“No podemos permitir que el mayor escándalo de nuestra democracia quede aguado y reescrito por intereses extremamente partidistas”. El Partido Popular de Andalucía ha presentado un escrito, adelantado por el diario ABC, a la Audiencia de Sevilla para que plantee ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (TJUE) una cuestión prejudicial sobre las sentencias del Tribunal Constitucional que anularon las condenas de varios exdirigentes socialistas por el caso de los expedientes de regulación de empleo, (ERE) fraudulentos. Lo ha anunciado esta mañana el secretario general de los populares andaluces, Antonio Repullo en rueda de prensa y señala que generan un "escenario de impunidad" y ponen en duda la independencia del Constitucional.
El TC revocó recientemente las condenas de una decena de ex altos cargos de la Junta de Andalucía, de casi todos. Entre ellos los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Chaves condenado por un delito de prevaricación continuada a nueve años de inhabilitación. Griñán a seis años de prisión por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. La decisión, dividida por los siete votos a favor del sector progresista y cuatro en contra de bloque conservador, se basó en que las sentencias previas de la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo interpretaron los conceptos de "resolución" y "asunto administrativo", vulnerando así el principio de legalidad penal. Recordamos que ha sido un caso en el que se repartieron de forma irregular alrededor de 680 millones de euros desde el ejecutivo andaluz socialista de aquellos años.
Las sentencias condenatorias, tanto de la Audiencia de Sevilla como del TS, responsabilizaba a los expresidentes por su participación en los anteproyectos de ley de presupuestos y las leyes de presupuestos presentados en la cámara autonómica. Es decir, incurrían en la ilegalidad por infringir la normativa presupuestaria y gestionar los fondos de forma fraudulenta. Sin embargo, en una decisión sin precedentes, el TC determinó que aprobar estas normas no puede considerarse una "resolución en un asunto administrativo”. Asimismo, ordenó a la Audiencia de Sevilla dictar nuevas sentencias conforme a esta interpretación ya que "habría incurrido en una interpretacion extravagante e imprevisible de los elementos típicos de resolucion que vulnera el derecho fundamental a la legalidad penal"
El argumento del PP
Han pasado siete meses meses desde la última revisión del TC y hoy, el PP andaluz ha movido ficha. Se trata de una “actualización”, respecto a las alegaciones formuladas por el partido a petición de Manos Limpias para que la sección primera de la Audiencia Provincial plantee al TJUE sobre si las sentencias del Constitucional son compatibles con las políticas del organismo europeo, que señala que los estados miembro combatirán el fraude financiero con sanciones eficaces.
El escrito cuestiona si el principio de independencia judicial se ve afectado cuando un tribunal constitucional tiene la última palabra sin posibilidad de revisión externa y si esto puede poner en entredicho la batalla contra la corrupción. “Europa no puede mirar hacia otro lado ante un intento descarado de impunidad promovido desde el Gobierno de Sánchez para reescribir la historia de Andalucía”. Consideran que esta decisión contradice la doctrina de los tribunales ordinarios y beneficia injustificadamente a los exdirigentes socialistas, generando una "inmunidad de facto". Además, señala que las sentencias del TC podrían provocar el archivo de otras piezas separadas del caso ERE que aún están pendientes de juicio. Asimismo, el PP pone en duda si la interpretación del Constitucional sobre las leyes de presupuesto de Andalucía entre 2002 y 2009 vulnera la normativa europea en materia de ayudas de Estado, al dificultar el control de estas por parte de la Unión Europea.
Ahora solo queda esperar si la Audiencia de Sevilla decide finalmente elevar la cuestión prejudicial al TJUE, lo que provocaría que el proceso judicial podría retrasarse aún más, ya que el PP ha solicitado suspender la emisión de nuevas sentencias hasta que se resuelva la consulta. Otro nuevo movimiento del PP andaluz que supone una ofensiva contra el Tribunal Constitucional y pone en entredicho la independencia judicial de este órgano.
