La primera condena a la Universidad de Barcelona por vulnerar el derecho a la libertad ideológica y de expresión de alumnos y profesores tiene nombre y apellidos.

Un grupo de cuatro profesores y un alumno fueron los encargados de plantar cara al claustro de la institución en octubre del año pasado, cuando este órgano decidió aprobar un manifiesto contra la sentencia del procés y en defensa del derecho de autodeterminación y de la libertad de los "presos políticos".

Ricardo García Manrique, catedrático de Filosofía del Derecho, trató de frenar la publicación del escrito. No tuvo éxito y se vio obligado a promover la demanda. Era 21 de octubre y el profesor pidió a la Mesa del claustro la anulación de la convocatoria para dar luz verde al documento. 

Según explica a Vozpópuli, entendió que la aprobación de aquel manifiesto excedía las competencias de la Universidad. El académico defendió ante sus compañeros que un texto de ese calado "vulneraba la libertad ideológica y de expresión de profesores, alumnos y personal administrativo y de servicios" al atribuir a la institución académica en su conjunto "una opinión política determinada".

El docente sostuvo que si la Universidad de Barcelona -y cualquier otra- se pronunciaba contra la sentencia del Tribunal Supremo, se estaría brindando "una imagen de pensamiento único que no se correspondía con la pluralidad realmente existente".

Pero el claustro desestimó la petición de García Manrique y procedió a la discusión y votación de la iniciativa. Este fue aprobado por una amplia mayoría de los presentes. Y el profesor se vio obligado a interponer una demanda ante los juzgados.

Lo hizo junto a tres colegas: el catedrático de Derecho Financiero y Tributario José Andrés Rozas, la profesora de Derecho Civil Chantal Moll de Alba y el catedrático de Ciencia Política Rafael Martínez. Y un alumno se sumó a la causa. Se llama Daniel Tolosana y está matriculado en segundo curso de Relaciones Laborales.

La UB recurrirá la sentencia en defensa de la "autonomía universitaria"

En una sentencia dictada el 30 de septiembre de 2020, casi un año después, la Justicia les ha dado la razón. Tal y como publicó este lunes este diario, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Barcelona ha condenado a la Universidad de Barcelona (UB) por vulnerar los derechos fundamentales a la libertad ideológica y a la libertad de expresión de sus profesores y alumnos, y el derecho a la educación de estos últimos.

El documento recoge que la UB ha infringido su deber de neutralidad y estima en su integridad la demanda de García Manrique y compañía. "David contra Goliat", celebra Chantal Moll, otra de las demandantes y también fundadora de Universitaris per la Convivència, colectivo al que pertenecen todos ellos.

Ahora, la Universidad tendrá que pagar las costas procesales y publicar la sentencia en su página web durante un mes. Fuentes de la UB explican a este diario que recurrirá la misma ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña "reiterando los argumentos en defensa de su actuación amparada en la autonomía universitaria".

El catedrático García Manrique, que lleva impartiendo clases 17 años en la institución, esperaba esta reacción. "La autonomía universitaria se debe ceñir a la investigación y a la docencia. La Universidad no es una institución de representación política", defiende.

Según el profesor de Filosofía del Derecho, la falta de neutralidad en los centros es el resultado de los años calientes del procés. "Las ideas nacionalistas son hegemónicas en Cataluña y se traducen en una serie de declaraciones institucionales que menoscaban la neutralidad de las facultades", insiste.

Miedo al señalamiento entre los alumnos

Los artífices de la demanda consideran que la sentencia supone una "modesta victoria" para la Universidad. "Con esta sentencia salimos ganando todos los que tenemos amor a la Universidad", opinan.

Además, destacan que la Universidad de Barcelona se caracteriza por tener un "buen ambiente". "Hay libertad intelectual y pluralidad. Por eso mismo, no se deben permitir manifiestos políticos de este tipo", añaden.

Tolosana habla como estudiante. "Como muchos alumnos de la universidad, no me sentía identificado con un manifiesto que insinuaba que el poder judicial no era imparcial", reconoce.

"A pesar de que muchos alumnos entendíamos esto, no todo el mundo está dispuesto a que el nacionalismo le señale en el ámbito laboral y social. No me ofrecí con la intención de ser valiente ante nadie, sino de denunciar una injusticia", dice.

Según denuncia Tolosana, en Cataluña "muchas veces se señala al que opina distinto y se le persigue y acosa por redes sociales". "Saber lo que hacen no te da tranquilidad para alzar la voz contra las injusticias, como en este caso, o a opinar diferente", apunta.

Y concluye: "La sentencia reconoce que la UB ha actuado mal y que debe mantenerse neutral para poder amparar todo tipo de pensamiento y, por consiguiente, no dañar a ninguno. No tenía sentido que una institución que promueve el debate acabe aplicando el pensamiento único".