Tribunales

El juez alega en su auto de archivo que Delcy Rodríguez no quería entrar en España

El escrito del magistrado recuerda que esa intención es necesaria para empezar a considerar la existencia de una posible infracción, que a su juicio no ha sido demostrada

José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela.
José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela. Clara Rodríguez.

El juez de Instrucción número 31 de Madrid alega en su auto de archivo del Delcygate al que ha tenido acceso Vozpópuli que la vicepresidenta Venezolana, Delcy Rodríguez no mostró intención de entrar en España. Según dice el escrito, este es un requisito esencial para considerar la existencia de una posible irregularidad en tono a la reunión secreta desvelada por este periódico que mantuvo de madrugada en el aeropuerto de Barajas con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

"En todo momento permaneció en la zona de tránsito internacional ya que no consta indicio alguno de que intentase acceder al territorio nacional, requisito impuesto por el artículo 6 de la Decisión PESC 2017/2074", dice el auto del magistrado en alusión a la prohibición que pesa sobre la dirigente bolivariana, Delcy Rodríguez, para transitar por territorio de la UE por las acusaciones contra ella de violación de Derechos Humanos en su país.

"A mayor abundamiento, tanto el término entrada como el término tránsito utilizados en la redacción de la norma comunitaria contienen la expresión de la intención y la voluntad de entrar de forma consciente y querida en el territorio español y/o transitar por él", insiste el juez. Se basa en el escrito presentado por la Fiscalía a favor del archivo pero también en un oficio remitido por la Comisaría General de Extranjería de la Policía Nacional. 

Y el auto defiende que esa intencionalidad de entrar en España "no se puede deducir del mero tránsito por las zonas de conexión de vuelos de un aeropuerto, aunque se hubiere producido una desviación en la ruta seguida y traspasado esos escasos metros del territorio Schengen, alojándose en su caso, en estancias al efecto dispuestas para la espera del vuelo de enlace a destino".

Este archivo se produce después de las acciones legales que emprendió VOX ante los Juzgados ordinarios contra los funcionarios policiales del aeropuerto por permitir el acceso a Delcy Rodríguez. Lo que afecta directamente al ministro está pendiente de resolución por parte del Tribunal Supremo dada la condición de aforado del miembro del Gobierno. En el caso del alto tribunal, la Fiscalía también ha informado a favor de archivar el caso al verlo como un "acto diplomático".

Aquella noche, Delcy Rodríguez llegó en un vuelo procedente de  Venezuela e hizo escala en España. El ministro subió hasta el avión sobre la pista de aterrizaje de la terminal de vuelos privados de Barajas y después ella accedió a una sala VIP de las instalaciones. Horas después tomó otro vuelo con destino a Doha (Qatar). El ministro comenzó negando la existencia de dicho encuentro y tuvo que reconocerlo tras publicarse en este diario.  

Sobre Koldo García

Las acciones judiciales emprendidas por la formación que dirige Santiago Abascal también iban dirigidas contra Koldo García Eizaguirre, hombre de confianza del ministro Ábalos que estuvo con la dirigente en la zona VIP de la terminal. En su caso el juez tampoco aprecia ninguna irregularidad. Sostiene que "carece de la condición de funcionario público".

"Únicamente puede ser sujeto pasivo del delito de desobediencia", incluye el juez en relación a su negativa a identificarse ante un miembro de la seguridad privada. No obstante, cree que eso "no puede constituir tal infracción penal". No consta en las actuaciones, "actuación distinta a formar parte de la comitiva del señor ministro de Fomento".

El juez incluye otro punto en su argumentación en la que reprocha a VOX su acción judicial ya que, a su juicio, "el derecho penal debe dejarse para los supuestos cuya gravedad sea evidente, es decir, cuando la resolución o actuación de hecho se haga de forma consciente y con el objetivo de vulnerar la legalidad". "Nada de esto ha ocurrido en los hechos por los que se han incoado estas diligencias", concluye. 

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