La Fiscalía Anticorrupción investiga al empresario venezolano Danilo Diazgranados en la causa por el presunto blanqueo alrededor del rescate que la aerolínea Plus Ultra recibió del Gobierno de España por 53 millones de euros el 9 de marzo de 2021. Este financiero venezolano se suma a los empresarios peruanos Luis Felipe Baca Arbulu, Enrique Martín Baca Arbulu y Kristhian Alegre Walter, y a un acreedor suizo de la aerolínea, Simon Leendert Verhoeven, entre otros, también bajo escrutinio en un procedimiento que tiene su origen en actuaciones de las Fiscalías de Ginebra y París. La organización, según el Ministerio Público, tendría entre sus clientes al exministro chavista Nervis Villalobos.

En la trama que investigan las Fiscalías de España, Suiza y Francia habrían participado personas "extranjeras, nacionalizados españoles y al menos un abogado español" que formarían parte de una "presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España, dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados y siendo los fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos de Venezuela de muy alta cuantía (fondos públicos de programas CLAP y ventas de oro del Banco de Venezuela)".

Se han realizado registros de domicilios en Madrid, Tenerife, Pozuelo y Mallorca autorizados por el Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional ante las peticiones de los fiscales internacionales.

El Ministerio Público español ha puesto de relieve el "presunto uso indebido de ayudas públicas españolas", en referencia al rescate de la aerolínea Plus Ultra, "al figurar la sociedad Plus Ultra como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro, y esos contratos dan cobertura a su vez a las correspondientes devoluciones por parte de la sociedad española Plus Ultra, en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal".

Los contratos de préstamos a Plus Ultra "fueron íntregramente reembolsados", subraya la denuncia. Como parte de ella, también se alude a una venta de oro por unos 30 millones de euros a una sociedad de Emiratos Árabes por parte de otra sociedad que concedió préstamos como los referidos y a la remisión de cantidades por parte de la primera de ellas a otra empresa a una cuenta de Panamá.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional plantea que la denuncia de la Fiscalía sólo "tangencialmente" menciona la concesión de la ayuda pública a Plus Ultra, que se habría utilizado para "la devolución de los préstamos concedidos a esa sociedad por otras de la supuesta trama delictiva".

La juez Esperanza Collazos acabó archivando la causa a principios de 2023 después de que la Audiencia Provincial de Madrid revocara la imputación de Plus Ultra por haber sido cursada fuera del plazo procesal de doce meses. La Audiencia Nacional ha instado ahora al Ministerio Público a que remita la nueva información a su alcance al Juzgado de Instrucción 15 para que decida si estima reabrir la causa.

Desde la defensa de Diazgranados sostienen que el proceso será definitivamente archivado y que su cliente es un empresario modélico que no hizo negocios con el resto de investigados.

Invirtió fondos públicos de Venezuela en Suiza y Panamá

Diazgranados se presenta como "emprendedor, inversor y filántropo en Family Office" en la red social LinkedIn, donde explica que invierte en bodegas, restaurantes, instituciones financieras y equipos deportivos. También expone que es mentor de empendedores jóvenes y que apoya programas educativos, incluido un Instituto Culinario Latinaomericano, así como otros proyectos filantrópicos.

El nombre de Diazgranados apareció en la investigación denominada Venezuela Leaks realizada por El Confidencial y los medios venezolanos Armando.info, El Pitazo y Runrun.es que parte de una filtración de documentos internos de la entidad suiza de banca privada Compagnie Bancaire Helvétique (CBH). En Un bróker gestionó 1.500 millones de euros de la Venezuela chavista en Suiza y Panamá, El Confidencial informaba el 8 de mayo de 2018 de que obtuvo la confianza del chavismo para invertir dinero público en bonos del Reino Unido a través de CBH.

También se le citaba en un cable de la Embajada de EEUU en Caracas de agosto de 2006 recogido en Wikileaks en el apartado de “actividades fuera de los registros contables oficiales” (off-the books activities), que decía que la República Bolivariana de Venezuela estaba invirtiendo en “fondos fiduciarios y del mercado de divisas” internacionales. Esas operaciones “comprendían grandes inversiones” que se situaban “fuera de las transacciones registradas en los balances”.

El cable añadía: "Según una fuente próxima, Venezuela tiene a un facilitador principal, que probablemente es Danilo Díaz Granados, quien actúa como intermediario entre la República Bolivariana de Venezuela e instituciones financieras para colocar depósitos y contratar bonos".

Unas memorias internas de CBH de 2011 y 2013 señalan que Díazgranados trabajó durante varios años en la intermediación con los autoridades venezolanas y varios bancos. Muy especialmente con "una gran institución venezolana, Fonden, con la que mantiene excelentes relaciones", informa la nota interna del banco.

El Fonden o Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional fue creado por Hugo Chávez en 2005 para invertir los excedentes de los ingresos de la petrolera estatal PDVSA. El Fonden, según la memoria del CBH, decidió invertir 1.300 millones de libras esterlinas en bonos estatales del Reino Unido (gilts) a finales de 2011. 

"No queriendo que se mostraran en los mercados" los montantes, el Fonden confió en la sociedad Craft Financial SA y en otro intermediario para canalizar la inversión a través de su cuenta en CBH. Craft Financial fue creada para realizar esa operación en Panamá en agosto de 2011, cuyo último beneficiario sería supuestamente Díazgranados.

Según reseñan desde runrun.es, sí aparecen otros nombres en la sociedad en la base de datos de Offshore Leaks, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Díazgranados habría confirmado la ejecución de la operación a través de dos respuestas por escrito al digital venezolano el 16 de abril y el 4 de mayo de 2018.

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