Según la investigación de la UCO de la Guardia Civil, UGT Andalucía se habría quedado con al menos el 10% de las subvenciones para impartir los cursos de formación que contrataba con sus proveedores de confianza. Les exigía un canon por el elevado volumen de compra de determinado material necesario para realizarlos. Pese a ser una práctica, cotidiana en cualquier operación comercial, esto no se le había comunicado a la Junta de Andalucía que obtenía esas rebajas de precios cuando “debía” haber informado de ello. Así lo declaró en sala en el comandante de la UCO que además reconoció que "probablemente" no analizaron todos los documentos incautados porque el "volumen era enorme" y su función no es la de una auditoría.
La factura que se presentaba ante la Junta de Andalucía para justificar la subvención no reflejaba el coste real con el correspondiente descuento obtenido. Esa diferencia se acumulaba en un saldo a favor, el conocido “bote” del sindicato para financiar su estructura. ”La sensación que tenemos es que para ser proveedor de UGT había que aceptar esos descuentos”, que cifró en el 10% (aunque la investigación puso de manifiesto que este porcentaje dependía del proveedor), expuso el comandante de la UCO a preguntas del letrado del dueño de la empresa Imprenta Pineda.
El comandante de la unidad, que lleva ya dos días declarando ante los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, ha destacado el proceso de selección que tuvieron que realizar de la voluminosa documentación intervenida y en este sentido ha reconocido que "probablemente" no analizaron todos los documentos incautados porque el "volumen era enorme" y "nosotros no somos una auditoría". Además, ha señalado no ser un experto en economía.
El testigo ha insistido igualmente que el objetivo de la investigación policial no era analizar la contabilidad de la UGT-A, sino si determinadas facturas "se correspondían con la realidad o no; la contabilidad no era interés, por eso no la estudiamos”.
Juanma Moreno no declarará
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha dictado un auto en el que rechaza la petición del sindicato para que Juanma Moreno compareciese como testigo. Una comparecencia que el tribunal considera "innecesaria para la resolución de esta causa" y porque además "no se niega" el acuerdo alcanzado entre el sindicato y la Administración autonómica para el reintegro de las ayudas concedidas entre 2008 y 2018.
En el caso de las facturas falsas de UGT-A, la Fiscalía Anticorrupción reclama siete años de prisión y multa de 50 millones de euros para el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y la misma pena para el ex tesorero Federico Fresneda, la secretaria de Gestión Económica María Charpín Osuna y el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L. Enrique Emilio Goicoechea Salazar, mientras que para la responsable del departamento de Compras de UGT-A María Dolores Sánchez Montaño solicita cinco años de cárcel y multa de 50 millones.
Para los otros diez acusados, los proveedores del sindicato, la Fiscalía reclama penas de tres años de prisión y multas de doce meses a una cuota diaria de 12 euros (3.600 euros). Además, la Fiscalía pide que en concepto de responsabilidad civil Francisco Fernández Sevilla, Federico Fresneda, María Charpín y Enrique Goicoechea indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta con la cantidad de 40.750.047,74 euros, y Dolores Sánchez con 4.288.707,74 euros.