El concurso de acreedores de Arriaga Asociados supone el ocaso de un modelo de negocio de bufetes de abogados de pleitos masivos contra la banca en defensa de los consumidores en los que se cobra según éxito. Es el diagnóstico de fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli, que apuntan que el despacho, que creció muy rápido y llegó a tener más de 612 empleados y 57 oficinas, quedó muy tocado en la covid por el parón de actividad.
Pasada la pandemia, no consiguió recuperarse, a lo que se añadió que la banca rearmó su defensa jurídica y en los casos que perdía, las cantidades quedaban depositadas en una cuenta de consignación judicial sin que el despacho pudiera percibir sus honorarios.
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid ha declarado el concurso de la firma tras rechazar los planes de reestructuración presentados por ésta y el fondo Pemberton, su principal acreedor, al que adeuda cerca de 38 millones de euros, según ha avanzado La Vanguardia y ha confirmado este periódico. Arriaga se enfrenta a la liquidación si no alcanza un acuerdo con Pemberton.
Facturación por socio
El despacho ha cerrado sus oficinas en Sevilla, Bilbao y Alicante -mantiene 15- y ha realizado un ERE que afecta a 158 personas, el 40% de la plantilla, lo que la deja en menos de 200 empleados. Llegó a abrir una oficina en el centro comercial Islazul de Madrid.
Según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, la facturación de Arriaga Asociados alcanzó los 41,5 millones de euros en 2022, una caída del 8% respecto a los 45,2 millones de 2021. Arriaga participó en el ránking de despachos de Expansión al menos hasta 2018. En 2016 facturó 20,9 millones y, con tres socios, lideró la clasificación de facturación por socio, con 6,9 millones.
