La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha diseñado una estrategia para aplazar al máximo posible el frente judicial que tiene abierto y que, en caso de condena, la inhabilitaría como máxima autoridad de la institución catalana. En este planteamiento también es clave el papel de los servicios jurídicos de la Cámara autonómica, ya que la dirigente nacionalista expresó, tras su nombramiento, la voluntad de abrir "unos nuevos tiempos" distintos al de su predecesor, Roger Torrent, quien evitó desobedecer los dictámenes de los servicios jurídicos.

Borràs se ha comprometido a que el Parlament pueda ejercer su "soberanía" sin "injerencias" de otros poderes. Y si ya comunicó a Xavier Muro, secretario general de la Mesa, que no cuenta con él para esta nueva legislatura, el siguiente paso es dejar vacante la figura de Letrado Mayor, ocupada hasta el pasado marzo por Joan Ridao.

Fuentes del Parlament explican a Vozpópuli que el cargo está vacante "desde hace unos días". Y que "es posible" no cubrir la plaza. El también exdirigente de ERC ha pedido una excedencia para volver a la universidad y su nombre se barajó como posible 'cuota' del nacionalismo en el reparto del Consejo General del Poder Judicial.

La opción que baraja Borràs es que las labores de asistir al órgano rector la asuman el resto de letrados del ente, de forma rotativa. En este caso, sería el cuerpo actual con el que cuenta el Parlament:  Mercè Arderiu, Anna Casas, Clara Marsans, Esther Andreu, Ferran Domínguez, Antoni Bayona, Miquel Palomares y Mario Núñez.

Borràs rotará los letrados

"El letrado mayor coordina los servicios jurídicos y da apoyo al secretario general. Si no se cubre, se deberá encontrar otra alternativa organizativa", añaden fuentes del equipo jurídico a instancias de este medio. Mientras el cargo de secretario general se debe ocupar para que la Cámara pueda desempeñar su función, en el caso del letrado mayor no es obligatorio.

No obstante, explican las fuentes consultadas, puede tener impacto en el asesoramiento legal, ya que esta figura es la encargada de elaborar dictámenes que pueden no ser del agrado de Borràs. "Puede ser una forma de descabezar el equipo jurídico, que tengan que hacer sustituciones", apunta otra fuente.

La nueva presidenta de la Cámara quiere apaciguar el papel de los letrados que, como Muro, han representado un escollo para avanzar hacia la aprobación de leyes que se extralimitaban de la competencia del Parlament. En las pasadas legislaturas, muchos de los informes elaborados por los servicios jurídicos dieron munición a la Fiscalía para abrir causas contra los miembros de la Mesa.

No dar munición a la Fiscalía

En este sentido, es consciente de que su margen de maniobra es limitado, ya que debe elegir entre los propios funcionarios de la Cámara. Pero su intención es no depender excesivamente de los dictámenes e informes jurídicos del Parlament.

En varias entrevistas, Borràs se ha encargado de recordar que las conclusiones de los letrados "no son vinculantes ni preceptivas", pero espera no tener que recurrir a sus informes de manera habitual. Y desde Junts no dudaron en relegar a Jaume Alonso-Cuevillas, secretario segundo de la Mesa, por sus afirmaciones en contra de desobedecer.

El objetivo de la dirigente nacionalista es que el pleno del Parlament pueda acordar o tramitar iniciativas parlamentarias garantizando la independencia de la institución. Ha afirmado en más de una ocasión que en la Cámara catalana se ha discutido del derecho de autodeterminación desde 1980 y que no hay que "normalizar" que ahora los jueces puedan influir en lo que se debate en el Parlament.

ERC, de momento, no ha expresado si apoyará a Junts en este objetivo. En la anterior legislatura, los republicanos se desmarcaron de investir a Carles Puigdemont a distancia tras un informe de los servicios jurídicos que rechazaban esa opción. Esa decisión fue el principio de la división entre ambas formaciones por lo que respecta a la ruta separatista. Y, en la actual legislatura, la ausencia de un nuevo gobierno en la región añade parálisis al resto de asuntos legislativos.