Dos jueces y el CNI acumulan sospechas de la influencia del Kremlin en el 'procés'

El independentismo catalán se desayunó este miércoles con una nueva operación en la que fueron detenidos por corrupción algunos de sus empresarios afines. La Guardia Civil procedió a 21 detenciones y 31 registros en el marco de una ampliación de la denominada operación Voloh a las órdenes de un juez de Barcelona. En sus autos, el magistrado aprovecha para incluir los detalles de una trama internacional mediática en favor del procés que alcanza el Kremlin ruso y a personajes como el fundador de Wikileaks, Julian Assange.

Pese a los desmentidos de Rusia o incluso sus mofas en las redes sociales, no es la primera vez que la sombra del Gobierno de Putin se proyecta sobre el conflicto político generado en Cataluña en los últimos tiempos. Las tácticas de desestabilización informativa que los servicios de inteligencia internacionales ya advirtieron en acontecimientos como el Brexit lo la victoria electoral de Trump en 2016, también centraron la atención de los servicios secretos españoles. En febrero de 2019, el  Centro Criptológico Nacional (CCN), dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), emitió un informe llamado Desinformación en el ciberespacio. 

Alertaba que "Rusia ha sido uno de los países que más ha desarrollado el concepto de guerra híbrida o, en palabras de la doctrina militar rusa, guerras no declaradas y guerras no lineales". Ponía como ejemplo de noticias falsas una publicación del medio de comunicación de origen ruso RT News del 1 de octubre de 2017: "La noticia que tenía el siguiente titular 'Fuertes vídeos: la brutal represión de la Policía contra los votantes del referéndum catalán'. También una publicación del mismo medio del 28 de octubre de 2017 que anunciaba la presencia de tanques en las calles de Barcelona. Fue compartida por 11.800 usuarios en Facebook.

Otro frente son las cuentes falsas en redes sociales que se encargaron de la "difusión de noticias relativas a la celebración del referéndum ilegal de independencia en Cataluña en octubre de 2017". Se pudo comprobar que varios usuarios en Twitter publicaban "las mismas noticias negativas sobre España al mismo tiempo que otras cuentas". "Todas esas cuentas estaban gestionadas por una misma persona u organización" y Twitter eliminó estas cuentas al comprobarse su falsedad.

Ahora el juez de Barcelona que coordina la operación Voloh pone el foco en un empresario de la comunicación llamado Oriol Sole. Es el director general del grupo cooperativo SOM, que se dedica a la industria cultural y los medios de comunicación en Cataluña. Días después de la declaración unilateral de independencia, se entrevistó en la embajada de Ecuador en Londres con Julian Assange. A ese encuentro acudió acompañado de Andreu Grinyó, a quien la investigación describe como “experto en campañas de comunicación afín al independentismo”.

“Esa reunión se enmarca en la estrategia de desinformación y desestabilización en la que también habría participado el Gobierno del Kremlin como parte de su narrativa general sobre una Unión Europea al borde del colapso, principal mensaje de los medios de comunicación controlados por el Kremlin: Russia Today y Sputnik”, dice el auto del magistrado Joaquín Aguirre, quien ordenó el arresto de Soler y de 20 personas más. 

Simonyan a Gerasimov

Añade que la editora de esos medios es una mujer muy próxima al presidente ruso Vladimir Putin llamada Margarita Simonyan, “también editora, precisamente, de Julian Assange y Eduard Snowden”. Este último es un antiguo empleado de la Agencia de Seguridad Nacional que se dio a conocer tras filtrar cientos de documentos clasificados en 2013. Con ello puso al descubierto el sistema de espionaje masivo de su país.

“La estrategia coordinada de comunicación -prosigue el auto- que se activó durante el referéndum y en la que participaron Soler y Assange respondió a la combinación de diferentes instrumentos: uso de redes sociales, tuits de Julian Assange y Eduard Snowden, las fábricas de la web con respecto a los medios de comunicación rusos Sputnik y Russia Today y los medios de comunicación catalanes tanto públicos como privados en los que participa Oriol Soler”. 

A juicio de los investigadores, “la estrategia de comunicación se incardina en la guerra de información a la que el general ruso Valery Gerasimov hace numerosas referencias”. Gerasimov es el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia y es un firme defensor de que en la época actual, los objetivos no se consiguen solo con contiendas militares, sino que es necesario combinar estrategias tecnológicas, de información, diplomáticas, económicas, culturales.

Referendum poster spread in #Catalonia #1o #Votarem pic.twitter.com/tv0d3TGWGz

— Defend Assange Campaign (@DefendAssange) October 1, 2017

3 millones de euros para las empresas de Soler

El propio Soler fue el director de la campaña Ara és l'hora en la consulta del 9 de noviembre de 2014, impulsada por las asociaciones Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. También fue codirector de la campaña de Junts pel Sí en las elecciones de 2015. En la investigación constan numerosos contratos públicos y subvenciones de la Generalitat a empresas de Soler. “Son en la modalidad de contrato menor por lo que fueron adjudicadas directamente eludiendo la apertura a otras empresas del sector”, apunta el auto. Solo entre 2016 y 2020 percibió 3 millones de euros de las arcas de la Generalitat. El juez acusa a la trama investigada de "desviar fondos públicos para lucrarse flagrantemente a costa" de la causa independentista. 

El punto de partida de esta tesis sobre el entramado mediático es el teléfono móvil marca iPhone del ex responsable de Relaciones Internacionales de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), Víctor Terradellas, incautado por la Guardia Civil. En su interior había dos conversaciones mantenidas en mayo de 2018 que arrojaban suficientes indicios de criminalidad como para justificar su investigación”. Una de ellas era con un empresario llamado David Madí, quien fuera responsable de Comunicación de Convergencia bajo el mando del presidente Artur Mas. 

Parece evidenciarse que la injerencia rusa como medida de estrategia geopolítica de desestabilización fue un hecho durante el otoño de 2017

La otra conversación telefónica era con Xavier Vendrell, de la vieja guardia de ERC, exmilitante del grupo terrorista catalñán Terra Lliure y considerado uno de los cerebros del procés a pesar de que nunca se le llegó a acusar en los tribunales por el desafío soberanista. Tanto Madí como Vendrell también han sido arrestados este miércoles. El juez relata en su auto que las conversaciones investigadas giraron en torno a la posibilidad de cerrar un acuerdo para un proyecto mediático con un grupo ruso dispuesto a invertir entre 100 y 300 millones de dólares. 

El juez de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, incluye al presidente de Mediapro, Jaume Roures en esa estrategia empresarial. Terradellas -que grabó las conversaciones en su teléfono- decía además que ese grupo ruso le había ofrecido al expresidente Puigdemont 10.000 soldados en caso de que declarase la independencia para hacer de Cataluña una nueva Suiza. Sobre estas revelaciones, el magistrado dice no tener “motivos para dudar de la legitimidad y autenticidad dado que al menos una parte de la información mencionada ha llegado a suceder con posterioridad”.

Se refiere en concreto al papel de “interlocutor de Víctor Terradellas con Rusia”. Vozpópuli publicó tras la primera fase de esta operación hace ahora un año que  Víctor Terradellas realizó viajes a Moscú en las fechas claves del procés. Estaba en la capital rusa al menos hasta dos días antes de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y volvió otra vez poco antes de la declaración unilateral de independencia, que tuvo lugar el 27 de octubre de ese año. 

  

El juez Aguirre también cita “el desarrollo de la plataforma de criptomonedas”. Este periódico también desveló la existencia entre el material incautado a los investigados un manuscrito del equipo de confianza del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont en el que se leen las palabras "Putin", "financiación" y "bitcoin". Según publicó El Mundo en 2017, los agentes de la Policía Judicial -bajo las órdenes del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que investigaba la organización del 1-O- reflejaron en un informe que el Govern de Puigdemont había empleado bitcoins para pagar gastos del referéndum ilegal.

Con este sistema, la Generalitat “pretende garantizar estabilidad financiera y evitar el control del Estado en los movimientos de capital”, según el auto. El nombre de Terradellas ya estuvo en el centro de la polémica por las conexiones rusas. Un exdiputado de Putin llamado Sergey Markov reconoció a TVE que se reunió con el excargo de CDC en Moscú en pleno procés. Terradellas lo negó por medio de su abogado. Ahora el juez del caso desvela que Soler también viajó a San Petersburgo el 5 junio de 2017.

A Terradellas también se le incautó una invitación para que Vladímir Vólfovich Zhirinovski asistiera a la sesión del Parlament en la que se iba a declarar la independencia. Es un histórico de la política rusa con una hemeroteca plagada de comentarios antisemitas y actuaciones machistas. Aunque encabeza un partido distinto al del Putin, se le considera un opositor cómodo al Kremlin con el que se alinea en los asuntos importantes. 

“Parece evidenciarse que, en realidad, la injerencia rusa como medida de estrategia geopolítica de desestabilización fue un hecho durante el otoño de 2017 y para ello se difundieron desinformación y noticias falsas como que se había vivido la peor violencia en Europa desde la Segunda Guerra Mundial o que España no respeta las libertades básicas de votar”, concluye el magistrado.

Sin embargo, las pesquisas más sensibles son las que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que dirige el juez Manuel García Castellón. Tienen que ver con la presencia en Cataluña de elementos del espionaje ruso. Bellincat, un medio dedicado a realizar investigaciones periodísticas en profundidad informaron de la presencia de al menos un oficial de la inteligencia militar rusa llamado Sergei Vyacheslavowich Fedotov. Es la identidad falsa de Denis Vyacheslavowich Sergeev, cuyo rastro quedó registrado en Cataluña a través de sus viajes en avión.

Integraba presuntamente una unidad de élite militar rusa llamada GRU-29155. Llegó a Barcelona el 29 de septiembre de 2017 y se marchó el 9 de octubre. A finales de septiembre regresó, concretamente tras días después de la declaración unilateral de independencia. Se quedó en España hasta el 8 de noviembre. Eso fue antes de que las autoridades del Reino Unido le identificasen como uno de los implicados en el envenenamiento de un excompañero suyo que desertó y se refugió en Londres. Fuentes al tanto de estas pesquisas en la Audiencia Nacional admiten que se han producido pocos avances desde que saltaron a los medios de comunicación. 

España no es el único país bajo esta amenaza. Los tentáculos de la inteligencia rusa y su capacidad desestabilizadora preocupan en la Unión Europea. Tanto que en septiembre de 2018 la Comisión Europea recomendó a sus Estados miembros activar medidas de seguridad para "reducir riesgos" en las elecciones. El Gobierno comunitario apuntaba directamente a la "desinformación en línea" como la que se le atribuye a Rusia. El Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande Marlaska desplegó planes específicos durante los tres comicios del año pasado. Vozpópuli tuvo acceso a las instrucciones que recibieron las fuerzas de seguridad en las elecciones del 10 de noviembre y en ellas el Ministerio hablaba de hacer frente a ciberataques "subversivos".