El juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha archivado las diligencias abiertas hace poco más de tres meses por las amenazas de muerte que Pablo Iglesias, Fernando Grande-Marlaska y María Gámez denunciaron haber recibido en plena campaña electoral en la Comunidad de Madrid. La titular del juzgado, María Isabel Durantez, acuerda el sobreseimiento de esta investigación al apuntar que, de todas las gestiones impulsadas en este tiempo, no se derivan datos para la identificación de las personas responsables.

Las denuncias interpuestas en abril de este año por el entonces líder de Podemos, el ministro del Interior y la directora general de la Guardia Civil recayeron en diferentes juzgados de Plaza Castilla. Sin embargo, y según explica el auto con fecha de 16 de julio, se aglutinaron todas en un mismo procedimiento el cual ha terminado por cerrarse ante la falta de avances en las semanas en las que ha estado abierto.

Los hechos se remontan al pasado mes de abril cuando Pablo Iglesias, candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por Unidas Podemos, el ministro Grande-Marlaska y María Gámez recibieron misivas en las que les amenazaban de muerte. Las cartas en cuestión venían acompañadas de cartuchos de bala y contenían amenazas tanto para ellos como para su familia.

“Pablo Iglesias Turrión has dejado morir a nuestros padres y abuelos. Tu mujer, tus padres y tú estáis sentenciados a la pena capital. Tu tiempo se agota”, rezaba uno de los textos. El entonces líder de Podemos y el responsable de Interior denunciaron estos hechos en la comisaría del Congreso de los Diputados la cual derivó las pesquisas a varios juzgados de Madrid.

En concreto, el Juzgado de Instrucción número 3 estudió las amenazas a Iglesias mientras que los juzgados número 52 y 57 hicieron lo propio con las relativas a Grande-Marlaska y Gámez. Igualmente se abrió un cuarto procedimiento en el Juzgado de Instrucción número 34 en relación a una querella de Vox que le facilitó su personación en esta investigación como acusación popular.

En ese tiempo la Guardia Civil impulsó las pesquisas para identificar a los presuntos autores de las amenazas que, en el caso de Iglesias, se repitieron con el envío de una segunda carta desde un buzón de la calle Francos Rodríguez de Madrid y en la que se exigía al político el pago de 15.000 euros alegando que se les había contratado para montar esta “trama”.

Epicentro de la campaña

El asunto de las misivas centró los debates de los candidatos a la Comunidad de Madrid y acabó por convertirse en el epicentro de la campaña, sobre todo después de que Iglesias abandonara un debate en La Ser cuando la candidata de Vox, Rocío Monasterio, puso en duda la veracidad de las advertencias recibidas. El candidato de Unidas Podemos atribuyó estos hechos a la ultraderecha apuntando que eran consecuencia de la "normalización y blanqueo" de su discurso de odio y dijo que se estaba amenazando la democracia. El choque acabó por polarizar la campaña.

Por su parte, la investigación impulsada puso de manifiesto un fallo de seguridad en Correos al permitirse el envío de cartas a los destinatarios. El ente atribuyó este error a una empresa externa y responsabilizó a un vigilante que descuidó los controles de seguridad permitiendo el envío de las balas que se adjuntaban en los paquetes. Paralelamente, también en el mes de abril, los hechos se repitieron en el caso de la ministra de Industria, Reyes Maroto.

Sin embargo en este caso los agentes identificaron rápidamente al individuo que estaba detrás. Se trató de un vecino de la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial aquejado de una enfermedad mental. No ocurrió lo mismo en las pesquisas abiertas hasta en cinco juzgados de Madrid y que acabó aglutinando la magistrada que ahora las archiva. Según recalca en su auto conocido este martes, se decreta el sobreseimiento provisional dado que, de las gestiones llevadas a cabo no se derivan datos para la identificación de los responsables que estarían detrás de las cartas amenazantes.