La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado Manuel García Castellón que impute a Iberdrola Renovables además de Repsol y CaixaBank en el caso Villarejo, según informan fuentes jurídicas a Vozpópuli. Lo hace después de que el instructor de la macrocausa de espionaje le pidiera al Ministerio Público que aclarase si cabía la posibilidad de actuar contra ellas por los contratos firmados con el entramado. Las mismas fuentes confirman que se solicita la imputación de los entes en calidad de persona jurídica y por el delito de cohecho.

Se trata de líneas de investigación separadas pero que todas forman parte del macroprocedimiento Tándem. Así, los hechos relativos a Iberdrola se investiga en el marco de la pieza 17 por los encargos al entramado del comisario, mientras que los contratos de Repsol y Caixa se indagan en la 21. Sin embargo, la Fiscalía mueve ficha para todas ellas a la vez después de actuar contra sus espadas. En ambas piezas figuran ya como investigados Ignacio Sánchez Galán así como Isidro Fainé y Antonio Brufau por el conocimiento que pudieran tener de estos hechos.

En lo que respecta a la multinacional vasca, los fiscales piden la imputación como persona jurídica de Iberdrola Renovables. Se trata de la empresa que costeó uno de los últimos proyectos encargados al grupo Cenyt, el bautizado como proyecto Wind. El mismo tuvo por fin indagar la solvencia de un socio rumano que se declaró insolvente para no responder por el laudo millonario que perdió frente a la eléctrica. Villarejo presupuestó este trabajo en 275.000 euros. Ese monto forma parte del total de 1,1 millones de euros que la compañía abonó por los encargos al entramado del espía. Los mismo se hicieron entre 2004 y 2017 y no fueron continuados.

El informe de Del Olmo

Tras la imputación de Ignacio Sánchez Galán y otros tres directivos de Iberdrola, la defensa de la compañía remitió un escrito a la Audiencia Nacional en el que denunció que estaba sufriendo indefensión y que en realidad debería figurar como perjudicada. Lo hizo en relación a la querella que presentó contra su exdirectivo José Antonio del Olmo y que se adhirió a esta causa penal. El magistrado denotó que se producía "conflicto de intereses" y pidió a la Fiscalía Anticorrupción que diera su opinión sobre si debía figurar como perjudicada o bien como responsable.

No obstante, en su auto del pasado 25 de junio, el instructor ya dejó muy claro que apreciaba "indicios" que implicaban a la eléctrica en un supuesto circuito de facturas falsas para costear los servicios del comisario. En vista de esta situación, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 suspendió los interrogatorios de Ignacio Sánchez Galán y del que fuera asesor de presidencia, Rafael Orbegozo, tal y como adelantó este diario. Ambos estaban previstos para este miércoles; un día después de que desfilaran los también imputados Francisco Martínez-Córcoles (director general de Negocios de Iberdrola) y el que fuera director de Iberdrola España Fernando Becker.

El magistrado decidió dejarlos en punto muerto y recabar el criterio del Ministerio Público. Igualmente también solicitó que se posicionaran en relación al posible archivo por la querella que Iberdrola le puso a su exempleado. Le acusa de inventar el famoso informe que data de 2004 y en el que denunció "actividades anómalas" para costear el primer encargo al comisario, bautizado como Arrow. Según dijo, la empresa se apoyó en su proveedora de seguridad Casesa para pagar a Villarejo. Iberdrola niega la veracidad del documento en el que dejó patente que solo un grupo reducido de la multinacional (entre ellos Ignacio Sánchez Galán) sabía de la existencia de este plan.

Repsol y Caixa: "Incumple la normativa"

En lo que respecta a Repsol y Caixa, la Fiscalía sostiene que su implicación en la causa reside también porque los contratos habrían incumplido la normativa. La decisión que ahora formaliza la dejó caer en un escrito que avanzó este diario y en el que apuntó que los responsables de compliance habrían advertido en sus informes que los contratos se firmaron sin seguir las normas interna. La petrolera y Caixa se vieron implicadas en esta macrocausa de espionaje por el denominado proyecto Wine.

Se trató de un trabajo que se formalizó en 2011 y tenía como objetivo espiar al empresario Luis del Rivero tras su intento fallido de hacerse con parte del control de la petrolera que preside Brufau. Los entonces jefes de seguridad de ambos entes recurrieron a los servicios del comisario en aras a intentar evitar cualquier acción contra Brufau después de que la intención fallida de Del Rivero (aliado entonces con Pemex) pudiera tener repercusiones contra el presidente.

La Fiscalía solicitó la declaración de seis testigos clave (cinco de ellos altos cargos de la petrolera) para esclarecer la realidad de estos contratos. Se apoyó también en el informe elaborado por Auditoría, Control y Riesgo según el cual la contratación "se apartó de las normas internas" porque, al fraccionarse los pagos, éstos no se abonaron por la dirección corporativa sino por el departamento de seguridad que dirigía Rafael Araujo. El documento que firmó Isabel Moreno (al frente de este área y una de los testigos citadas por el juez) recogió también que el Grupo Cenyt no figuraba como proveedor en el sistema operativo.

También sostuvo que, al apartarse de la gestión de la unidad de compras, se omitió cualquier información sobre este servicio por el que Repsol y Caixa abonaron poco más de 416.00 euros. La compañía, por su parte, defiende que en trabajos de carácter confidencial (como los relativos a los servicios de inteligencia) es habitual no recoger el concepto de los servicios. En lo que respecta a Caixa, la Fiscalía se apoyó en el informe de auditoría elaborado por Rubén Benavent Aswani. Éste plasmó que también se apartaron de la norma interna ante la ausencia de contrato escrito y al no recoger los conceptos reales en las facturas

El cohecho, el eje de la acusación

Los testigos citados por el magistrado desfilaron los pasados 23 y 24 de junio y descartaron cualquier irregularidad. Del mismo modo se han pronunciado los exjefes de seguridad de los tres entes imputados en la causa. Tanto Antonio Asenjo (Iberdrola) como Rafael Araujo (Repsol) y Miguel Ángel Fernández Rancaño (Caixa) negaron irregularidades con estos servicios. Según explicaron, desconocían que el comisario se encontraba en activo dentro del cuerpo policial. Se trata de una tesis que han defendido casi al unísono los imputados en la treintena de piezas abiertas en esta macrocausa por los servicios privados de Villarejo.

De este modo pretenden eludir el delito de cohecho activo que le atribuyen los investigadores. Anticorrupción sostiene que todos ellos acudieron a su entramado precisamente porque estaba en activo en la Policía Nacional y ello le servía para sus trabajos privados. Alegan que Villarejo se valió de sus lazos en la Policía y en otros entes para acceder a datos confidenciales con los que realizar sus espionajes. Se trata de una tesis a la que muy probablemente se acojan los tres entes si el magistrado García Castellón da luz verde a la solicitud de los fiscales y les imputa en la causa.