Tribunales

Un anteproyecto para despolitizar la Justicia autonómica parte en dos al Poder Judicial

La discusión sobre una iniciativa legislativa de la Comunidad de Madrid que trata de impedir que los parlamentos propongan a los magistrados muestra una nueva división en el órgano de gobierno de los jueces

El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo (CGPJ), Carlos Lesmes, preside el pleno del CGPJ
El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo (CGPJ), Carlos Lesmes, preside el pleno del CGPJ EP

La despolitización de la Justicia ha vuelto a partir en dos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a semejanza de lo que ocurrió en enero pasado con la discusión sobre la idoneidad de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Ahora la controversia se debe al aval otorgado por un dictamen del órgano de gobierno de los jueces a un anteproyecto de ley de la Comunidad de Madrid que pretende impedir que los parlamentos autonómicos participen en el nombramiento de los magistrados de las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia.

En concreto el informe, elaborado y defendido el miércoles pasado por el vocal del CGPJJuan Martínez Moya, contó con el apoyo de 13 votos, siendo rechazado por 8 vocales. Sin embargo, en la elección no se reflejaron de forma monolítica los tradicionales bloques, progresistas y conservadores, ya que dos vocales propuestos por el PSOE; Álvaro Cuesta y María del Mar Cabrejas Guijarro, respaldaron la decisión de la mayoría del PP. Por el contrario, el conservador Vicente Guilarte Gutiérrez rechazó avalar la iniciativa de la Comunidad de Madrid.

Esta votación del Poder Judicial, que supone de facto un apoyo al anteproyecto de ley que PP y Ciudadanos quieren enviar al Congreso de los Diputados para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, fue criticada entre otros, por cinco vocales propuestos por el PSOE; por el del PNV, Enrique Lucas Murillo de la Cueva; y por la de Izquierda Unida (IU), María Concepción Sáez Rodríguez. Todos ellos, que han anunciado que redactarán o apoyarán votos particulares, pretenden que los Gobiernos autonómicos mantengan sus prerrogativas para proponer a los magistrados autonómicos, según relatan a Vozpópuli fuentes presentes en la discusión.

Enrique López

Los vocales contrarios al dictamen, prosiguen las fuentes aludidas, reprocharon al ponente Martínez Moya que no rechazara de plano la petición de que el Consejo diera su opinión sobre el anteproyecto de ley, que fue remitido por el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, el magistrado Enrique López, que también es el portavoz de Justicia del PP.

Enrique López.
Enrique López. Clara Rodríguez

Los magistrados que votaron en contra del dictamen pretendían convencer al ponente de que incluyera en su texto una valoración negativa de la propuesta acordada por el PP y por Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. No lo lograron, ya que según explican testigos de la discusión, Martínez Moya rechazó incluir una valoración sobre la iniciativa legislativa del Gobierno madrileño. Al mismo tiempo, defendió que el CGPJ puede dar su opinión sobre un anteproyecto de ley remitido por un Gobierno autonómico, sobre todo cuando esta normativa afecta a los jueces.

En este sentido, el anteproyecto de ley de la Comunidad de Madrid pretende cambiar el modo de elección de los magistrados en las Comunidades autónomas. En concreto, quiere que sea el CGPJ el encargado de convocar concursos entre juristas de reconocido prestigio, con más de diez años de ejercicio profesional en la comunidad autónoma, para todas las plazas de magistrados autonómicos de las Salas de lo Civil y lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia.

Competencias autonómicas

Hasta ahora la elección la realiza el Poder Judicial, que tiene que elegir a un jurista de la terna que proponen los parlamentos autonómicos. Y por eso, entre otros motivos, el vocal del PNV rechaza este cambio, que restaría competencias al Parlamento vasco.

En este sentido, la importancia de los magistrados es de gran relevancia en los Tribunales Superiores de Justicia, ya que las Salas de lo Civil y Penal de los mismos tienen atribuidas las competencias sobre el enjuiciamiento de la responsabilidad penal y civil de los aforados, entre los que se encuentran los jueces, magistrados y fiscales; pero también los diputados y consejeros autonómicos

Si el Gobierno de la Comunidad de Madrid aprueba el anteproyecto de Ley, la tramitación seguirá en la Asamblea de Madrid, que deberá remitir una proposición de ley a la Mesa del Congreso de los Diputados. Ahí será cuando los diferentes grupos parlamentarios, sobre todo el PSOE y Podemos, tendrán que decidir si apoyan esta medida, que trata de evitar el control del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial en las Comunidades Autónomas.

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