La Audiencia rastrea las cuentas de un exalto cargo de Fomento por mordidas de OHL

La Audiencia Nacional da impulso al caso OHL. El magistrado Manuel García Castellón interrogará como imputados a un exalto cargo del Ministerio de Fomento y a su mujer por el presunto cobro de un millón de euros en mordidas. El instructor, que les imputa delito de cohecho y blanqueo de capitales, autoriza el rastreo de sus cuentas bancarias para comprobar si percibió estas comisiones a cambio de adjudicación de obra.

De esta forma, el juez al frente del caso Lezo promueve la pieza que se abrió en 2018 y que ahora prorroga medio año más, de acuerdo con la nueva documental adherida a la causa a la que ha tenido acceso Vozpópuli. En la misma oficia también a la Agencia Tributaria y al Registro de la Propiedad, para que suministren información sobre una empresa vinculada al matrimonio así como la vivienda familiar. El objetivo es averiguar si se pagó con dinero en 'B'.

El magistrado explica que, a tenor de estas diligencias acordadas, se hace necesario prorrogar la causa cuyos protagonistas son el exdirector de control de OHL Felicísimo Ramos y el exalto cargo de Obra Paulino Hernández, conocido como el 'Villarejo' de este caso por todo el material que atesoró sobre los supuestos amaños. Precisamente, estos documentos llevaron a la UCO a poner el foco en Manuel Bruno Romero, el exalto cargo de Fomento que declarará como imputado.

Nosotros le pagamos el 0,3% del volumen de contratación pero es que le hemos anticipado ya 450.000 euros porque se va a comprar la casaPaulino Hernández en un audio

En su auto, el juez recuerda que "existe rastro de un presunto pago de comisiones" desde la constructora a Romero, en aquel momento Subdirector General de Construcción de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. La UCO ya identificó en uno de los archivos de audio incautados a Paulino Hernández, una conversación en la que se hacía alusión al pago del 0,3% de los contratos.

"Se ha quedado con la pasta"

"Ten en cuenta que nosotros le pagamos el 0,3% del volumen de contratación, pero es que le hemos anticipado ya 450.000 euros porque se va a comprar la casa", reza una de las grabaciones de Hernández. "Son 450.000 euros cada dos meses (...). Deberíamos llevar 300 millones adjudicados. Esto es imposible, se ha quedado con la pasta y hasta luego Lucas", comenta, de acuerdo con este archivo que se grabó en octubre de 2006.

La UCO expuso en su informe de 2018 que estos audios junto con las hojas de cálculo incautadas pondrían de manifiesto una correlación entre las adjudicaciones a OHL con el presunto pago de una comisión del 0,3% del volumen total de los contratos que la constructora firmó con la Administración. De acuerdo con los audios se habrían adelantado ya a Romero 450.000 euros y se habría comprometido otro monto idéntico.

"Se ha podido verificar que los importes consignados en la columna 'M. B.' coinciden aproximadamente con el 0,3% del importe de adjudicación sin IVA de la obra junto a la que aparecen (todas obras adjudicadas a OHL). Esta coincidencia dota de veracidad lo explicado por Paulino Hernández en la grabación analizada, en la que éste explicaba que a Bruno le pagaban el 0,3% del volumen de contratación", expuso la Policía Judicial.

Contratos por 362 millones para OHL

Los agentes trasladaron al juez de la Audiencia Nacional que en ese tiempo OHL se adjudicó tres obras del Ministerio de Transportes: la circunvalación de Málaga por 72.258 euros, la variante de Albaida carretera N-340 por 6,5 millones de euros y la obra de la autovía Carreira-Lindín, en Galicia, por 60,5 millones de euros. El importe total que OHL habría entregado a Romero ascendería a 1.087.000 euros, cifra que, según la UCO, habría supuesto un volumen de contratación a OHL de 362 millones de euros, de acuerdo con el porcentaje del 0,3% de comisión al que hacen referencia en la grabación.

Romero dispuso de 1,6 millones de euros en efectivo y habría adquirido un inmueble durante el tiempo que desempeñó el cargo en Fomento

Por ese motivo, y ante las sospechas de que parte de esa comisión se habría desviado para la compra del domicilio familiar, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 estudia las cuenta del exalto cargo de Fomento y su cónyuge. Según sostiene, consta que en una de ellas realizaron ingresos en efectivo por importe de 617.000 euros. Además identifica que son propietarios de una vivienda del madrileño barrio de Arturo Soria, la cual constituye también el domicilio social de Sistemas Madrileños S.L.

38,5 millones en comisiones

Esta mercantil adquirió el dúplex junto con dos plazas de garaje por cerca de un millón de euros. Aunque la firma figuraba a nombre de terceros, éstos vendieron sus participaciones en 2015 a una sociedad controlada por la mujer de Romero. En la cuenta bancaria a nombre de esta firma también se detectaron ingresos en efectivo por 970.000 euros, lo que lleva al juez a pensar que esto guarda relación con las supuestas mordidas de OHL.

"Según lo expuesto, Romero, directamente o por mediación de de su cónyuge o de una sociedad interpuesta, habría dispuesto de 1,6 millones de euros en efectivo y habría adquirido un inmueble durante el tiempo que desempeñó su cargo en el Ministerio de Fomento, coincidiendo con la adjudicación a la entidad OHL por parte de dicho organismo de contratos de ejecución de obra pública. Según los indicios, se trata de la misma persona a quienes Paulino Hernández y Francisco Javier Peláez -altos responsables de OHL- identifican como Bruno", reza el juez del caso Lezo.

De esta forma los investigadores impulsan una causa que nació en 2018 ante las sospechas de que los imputados impulsaron un sistema de pagos en B y de facturación ficticia para hacerse con adjudicación de obra pública. Según la UCO se trató de una conducta arraigada en el seno de la compañía desde 2003 hasta 2014 en el marco de la cual efectuaron entregas a los directivos de diferentes puntos de España. Éstas, siempre con el visto bueno del exconsejero delegado Rafael Martínez Nicolás, fueron para comisiones. En total se habrían desviado 38,5 millones.