La Audiencia Nacional ordena investigar los pagos de la Federación al hijo de Negreira

La Audiencia Nacional ha dado luz verde a investigar los pagos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) al hijo de José María Enríquez Negreira y que desveló Vozópuli. El magistrado Alejandro Abascal autoriza la solicitud de La Liga de que se rastreen los 4.000 euros que el órgano que preside Luis Rubiales abonó al número dos de los árbitros entre las temporadas 2011 y 2016 con fondos provenientes de La Liga.

Así consta en una providencia a la que ha tenido acceso este medio y en la que el juez del caso Soule no solo autoriza ampliar el peritaje encargado a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), sino que además reclama más documental a la RFEF para esclarecer todo lo relativo a estos gastos arbitrales.

En concreto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 solicita a la Federación que “a la mayor brevedad posible” informe acerca del total de los gastos que se derivaron a los pagos arbitrales. Así, se pide la "documentación literal y certificada" que acredite la entrega al Comité Técnico de Árbitros de los importes aportados por La Liga con destino a los árbitros entre los años 2009 y 2017.

4.000 euros al hijo de Negreira

La Liga, que litiga como acusación en la causa, solicitó esclarecer lo relativo el pago a árbitros el pasado mes de febrero, coincidiendo con la investigación que se ha seguido en la Fiscalía de Barcelona por los pagos que el club blaugrana efectuó al hijo de Enríquez Negreira por presunto asesoramiento arbitral. En este caso, el ente que preside Javier Tebas expuso que, de la información aportada por la Federación, constaba que se habían efectuado pagos a Javier Enríquez Romero durante cinco temporadas por presuntos servicios de coaching.

La Liga sostiene que la RFEF no ha aportado las facturas soporte de los gastos contabilizados, lo que impide conocer si los servicios se prestaron. La Federación responde que son gastos privados

El ente sostiene que se pagó al número dos de los árbitros con fondos entregados por La Liga, de los que el 18,75% procedían de las quinielas. "La RFEF no ha aportado las facturas soporte de los gastos contabilizados, impidiendo constatar si tan siquiera estos pudieron haber existido, o para qué y para quién se prestaron dichos servicios, su duración, el precio, hora, o quien autorizó su pago. La elección del prestador parece evidente a qué responde", expuso la defensa legal de La Liga.

A esta petición se adhirió la Fiscalía Anticorrupción que sostiene que debe ampliarse el peritaje encargado a la IGAE para determinar "si se desviaron fondos públicos a fines ajenos a la subvención". Por todo ello el juez al frente del caso Soule autoriza ahora la solicitud y traslada la documentación a los peritos de la IGAE para que cuantifiquen "el importe económico" de las partida de La Liga que se habrían desviado para pagar al hijo de Enríquez Negreira.

Pagos privados

La RFEF, por su parte, también presentó escrito a la Audiencia Nacional en el que especificó que La Liga no tenía legitimidad para reclamar estos gastos arbitrales puesto que, lejos de lo que defiende, provienen de los clubes de fútbol y, por tanto, son privados. El ente que preside Luis Rubiales acusó al órgano de actuar con una "mala fe olímpica" y de tratar de "enmarañar" esta causa con peticiones fuera de lugar.

Del mismo modo, la Federación se opone también a que se cite a declarar como imputado al jefe de Enríquez Negreira, Victoriano Sánchez Arminio, también por el presunto desvío de partidas para gastos arbitrales. Este otro asunto está ahora dilucidándose en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a petición de la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público respaldó la solicitud de la Liga de que se citara como imputado al exjefe del Comité Técnico de Árbitros (CTA), al exsecretario del CTA Raúl Massó y también a Ángel María Villar, quien ya figura como uno de los principales investigados en esta causa.

El motivo reside en el presunto desvío de una partida de 8 millones de euros de la RFEF que habría aflorado el peritaje de la IGAE. El juez declinó en un principio la solicitud al considerar que se pide en la recta final de este caso Soule, centrado en la figura de Ángel María Villar. Por eso desestimó la solicitud, pero la Fiscalía lo ha recurrido ante la Sala de lo Penal, que será la que tenga la última palabra.

El Ministerio Público considera que es "indudable" que las declaraciones propuestas guardan relación con los hechos porque se investiga una posible desviación de fondos aportados por la Liga a la RFEF de Villar "con destino finalista". La RFEF no solo se opone a que se acuerden estas nuevas imputaciones, sino que insiste en que La Liga no tiene capacidad alguna de solicitar esta diligencia, siendo la Administración del Estado la que tendría que actuar de sospechar que se cometieron irregularidades.

"Los servicios arbitrales de las categorías profesionales son abonados mediante la correspondiente factura de la RFEF por los clubes. Son éstos los que abonan las facturas en concepto de 'cargo por derechos arbitrales con carácter mensual", respondió la Federación la cual sentenció que resulta "inaudito" que más de una década después "aparezcan diciendo que no existe justificación" sobre los gastos.