Publicado: 22/05/2019 15:29
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha librado un auto por el que propone enviar a juicio al expresidente del Granada Fútbol Club Enrique Pina, su hermana y dos de sus sociedades, por defraudar a Hacienda 2,8 millones de euros en los ejercicios de 2012 a 2016.
El auto, firmado este miércoles, es el resultado de la pieza separada de la 'Operación Líbero' que se abrió para investigar los presuntos delitos contra la Hacienda Pública de Pina, que no presentó declaración de IRPF entre 2012 y 2015 y consignó la de 2016 en marzo de 2018, fuera de plazo y una vez se habían practicado las entradas y registros en sus dependencias.
Según expone De la Mata, el expresidente del Granada "ha utilizado y utiliza una serie de soociedades instrumentales" entre las que figuran Quique Sport y Calambur Intermediaciones, a las que ahora propone juzgar. Con la primera, "oculta su patrimonio personal" y co la segunda, "oculta los ingresos de su actividad personal y directa y también parte de su patrimonio".
De este modo, no puede "diferenciarse" el patrimonio de Pina del de las sociedades, pues en ellas residencia "dinero, inversiones, vehículos, embarcaciones e inmuebles que son usados de forma habitual y exclusiva por el obligado tributario" y a las que traslada "casi todos sus gastos personales".
Su hermana, administradora de las sociedades
La persona que figura como administradora única de ambas sociedades es su hermana, Elena Pina, aunque el juez dice que "no es la verdadera, sino que lo es su hermano, con quien ha colaborado para sacar de la sociedad (Calambur) los fondos que sostienen su nivel de vida", de modo que cumple "una función de testaferro" por el que también propone sentarla en el banquillo.
"La conclusión es que las entidades administradas formalmente por Elena Pina actuando como testaferro, son sociedades instrumentales que han servido al investigado Enrique Pina para defraudar y ocultar canalizando los fondos generados por su actividad profesional y sustrayéndolos a la acción cobratoria de la Hacienda Pública", señala el juez.
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