Publicado: 14/07/2020 19:53
El magistrado Manuel García Castellón ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra el excomisario José Manuel Villarejo, como presunto cabecilla de denominado por la Fiscalía anticorrupción "clan policial mafioso" que "infectó" a la Policía durante décadas, y contra otras 23 personas, según consta en dos autos de 13 de julio relativos a las piezas separadas denominadas Iron y Pintor.
Además de Villarejo, los procesados en la denominada pieza Iron, en la que se investigó la contratación de excomisario por el despacho de abogados Herrero y Asociados, que está procesado como persona jurídica, son Rafael Redondo; Gemma Isabel Alcalá Garcés; el abogado David Macías, el excomisario Enrique García Castaño; los policías Antonio Bonilla, Constancio Riaño, Javier Fernández Pérez; y el funcionario de la Agencia Tributaria Antonio Chaparro Luque.
También han sido procesados los integrantes del despacho Herrero y Asociados que contrató a Villarejo; Francisco Carpintero López, Mario Carpintero López, Andrés Medina Bravo, Álvaro Martínez Muñoz (director financiero) y la directora del Departamento de Marcas, María Ángeles Moreno. En total 14 personas.
57 años de cárcel
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 57 años de cárcel para el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo y una pena de 52 años de prisión para el comisario Enrique García Castaño, por diversos delitos investigados en la pieza Iron, por el encargo de un despacho de abogados de espiar a un bufete de la competencia.
El segundo auto dictado este lunes sobre la pieza Pintor están Villarejo y otros tres procesados en Iron por delitos de descubrimiento y revelación de secretos y extorsión: Rafael Redondo, Antonio Bonilla y Javier Fernández Pérez.
Los otros que se sentarán en el banquillo de los acusados por los mismos delitos son el hijo del excomisario José Manuel Villarejo Gil, José Manuel González Escobar, Nuria Morales Castro, Gervasio Cañabate Mesas, Alisa Galán González, Juan Manuel León Leiva, Juan Muñoz Támara, Fernando Muñoz Támara, José Luis García González y Ricardo Álvares-Ossorio Fernández.
Ocho años de cárcel
La Fiscalía anticorrupción ha reclamado ocho años de cárcel para el empresario Juan Muñoz, marido de la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana por haber cometido presuntamente los delitos de descubrimiento y extorsión al contratar al excomisario José Manuel Villarejo para espiar a un exjuez, según consta en el escrito de acusación. El Ministerio público también pide al juez que investiga el caso, que procese al excomisario por delitos de extorsión, con una pena de 14 años de cárcel.
El conflicto entre Juan Muñoz y su hermano Fernando se inició tras una reclamación de la Agencia Tributaria de un millón y medio de euros, cuantía que un socio se negó a pagar, pues se declaró insolvente. Al no conseguir su objetivo por la vía judicial, los hermanos Muñoz decidieron recurrir al Grupo Cenyt, del excomisario Villarejo.
Consumiendo cocaína
Entre el material que el excomisario entregó a los hermanos Muñoz, que querían que el exsocio pagara una deuda con Hacienda, había un vídeo del exjuez Francisco Javier de Urquía Peña, "preparado y grabado en Marbella en el año 2006 por Villarejo con la colaboración de Ignacio Purcell Mena, por encargo de Monzer Al Kassar, con el que éste pretendió presionar al juez Urquía Peña en el año 2007 cuando ejercía funciones como magistrado para que resolviera a su favor un procedimiento judicial en trámite ante su juzgado", destaca el escrito de anticorrupción.
La grabación, en la que se aprecia a Francisco Javier de Urquía Peña consumiendo cocaína en el domicilio de Ignacio Purcell Mena, acompañados por dos prostitutas, fue exhibido por Villarejo a Ricardo Álvarez-Ossorio y a los hermanos Muñoz "en el curso de una reunión celebrada el día 7 de marzo de 2017 en la sede de Cenyt", la empresa del excomisario, con sede en Madrid.
Ricardo Álvarez-Ossorio facilitó una copia de ese vídeo, según indica la Fiscalia, a los hermanos Muñoz, que eran los que supuestamente tenían que decidir cuando sería utilizado contra Francisco Javier de Urquía Peña, y por tanto contra su exsocio Mateo Martín Navarro, con el propósito de forzarle a que pagara la deuda con Hacienda, concluye anticorrupción.
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