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La Audiencia exige al Gobierno los informes que justifican otra dosis al mes de infectarse

La Sala de lo Contencioso admite a trámite el recurso interpuesto por el abogado Curro Nicolau contra la decisión de Sanidad de poner una dosis de refuerzo cuatro semanas después de infectarse por Covid

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La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el abogado valenciano Curro Nicolau contra la decisión del Ministerio de Sanidad de inocular una dosis de refuerzo a las cuatro semanas de haberse infectado de coronavirus. La Sala de lo Contencioso reclama al Ejecutivo que entregue los informes y expedientes que justifican esta nueva estrategia para que lo aporten en un plazo máximo de cinco días.

Así consta en una diligencia de ordenación de este órgano judicial a la que ha tenido acceso Vozpópuli en la que la Audiencia Nacional da luz verde a este nuevo recurso presentado por Nicolau contra las actuaciones del Ejecutivo para frenar el avance de la pandemia. En su escrito el letrado expuso que esta nueva estrategia aprobada por el Ministerio de Sanidad vulnera el derecho fundamental de protección de la salud que se recoge en el artículo 43 de la Constitución relativo al derecho a la protección de la salud.

Según explica el abogado, resulta "palmario" que el Ministerio que dirige Carolina Darias no había aportado ningún dato científico para que en España se siguiera con dicho criterio en la vacunación en caso de reinfectados. Al respecto dice que puede ser "contraproducente" para la salud de las personas una dosis de refuerzo en un periodo de cuatro semanas después de obtener una prueba PCR negativa del virus. "El criterio adoptado en la Estrategia de Vacunación citado carece de respaldo científico y, por tanto, de motivación", reza en su recurso.

Sanidad no ha aportado ningún dato científico para que en España se siga con el criterio de vacunación en los casos reinfectados

Al respecto, la Audiencia Nacional admite a trámite su recurso y requiere "con carácter urgente" al órgano administrativo correspondiente para que en un plazo máximo de cinco días remita el expediente acompañado de los informes y datos que estime oportunos en relación a esta nueva medida. La falta de envío de estos documentos no suspenderá el trámite del recurso.

Suspensión de la vigencia

Nicolau, que también mantiene abiertos varios frentes en el Tribunal Supremo y el Constitucional por las medidas del Ejecutivo contra el coronavirus, solicita en este nuevo recurso que se suspenda la vigencia de la orden. Según razona, concurren todos los presupuestos ya que, pese a la gravedad del virus, las medidas sanitarias "deben estar justificadas y amparadas en base a criterios científicos". De lo contrario, dice, se podría poner en peligro la salud de millones de personas en España.

La Audiencia Nacional, por su parte, designa a Fernando Luis Ruiz Piñero como magistrado ponente para que resuelva sobre esta medida cautelarísima. Con todo, queda a la espera de la respuesta que ofrezca el Ministerio de Sanidad, a la par que da traslado a la Fiscalía y Abogacía General del Estado para que se pronuncien al respecto.

La medida adoptada por el Ejecutivo recogía que se administrará una dosis de recuerdo en las personas que se hayan contagiado de coronavirus al menos a las cuatro semanas del diagnóstico de la infección y a partir de los seis meses si la última dosis administrada fue con vacuna de ARN mensajero como Pfizer y Moderna. Si, por contra, fue una vacuna de vector de adenovirus (como la de Janssen) el periodo es a partir de los tres meses. Sanidad fijó que se incluyen en este grupo a todas las personas que hayan dado positivo en PCR, test de antígenos y prueba serológica.

Sobre este punto Nicolau precisa que se está infringiendo un derecho fundamental y que existe doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la protección de la salud. Al respecto recuerda que el tribunal de garantías ha sentenciado que se halla muy ligado a otros atributos esenciales también recogidos en la Carta Magna como el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. "La Constitución establece en relación a los derechos sociales, un núcleo esencial, indisponible por el legislador", reza el recurso interpuesto en la Audiencia Nacional.

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