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España

Un empresario investigado en fraude de las obras del AVE dice que le pidieron "engordar" las facturas

Imagen de archivo de un tren de alta velocidad.

Un empresario dedicado a trabajos de topografía declaró tras ser detenido dentro de las investigaciones puestas en marcha por el fraude en las obras del AVE en la zona de Levante que le indicaron que debía "engordar" las facturas que emitiera. Tras declarar ante la Guardia Civil, fue puesto a disposición del juzgado de instrucción de Murcia que dirige las investigaciones, donde ratificó la mayor parte de manifestado a los agentes sobre este caso, del que se ha levantado el secreto de sumario.

Este empresario señaló que las dos facturas que hinchó podrían ser unas que ascendían a 39.100 y 34.300 euros. Así mismo, ratificó que emitió una sola factura falsa, que ascendía a 40.000 euros, y que se negó a preparar otras porque nunca ha sido amigo de los "cambalaches". Durante su declaración ante la Guardia Civil, apuntó a otro de los investigados como la persona que le indicó que inflara las facturas en un 20 por ciento. Aseguró también que, con excepción de la factura falsa, las demás que extendió correspondían a trabajos realmente prestados por su empresa.

El empresario apuntó a otro de los investigados como la persona que le indicó que inflara las facturas en un 20 por ciento

En el juzgado ratificó que también era cierto el consumo de combustible que facturó, que los investigadores consideran desproporcionado en atención al volumen de negocio de la empresa, ya que se elevó a 228.000 euros. El detenido admitió que algunas de las facturas pasadas por ese consumo "habían sido engordadas en un porcentaje en torno a un 20 por ciento".

Según se recoge en el acta judicial, al término de su declaración adelantó "su intención de reparar el perjuicio económico causado". En este caso se trata de esclarecer un presunto fraude en las obras de construcción del AVE en el tramo comprendido entre Crevillente (Alicante) y Murcia, que según los investigadores podría superar los 17 millones de euros. El delito habría sido cometido con la emisión de facturas falsas, al no responder a trabajos realmente desarrollados, y con el sobrecoste de otros.

Entre los investigados figura el que fue jefe de Infraestructuras del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias en la zona de Levante.

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