Los indultados del 1-O exigen al Gobierno un gesto contra la "represión" que pase por la retirada de la Abogacía del Estado de la causa del Tribunal de Cuentas, que investiga -por petición del Tribunal Supremo- la cantidad económica malversada para promocionar y ejecutar el proceso independentista durante los sucesivos gobiernos de la Generalitat. Y Pere Aragonès aprovechará la reunión de este martes en Moncloa con Pedro Sánchez para comunicárselo personalmente, apuntan fuentes de ERC a Vozpópuli.

Desde el movimiento independentista instan a que si Sánchez aspira realmente a recuperar la "concordia" debe retirarse como parte afectada de este proceso en el Tribunal de Cuentas. Y la Abogacía del Estado representa los intereses del Estado. Piden que haga como la Generalitat y su cuerpo jurídico, que no ha comparecido como parte en esta fase previa de litigación (solo lo hizo en la primera parte de la investigación contra Artur Mas y sus consejeros tras la intervención de la autonomía. Una vez finalizado el 155, se retiraron como parte implicada).

Además, este julio caduca el mandato de nueve años de los consejeros y ERC quiere que su renovación se materialice antes de la sentencia. "Los independentistas quieren que, a diferencia de lo que pasa con otros órganos del Estado, no se demore la renovación. Creen que si los nuevos consejeros son más afines al Gobierno, la sentencia les puede ser más favorables", advierten a este medio fuentes de Abogados Catalanes por la Constitución, que junto a Societat Civil Catalana, forman parte de este proceso en el Tribunal de Cuentas.

Desde ERC y JxCat son conscientes de que existe la posibilidad técnica de que la Abogacía del Estado se retire. También reconocen esta opción los demandantes y temen que "negocien algún tipo de conformidad". Aunque el presidente del Gobierno ha asegurado que no dará instrucciones a los abogados del Estado en esta causa, existe un precedente: la Abogacía del Estado rebajó su petición de pena (de rebelión a sedición) como acusación en el Tribunal Supremo en la causa del procés. Y nadie excluye que puede producirse algo parecido.

Buscar el choque entre Abogacía y Fiscalía

No obstante, las fuentes consultadas explican que la petición de Aragonès para que la Abogacía deje de ser parte perjudicada en el Tribunal de Cuentas tiene poco margen de que prospere. Ya que la Fiscalía y Societat Civil Catalana mantendrán su acusación.

Otra derivada, apunta uno de los juristas consultados, es que si la Abogacía se retira puede incurrir en "prevaricación administrativa": "Es posible apartarse renunciando al resarcimiento de los importes reclamados por malversación, pero puede comportar que se incurra en el delito de prevaricación porque sería una resolución injusta y sin cobertura legal. Además de perjudicial para los intereses colectivos".

La posición de los independentistas tiene motivaciones de índole política, añade otra fuente: "Se trata de que se produzca un nuevo choque entre instituciones. Si la Abogacía del Estado se aparta, la defensa puede intentar alegar que el Ministerio Público y los particulares no son parte perjudicada desde el punto de vista económico". Es decir, aunque esta estrategia no llegue a buen puerto para los intereses del Govern, se trata de desacreditar al órgano contable así como a la Fiscalía como "anomalías" del sistema democrático. A partir de este martes, empieza el trámite de 20 días para que demandantes y demandados presenten sus alegaciones.

Sin indulto económico

La petición de Aragonés a Sánchez será, pese a todo, inútil de cara a evitar las fianzas millonarias que deben liquidarse este mismo martes a los 42 demandados. "La posibilidad de un indulto económico no existe, sería incurrir en malversación", apostillan las fuentes jurídicas consultadas. Tampoco es posible que se aplique una moratoria sobre los embargos.

La posibilidad de que la responsabilidad contable prescriba, como ha sucedido en alguna pieza del caso de los ERE, tampoco parece probable: "Deben pasar cinco años para la prescripción", explican desde el equipo jurídico de Abogados Catalanes por la Constitución. En el pasado, con el auge del procés, las llamadas 'cajas de solidaridad' cubrieron las fianzas de muchos de los encausados. Ahora, no obstante, están vacías de dinero para las fianzas y para una eventual multa tras la sentencia en firme.