La Fiscalía Anticorrupción sigue adelante en su intención por llegar al principal responsable de que Iberdrola contratara los servicios de espionaje de José Manuel Villarejo. Tras 20 meses de investigación penal, el Ministerio Público mantiene en el foco a la cúpula de la eléctrica por las contrataciones con el Grupo Cenyt y acoge con cierto escepticismo la proposición de Ignacio Sánchez Galán de ponerse a disposición de la Justicia para hablar sobre este asunto. El Ministerio Fiscal echó el freno en las diligencias a finales del año pasado a la espera de acceder a las conclusiones policiales sobre los últimos documentos sin analizar en la causa. Una vez incorporados, retoma la investigación y sigue apuntando a los máximos directivos de la multinacional.

Fuentes de la investigación consultadas por Vozpópuli precisan que la declaración de intenciones de la compañía no ha modificado en absoluto la hoja de ruta a seguir en esta pieza decimoséptima del caso Tándem. El hallazgo de unos audios tras el estallido de la causa que implicaban al entonces jefe de seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, propiciaron la apertura de esta línea de investigación secreta para aclarar qué trabajos encargaron al comisario y, sobre todo, de donde salieron las órdenes para contratar con sus empresas mientras era un policía en activo.

El avance de la investigación y la aparición del exjefe de Control Corporativo José Antonio del Olmo (que se convirtió en testigo estrella al denunciar un sistema de facturas falsas para pagar al comisario) impulsaron la causa y provocaron las primeras imputaciones dentro la eléctrica. Los exdirectivos Juan Carlos Rebollo, Pablo Insunza y el exnúmero dos José Luis San Pedro, comparecieron ante el juez para descartar irregularidades en las contrataciones y negar operaciones triangulares para pagar los encargos al Grupo Cenyt. Ya en esas sesiones, que se celebraron a finales del año pasado, la Fiscalía Anticorrupción puso el foco en el conocimiento que pudo tener Sánchez Galán en todo este asunto.

Pacto para proteger a Galán

Tanto es así que los fiscales se interesaron especialmente en saber si existía un pacto interno para proteger al presidente, ante la sospecha de que él podría estar al tanto de las contrataciones que se prolongaron durante trece años (2004-2017) y que costaron más de 1,1 millones de euros a la multinacional. Con este telón de fondo, los sindicalistas personados en la causa en calidad de perjudicados pidieron una batería de diligencias al magistrado entre las que se encontraban la citación como testigo del entonces director de recursos corporativos, Fernando Bécker.

Su nombre salió a relucir tanto en las declaraciones de los otros históricos como en la de José Antonio del Olmo (el cual ha terminado imputado en la causa), pero la Fiscalía descartó esta petición dejando claro que el análisis del material que quedaba por estudiar sería "determinante" en la condición procesal de las personas propuestas. De este modo, comenzaron a estudiar las imputaciones de Becker, así como del actual director de negocios de Iberdrola, Francisco Martínez Córcoles, y del propio Sánchez Galán.

Cerco al "presi"

El estudio de la documental sin analizar en el que ha trabajado Asuntos Internos también sirvió a los fiscales para rechazar la salida de Florentino Pérez de esta pieza de investigación. El presidente de ACS, que litiga en la causa como perjudicado por el comisario, mantiene una cruzada con Iberdrola desde la cual insiste en que nunca se llegó a formalizar ningún encargo a Villarejo para que espiase al también presidente del Real Madrid; de ahí que pidieran que se le retirara la condición de perjudicado. El magistrado Manuel García Castellón le quitó la razón a los directivos imputados y mantuvo a Pérez en la causa de manera que ahora será la Sala de lo Penal la que tenga la última palabra sobre el asunto.

De este modo, muchas de las diligencias de la causa han quedado pendientes de las conclusiones finales de Asuntos Internos que se aportaron la semana pasada al procedimiento. El oficio policial, al que ha tenido acceso Vozpópuli, analiza audios clave de Villarejo con Asenjo que sirven de base a los investigadores para estrechar el cerco a la cúpula. El comisario nombra a los directivos bajo el foco de la Justicia y se refiere en varias ocasiones a Sánchez Galán como "el señorito". No obstante su entonces jefe de seguridad le desliga de cualquier conocimiento que pudiera tener por los trabajos y, concretamente, del primero de los encargos que gestionó el Grupo Cenyt en el año 2004 y que se bautizó como proyecto Arrow.

Iberdrola se anticipa

En los audios el policía solicita más retribución por parte de la eléctrica alegando que este espionaje contra los que trataban de frenar la construcción de una central en Arcos de la Frontera, le había supuesto un mayor esfuerzo. "De verdad he mirado con todo el detalle, con todas las posibilidades y… yo no sé, yo no sé dar un trabajo que no sea de ciertos aires de calidad, entonces… si quiero poner a este tío patas arriba ponerlo en calzoncillos para que el jefe… Don Ignacio luego… decida lo que tenga que decidir él por su cuenta, hay que, hay que invertir un poquito", le dijo a Asenjo. Éste, por su parte, le desligó de los trabajos y dijo que los asuntos económicos no los llevaba él sino terceras personas.

Así pues el foco que ha mantenido todo este tiempo Anticorrupción sobre la eléctrica y las recientes imputaciones de Antonio Brufau e Isidro Fainé también en esta causa por los encargos a Villarejo han llevado a Iberdrola a tomar la iniciativa y pedir su comparecencia de manera voluntaria. En el hecho relevante remitido a la CNMV hablan de una campaña impulsada por terceros para desprestigiarles y al continuo ataque a la reputación de la firma con las informaciones sobre su implicación en el caso Tándem. No obstante, la oferta de declaración que hace la defensa de Iberdrola no modificará la hoja de ruta a seguir por los investigadores al frente de la macrocausa de corrupción.