España

¿Quién paga los errores del alcalde?: conflictos locales que tiran millones por el sumidero

Los expertos proponen tribunales intermedios para que no todo acabe en los juzgados y dicen que hay suficientes herramientas para exigir responsabilidad patrimonial a las autoridades públicas que generan perjuicios a las arcas de los consistorios

Imagen de la fachada de unos juzgados.
Imagen de la fachada de unos juzgados. EP

El asunto llevaba 30 años saltando de un juzgado a otro, con tiras y aflojas entre las partes. Ahora, el Ayuntamiento de Torrox (Málaga) deberá indemnizar a un antiguo recaudador de impuestos que trabajaba para el Consistorio en virtud de un contrato que fue rescindido sin los meses de preaviso estipulados. Con casi 80 años, el exrecaudador municipal habrá recibido 4,7 millones de euros tras la batalla judicial contra la corporación municipal. 

Se trata de un caso pintoresco y excepcional, pero que se enmarca dentro de la litigiosidad de las administraciones locales en España, por la que cientos de miles de euros se escapan cada año de las arcas públicas en indemnizaciones a terceros por perjuicios causados por la Administración. 

El ámbito laboral es uno de los grandes focos de conflicto y algunas causas acaban en el Tribunal Supremo. A comienzos de este año, el Alto Tribunal condenó al Ayuntamiento de Carmona (Sevilla) a indemnizar a una interina con 20.000 euros por sobrepasar el límite de tres años en la convocatoria de una oferta de empleo público. Aunque el Tribunal no la devuelve a su puesto, sí obliga a resarcirla por los daños y perjuicios. Lo contrario dictaba hace escasos días la titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de Alicante, que obliga al Consistorio de la ciudad a convertir en fija a una interina que llevaba 13 años con contrato temporal.  

Junto a los conflictos del personal laboral, el ámbito urbanístico es uno de los grandes pozos sin fondo de las compensaciones por parte de las administraciones locales, por sus habituales choques con los intereses de los particulares. Uno de los más comunes son las licencias de obra. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ordenó el pasado mes de diciembre una indemnización de 1,5 millones de euros a una constructora a la que el Ayuntamiento de Madrid llevaba cuatro años demorando la licencia de un edificio en el barrio de La Guindalera, cuyo diseño generó protestas vecinales.

Al ayuntamiento granadino de Almuñécar le condenaron en marzo a indemnizar con más de dos millones de euros a una empresa por un convenio de gestión en 2006. A diferencia del Consistorio madrileño, una condena así hace que se tambaleen las arcas municipales de un ayuntamiento de este tamaño. De hecho, la corporación municipal fraccionará el pago en diez cuotas mensuales de 200.000 euros desde agosto de 2020 a mayo de 2021. 

¿Se podría evitar que todo acabe siempre en los tribunales? Para Ángel Zurita, vicepresidente de ALEL, la Asociación de Letrados de Entidades Locales, hacen falta dos cosas. En primer lugar, "voluntad" para solucionar los conflictos antes de que se "pudran" como en el caso de Torrox. En segundo, "buscar una solución distinta a los recursos administrativos que sistemáticamente se desestiman". "Los temas de personal es clarísimo que hay que intentar resolverlos mediante sistemas de mediación, conciliación o arbitraje para evitar que todos los trabajadores públicos vayan a los tribunales. Y no se está haciendo", manifiesta. 

Asimismo, lanza la idea de establecer órganos administrativos similares a los que operan en el ámbito de los contratos públicos (tribunales de recursos contractuales) o de los tributos (tribunales económico-administrativos), de carácter gratuito y donde no hace falta procurador. "Si se crea un órgano colegiado, con cierta independencia de la administración implicada, se podría resolver el problema. Y creo que de cara al futuro se tienen que resolver los problemas por esa vía", explica. 

Marcos Peña Molina, consejero del despacho Montero-Aramburu Abogados y especialista en derecho administrativo, no ve con malos ojos esta posibilidad, aunque recalca en todo caso la dificultad de que la Administración transaccione con intereses públicos. Cree, además, que antes deberían fijarse unos criterios y baremos claros para que esos tribunales pudiesen operar con seguridad. 

"Podría ser una vía razonable, pero aunque haya un tribunal intermedio, lo que es la litigiosidad en el ámbito judicial tampoco supone un arreglo importante", añade Jorge Fondevila, doctor en derecho, funcionario del Gobierno de Cantabria y secretario de la administración local. Concede, eso sí, que podrían reducir la carga de los contenciosos-administrativos y, a la vez, ayudar a particulares que desisten de acudir a los tribunales ordinarios por el coste de la asistencia jurídica o el riesgo de tener que abonar las costas. 

Peña Molina también se muestra partidario de reforzar la mediación que se aplica en otros ámbitos del derecho, aunque remarca el carácter "cortoplacista" con el que actúa la administración española. De ahí -dice- el alto nivel de litigios que se da a diario, por ejemplo, en materia urbanística. Para solventarlo considera necesario "mecanismos flexibles" para la implementación urbanística, pues mucha rigidez normativa ha acabado generando conflictos que han ido de cabeza a los tribunales.

Responsabilidad de la autoridad pública

Al margen de eso, surge la pregunta de si debería reforzarse la responsabilidad patrimonial del cargo público cuya decisión ha acabado generando un perjuicio a las arcas de un consistorio. "Marco jurídico para exigir responsabilidades lo tenemos. El problema es que no se hace uso de ello", enfatiza Fondevila en calidad de experto. 

Las leyes 39 y 40/2015 que rigen el Procedimiento Administrativo y el Régimen Jurídico del Sector Público o incluso la Ley de Bases del Régimen Local contienen elementos para que, una vez abonada la indemnización al afectado, la institución reclame una cantidad a quien tomó la decisión que generó el perjuicio. 

Jamás se exigen responsabilidad ni por un mal contrato, ni por haber hecho un aeropuerto donde no va nadie"

"Lo que habría que hacer es tener voluntad de aplicar lo que prevé la ley", insiste Peña Molina. Pero desliza que en casi ningún caso se va contra la autoridad política a través de un procedimiento contradictorio: "Jamás se exigen responsabilidad ni por un mal contrato, ni por haber hecho un aeropuerto donde no va nadie". "Como tantas normas, queda en el aire y nadie lo ejerce porque hay intereses cruzados", apunta Fondevila. 

Ante la dificultad de que los propios funcionarios abran un procedimiento posterior a la sentencia de indemnización contra las autoridades políticas, Peña Molina remarca la posibilidad de que los órganos de control externo como las cámaras de cuentas autonómicas o el propio Tribunal de Cuentas, exijan la responsabilidad patrimonial a los cargos políticos. Aunque es la pescadilla que se muerde la cola. Los miembros de esas instituciones son designados por los propios partidos. 

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