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España

La bipolaridad del Gobierno: 230.000 € para combatir el juego y 55 millones en publicidad de Loterías

El Gobierno juega a dos bandas con los juegos de azar: se gasta miles de euros en alertar de sus riesgos y millones en promocionar los que generan beneficios para el Estado

Alberto Garzón, ministro de Consumo / Europa Press.

Estar en misa y repicando. Ese es el papel del Gobierno de España con los juegos de azar y apuestas. La bipolaridad del Ejecutivo en este ámbito es plausible. Mientras el Ministerio de Consumo gasta cientos de miles de euros en campañas para advertir de los riesgos de estos juegos para la salud, el Ministerio de Hacienda gasta millones en publicidad para las loterías estatales.

Esta misma semana, el Ministerio de Alberto Garzón anunciaba la licitación de un contrato por 231.404 euros para poner en marcha una campaña de concienciación sobre los riesgos del consumo de juegos de azar y apuestas. En la memoria justificativa del proyecto, a la que ha accedido Vozpópuli, se exponen entre los objetivos el de "evitar la percepción de que no existe riesgo apostando o consumiendo juegos de azar" y también el de "concienciar sobre la posibilidad de que un consumo habitual desencadene problemas personales o patologías como la ludopatía".

Para cumplir con esta campaña, el Ministerio de Consumo quiere que se actúe a través de todas las vías de comunicación posibles. La empresa adjudicataria deberá diseñar y producir un spot televisivo, una cuña de radio, una expresión gráfica para paneles exteriores y prensa, y una campaña de comunicación en redes. Sobre este último punto, se especifica que habrá que adecuar cada mensaje a la red en particular (Tik Tok, Twitter, etc.).

Esta campaña pone de manifiesto, una vez más, la doble cara del Ejecutivo, ya que, mientras el departamento de Garzón alerta sobre la posibilidad de desarrollar patologías como la ludopatía con estos juegos, la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado ha recibido 55,3 millones de euros para publicitar sus múltiples productos en 2022, como se refleja en el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional.

Entre ellos se encuentran el Euromillones, La Primitiva, las Lotos, las apuestas deportivas, la Lotería Nacional y los sorteos de Navidad y del Niño. Para promocionar estos juegos de apuestas, el Estado habilitará campañas de publicidad en televisión, radio, prensa, revistas, Internet y paneles en la calle. Se difundirán a nivel nacional en castellano, catalán, euskera y gallego.

No en vano, como adelantó este diario, Loterías Nacionales licitó a principios de año un contrato por hasta 3 millones de euros para contratar a una agencia de comunicación que diseñase una campaña para atraer a los jóvenes a las apuestas deportivas de titularidad pública. En el proyecto se apuntaba directamente a la población entre los 18 y los 24 años, a la que se calificaba de "segmento infradesarrollado", para hacer "el juego atractivo" para todos ellos. Precisamente, la tipología de apuestas impulsadas por el Estado (Loterías, Loterías instantáneas y Quinielas) son los que generan un consumo más problemático, según los datos de la propia Administración Pública.

Loterías: el impuesto camuflado

Al tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, se atribuye la frase que reza: “Las loterías son un impuesto del gobierno al desconocimiento de las matemáticas”. No le faltaba razón. Las loterías nacionales suponen una suculenta fuente de ingresos para el Gobierno, que participa de una hipocresía similar a la del alcohol y el tabaco (por un lado, te aviso de sus riesgos, por otro, me lucro con los impuestos que tienen asociados).

Loterías y Apuestas del Estado obtuvo un beneficio de 9.257 millones de euros en 2019, de los cuales 2.906 millones de euros procedieron de la venta de décimos del sorteo de Navidad. Al margen de los beneficios de la empresa estatal, la compañía recauda cientos de millones de euros para el Estado. Según recoge Statista, Loterías recaudó 414 millones de euros mediante el gravamen sobre sus premios. De esa cantidad, casi 337 millones fueron recaudados a través del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y 77,5 millones, a través del impuesto de sociedades.

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