La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido la primera condena contra José Manuel Villarejo por la macrocausa que sigue la Audiencia Nacional sobre sus espionajes. El Ministerio Fiscal sostiene que el fallo, por el que se condenó a 19 años de cárcel al comisario jubilado, contiene "errores" y que debe incluir también el cohecho, delito del que pende el futuro de muchas de las piezas que integran el procedimiento.
El Ministerio Público expone en el recurso que el tribunal que juzgó tres encargos menores de clientes privados a Villarejo ha incurrido en errores en cuanto a la aplicación de los delitos por los que se le condena. Por ello solicita a la Sala de Apelaciones que, de no apreciarse la infracción de norma a la que aluden, se anule la sentencia en relación a esta cuestión.
La absolución del cohecho en estos contratos de Villarejo es determinante para el resto de causas, teniendo en cuenta que hay otros encargos a clientes VIP del comisario (como el relativo a Repsol, Iberdrola o BBVA) que se sustentan también por delito de revelación de secretos y cohecho.
El cohecho, epicentro del caso Villarejo
La Fiscalía sostiene que Villarejo sacó adelante sus espionajes valiéndose de su condición de funcionario en activo. De ahí que ahora concluya que el fallo del tribunal que presidió la magistrada Ángela Murillo incurre en "manifiesto error" sobre "la auténtica actividad" de Villarejo y el vínculo con su cargo de comisario.
Los magistrados condenaron a Villarejo a 19 años de prisión frente a los más de 80 que pedía Anticorrupción para él y concluyeron, en lo que respecta al cohecho, que no acometió estos trabajos en el ejercicio de su labor como comisario. El fallo consideró que estos espionajes no guardaron relación con sus actividades como comisario policial y que su finalidad era obtener beneficios económicos teniendo en cuenta que vendió en muchas ocasiones trabajos que difícilmente podía llevar a cabo.
En lo que respecta al primero de ellos, bautizado como 'Iron', la Fiscalía sostiene que la absolución de cohecho de Villarejo, de su socio en Cenyt, Rafael Redondo y del inspector jubilado Antonio Bonilla deriva de una infracción del artículo 419 del Código Penal, que regula dicho tipo penal. La Fiscalía entiende así que no se ha aplicado correctamente la redacción que recoge la ley sobre este delito.
Los clientes del comisario
Lo mismo concluye de su mujer Gemma Alcalá (que fue absuelta de cualquier delito) y de sus clientes en este trabajo. Los socios mayoritarios del bufete Herrero y Asociados recurrieron a Cenyt ante la sospecha de que antiguos empleados les estaban haciendo competencia desleal. Según indica la Fiscalía ya que entiende que recurrieron a Villarejo a sabiendas de que podría prevalerse de su sus tentáculos en la Policía para espiar a la competencia.
En lo que respecta al proyecto Land, que gira en torno a un encargo de la familia del fallecido arquitecto Luis García Cereceda, la Fiscalía actúa de idéntica forma con Villarejo y con los clientes de este encargo, entre los que se encuentran Susana García Cereceda. De no atender al reclamo, pide la anulación por incurrir en "manifiesto error" en la valoración de la prueba en relación con la revelación de secretos en que figura como perjudicados Jaime Ostos o Silvia Gómez Cuétara, entre otros.
También solicita a la Sala de Apelaciones que tumbe el fallo en lo relativo a la absolución de las empresas sucesoras de Procisa, la inmobiliaria que promovió La Finca, una exclusiva urbanización de famosos ubicada en las afueras de Madrid.
Mismos argumentos se emplea para la última de las piezas que fue a juicio, la bautizada como Pintor. El exjuez Francisco Javier Urquía Peña, principal perjudicado por el encargo de los hermanos Juan y Fernando Muñoz Tamara, ofreció su expreso perdón por el encargo. En este caso la Audiencia Nacional absolvió a Villarejo de todos los delitos que se le imputaban; esto es: de cohecho, extorsión y revelación de secretos.
