El desencuentro entre las universidades públicas andaluzas y la Junta se mantiene enquistado. Ya han transcurrido dos meses desde que los rectores de las instituciones se manifestaran ante la difícil situación por la que pasan actualmente. El motivo, los “reiterados incumplimientos en materia de financiación”. De momento, poco ha cambiado.

Ya avisaron de que recurrirían a las vías judiciales si el ejecutivo de Moreno no cumplía con los pagos que adeuda y que ascienden hasta los 50 millones de euros. Dinero correspondiente a 2024 (25 que se ajustan al modelo de financiación actual y otros 25 para los complementos retributivos acordados en la Mesa de Negociación el pasado mes de mayo). Los rectores reclaman tapar ese agujero millonario para poder pagar los salarios de todo el personal investigador y técnico de los centros. Una cantidad que también mantiene expectantes a la Junta pues está a la espera de lo que ocurra con los Presupuestos Generales del Estado. De aprobarse en las cuentas “la subida salarial del 2%” contempladas, (prorrogadas de desde 2022) entonces estaríamos hablando de 87 millones de euros.

De momento, según fuentes de la consejería de Universidades, con José Carlos Gómez Villamandos al frente, confirman a Vozpópuli que "se les ha tranferido 22,5 millones que tienen a su libre disposición entre diciembre y principios de enero. Cantidad que supera el montante que el Gobierno de Moreno prometió antes de finalizar 2024, de 21 millones a las arcas de las universidades. Algo ya de por si bastante menor de lo esperado. Sin embargo, no han aportado ningún documento que atestigüe que dicha cantidad haya sido aportada por parte de la administración regional, a pesar de las solicitudes formuladas.

Para más inri, el propio consejero, durante su comparecencia en comsión parlamentaria ayer martes, señalaba que "no hay deuda" con las universidades y toda esta situación que se arrastra desde hace años se debe a "una discrepancia ténica que en el montante global no llega al 1%". Aún así, promete que este 2025 todo estará resuelto.

La situación se vuelve aún más confusa si cabe, después de que otras fuentes consultadas por este diario aseguren que la cantidad ha sido incluso menor finalmente, quedando en solo 16 millones de euros. Una infrafinanciación que pone en peligro el sistema público universitario al mismo tiempo que incumple el modelo impulsado por la misma Junta de Andalucía en 2023.

Cuentas asfixiadas

Las universidades andaluzas arrastran una mala situación económica desde hace años. La Universidad de Málaga de hecho, tuvo que ser “rescatada” por la Junta de Andalucía el pasado mes de diciembre. Un préstamo con condiciones a priori beneficiosas para la institución, de 48,5 millones de euros al 1% de interés para poder salvaguardar la actividad educativa fue su salvacion. Este es solo un ejemplo, pero de no encontrar una solucion pronto, podría extenderse al resto de provincias y centros. Los rectores advirtieron que de prolongarse en el tiempo esta situación, podrían acabar en déficit a pesar del gran presupuesto para las universidades. Porque la verdad sea dicha, año tras año aumenta, aunque no exactamente en las partidas los rectores quieren esos incrementos.

La consejería de Universidad, Investigación e Innovación cuenta con más de 2.019 millones de euros para 2025, un 2,4% más que en el año anterior. Destacan partidas de 43,6 millones para las bonificaciones de rendimiento académico, una cuantía de 12,1 millones para el complemento autonómico Erasmus o la de mayor volumen, de 104,3 millones que incluye recursos consignados en diferentes convocatorias de ayudas para promover la I+D en las diez universidades públicas andaluzas.

Pero mientras en el resto aumenta, ocurre lo contrario en el capítulo de gastos de personal, (1) y  en los de bienes y servicios (2). Precisamente puntos donde radica el problema de la financiación que denuncian, ya que se ven obligados a soportar los gastos de las nóminas. Todo esto mientras que la administración andaluza mantiene estos capítulos estáticos.

Las universidades privadas mientras, gozan de buena salud

Al mismo tiempo, se da una situación totalmente opuesta entre las instituciones privadas en Andalucía, que crecen a un buen ritmo desde la llegada de Juanma Moreno a San Telmo, cuando solo estaba la Loyola. A partir del año 2018, cuatro nuevas universidades privadas han radicado en Andalucía: Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum, Universidad Europea de Andalucía, Universidad CEU Fernando III, Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterránea y Universidad de las Artes y Tecnologías de Andalucía. Cinco en total, las dos últimas han contado con la oposición de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas, (AUPA) señalando el crecimiento en paralelo a su situación negativa que sufren. Algo que vaticinan, puede derivar en un modelo menos accesible para los estudiantes.

El responsable de Universidades en Comisiones, José Luis Martos, en declaraciones a Vozpópuli, entiende que puede ocurrir que “si las universidades públicas no son capaces de dar la suficiente estabilidad al profesorado ayudante doctor, (figura de entrada al sistema público) que deben pasar por un período de 6 años de formación para adquirir una categoría contractual firme, entonces perderemos recursos y dinero, porque los estaremos preparando solo para que se vayan a las universidades privadas a trabajar”. Además explica que “no sobran estos perfiles y sin la financiación suficiente, será imposible mantenerlos. Pasará algo parecido a la situación del Sistema Andaluz de Salud y la fuga de profesionales a otras regiones o países.”

Movilizaciones

De momento, ante la falta de respuestas por parte de la Junta de Andalucía, CCOO ya ha convocado una serie de movilizaciones en todas las universidades públicas de la región, tal como han confirmado a este diario, para el día 20 de febrero y con protestas que se prolongarán hasta el mes de junio. De hecho también avisan de que podrían recurrir a la vía judicial si la administración autonómica no cumple con los compromisos firmados. No es un problema menor el que enfrenta cuando la plantilla en toda Andalucía asciende a los 35.900 empleados entre profesores y personal de administración, solo por delante de Cataluña y Madrid.

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