Andalucía

"… Saber si el TC se ha extralimitado en la función de control que corresponde a los jueces"

La Audiencia de Sevilla abre un plazo de diez días para que las partes involucradas se pronuncien y abre la posibilidad de que el caso ERE llegue al TJUE

  • Fachada de la Sede del Tribunal Constitucional -

Nuevo giro en el caso de los ERE, uno más en la larga lista de acontecimientos judiciales. La Audiencia de Sevilla ha abierto un plazo de diez días para que las partes del procedimiento contra una decena de ex altos cargos de la Junta de Andalucía se pronuncien sobre si el Tribunal Constitucional (TC) “se extralimitó” en la revisión de sus condenas, "invadiendo competencias reservadas a los jueces y tribunales".

Esta controversia surge tras la decisión del TC el pasado verano de anular las condenas de los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como de otros ex altos cargos socialistas. Griñán había sido condenado a seis años de prisión por prevaricación y malversación de caudales públicos, mientras que Chaves, sancionado con nueve años de inhabilitación por prevaricación, vio cómo su castigo quedaba sin efecto. La resolución del Constitucional, adoptada con una ajustada mayoría de siete votos a favor y cuatro en contra, argumentó que las sentencias previas de la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo (TS) reinterpretaron de manera errónea conceptos jurídicos clave, vulnerando el principio de legalidad penal. 

Entre los beneficiados por esta decisión también se encuentran la exministra y exconsejera de Economía Magdalena Álvarez, el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, el exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo y el exviceconsejero de Innovación, Jesús María Rodríguez Román. Ante ello, el Constitucional ordenó a la Audiencia de Sevilla la emisión de nuevas sentencias que incorporaran sus nuevos fundamentos jurídicos. Todos ellos, que colaboraron en la creacion de un reparto de ayudas sociolaborales, con un montante total de 680 millones de euros. Uno de los mayores casos de corrupción de la historia reciente de España.

Sobre el TJUE

La primera alusión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la hace el PP-A. El pasado 10 de febrero, la formación remite un escrito a la Audiencia de Sevilla en la que instaba al órgano europeo que decidiera si la decisión del TC era compatabile con los compromisos internacionales que los países miembros deben asumir en la lucha contra la corrupción y el fraude financiero.

Ahora, siguiendo ese planteamiento, la Sección Primera de la Audiencia, en una providencia al que ha tenido acceso el diario Vozpópuli, plantea esas dudas sobre la legalidad de la intervención del TC, cuestionando si se ha "excedido" en su función al modificar la valoración probatoria realizada por los tribunales ordinarios y reinterpretar los delitos de prevaricación y malversación. Además, solicita a las partes que opinen sobre la posible incompatibilidad de la doctrina del Constitucional con la normativa comunitaria, al dejar sin control la actividad presupuestaria desde su planificación hasta su ejecución. Según la Audiencia, la falta de supervisión podría "debilitar la protección del patrimonio público y afectar a la confianza de la sociedad en la gestión de los fondos públicos".

Ahora, todas las partes involucradas tendrán hasta el próximo 29 de marzo para pronunciarse.

Reacciones

La noticia ha sido uno de los asuntos más comentados el día de hoy, desde que la Audiencia de Sevilla difundiera a los medios el escrito. Uno que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río entiende como un "tráimite obligado" si se plantea la posibilidad de que el proceso llegue a los órganos europeos, aparte de que es algo que "han planteado los magistrados".

En las tradicionales ruedas de prensa de los partidos previas al pleno, Adelante Andalucía ha equiparado al Partido Popular, como al PSOE "a efectos de corrupción", por lo que entiende que se debe "hacer justicia" en la "interminable" causa de los ERE. Así lo ha expresado la nueva portavoz, Begoña Iza, aunque se ha decantado más por los socialistas al decir que "el PP se esta esforzando mucho en que salga mal el PSOE, mientras que se están olvidando de la Gürtel".

Una línea parecida que ha seguido la portavoz de Economía y Hacienda del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Alicia Murillo. En primera instancia, se ha referido a este asunto como un intento del PP-A por "desviar la atención" de los contratos del SAS, en los que "se fraccionaron 1.500 millones de euros", que están "bajo investigación". Sin embargo, tras la insistencia de un periodista, finalmente, se ha limitado a decir sobre la providencia que "respetan todos los procesos judiciales".

El Partido Popular, precisamente ha sacado este asunto en la sesión de control en el Congreso. El Diputado, Elías Bendodo se ha referido al TC como un "túnel de lavado de los ERE" en una pregunta dirigida a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Le ha afeado el término y ha rematado su respuesta con el caso de los contratos sanitarios de la Junta, en el que "se ha podido producir un menoscabo de los fondos públicos".

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