarecerían el coste del trabajo. Finalmente el exnovio de Bousselham desistió. El juez preguntó a la citada empresa galesa si la tarjeta que recibieron estaba dañada y la respuesta fue que no. En la misma línea se ha pronunciado la Policía Científica en un reciente informe remitido al Juzgado publicado este martes por El Español. 

Nueva "victimización"

El escrito de Bousselham, adelantado por El Confidencial, denuncia que todo este recorrido judicial le ha provocado una segunda “victimización”. Cita el Estatuto de la Víctima, para reivindicar que los poderes públicos deben fomentar “campañas de sensibilización social en favor de las víctimas, así como la autorregulación de los medios de comunicación”.

“Si bien pudiera parecer previamente que el referido informe no guarda relación con el robo del móvil a mi representada, lo cierto es que el propio Villarejo encuadra en ese contexto de la elaboración del informe PISA y de su presunta investigación a miembros de Podemos”, dice el escrito firmado por la exabogada de Iglesias, Marta Flor Núñez. “Pusimos de manifiesto que existían indicios que revelan quien realizó el informe PISA ya disponía de la información que contenía el móvil de mi representada”, añade.

Para ello se basa en las explicaciones que dieron en su día los dos responsables de la revista Interviú que recibieron la tarjeta del móvil. Ambos explicaron que se la entregaron a Villarejo por su condición de Policía. “No se me puede ni pasar por la cabeza que no se fuera dar a eso un uso que no fuera policial como me dijo que era para un informe a sus superiores”, declaró el responsable de la revista, Alberto Pozas.

Bousselham también le pide al juez que solicite una copia de todos los oficios o notas informativas remitidos por Villarejo a la Dirección Adjunta Operativa o a otras instancias relacionados con la investigación a Podemos, en los que se adjuntara algún tipo de material en soporte informático, entre el 1 de noviembre de 2015 y julio de 2016.