Unos 4.400 menores inmigrantes no acompañados partirán de Canarias y Ceuta a la península después de que el Ministerio de Infancia, con Sira Rego al frente y el ejecutivo canario hayan alcanzado un pacto que busca aliviar la sobrecarga en los centros de acogida de estas regiones, desbordados en su mayoría por los altos niveles de inmigración irregular que cerró 2024 con la llegada de 46.843 personas por vía marítima.
Un reparto basado en criterios conocidos
Los criterios establecidos para esta distribución por todo el territorio español, son los de número de población en la comunidad, desempleo, dispersión territorial, el PIB o la cantidad de personas que ya tengan acogidas entre otros. Con este enfoque, el mismo acordado con las regiones en la Conferencia Sectorial de Inmigración que se celebró en 2022, se busca alcanzar un distribución equitativa entre las autonomías.
Aunque podría ser más bien lo contrario cuando el rumor que recorre todo el territorio español es de que País Vasco y Cataluña están exentas de acogerlos. Por este motivo, la polémica está servida y dicho reparto ya cuenta con el rechazo tanto de Vox, como del Partido Popular, que acusan al Gobierno de “mezquindad” y de utilizar a estas personas como “herramienta política". No obstante este el presidente de Canarias, Fernando Clavijo ya ha descartado esta excepción para cualquier comunidad y ha defendido la equidad en el principio de acuerdo. Eso sí, como de costumbre todo esto se mantiene en el limbo, dependiendo de lo que a Junts más le convenga.
“Colados por la puerta de atrás”
Andalucía es una de las comunidades que ha experimentado un incremento importante en la llegada de menores migrantes no acompañados. Según datos consultados por este diario, durante el año 2024, la región atendió a 2.606 menores, lo que representa un aumento del 17% respecto al año anterior, que dejó la cifra en 2.226. Esto, teniendo en cuenta que según el gobierno andaluz, dispone de 645 plazas específicas para atenderlos y se mantienen, aunque en mucha menos cantidad las llegadas irregulares en cayucos o pateras. En 2024, 5.560 personas llegaron a nuestras costas. Lejos de los datos de 2023, que situó en las 9.788.
La portavoz de la Junta, Carolina España ha denunciado que “una vez más, vemos como Sánchez utiliza a los más vulnerables, a los menores inmigrantes no acompañados para mantenerse un día más en la Moncloa”. Esto ocurre tan solo unos días después de que Andalucía haya presentado un requerimiento a los ministerior del Interior, Infancia e Inclusión para que paguen 17 millones de euros en concepto de gastos derivados de la atención a 567 menores que fueron trasladados a la comunidad como adultos. Cuando se comprueba la edad de las personas y se descubre que son menores de edad a través de pruebas médicas, es la Comunidad Autónoma la que debe hacerse cargo de su tutela.
Si el Estado decide finalmente ignorar la solicitud del gobierno de Moreno, acudirán a los tribunales para que cumpla con sus competencias. No obstante, según el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández recuerda que estas cifras no se acercan a las que registra Ejecutivo y pone sobre la mesa la cifra de 90 menores que llegaron con apariencia de adultos.
Desde el Gobierno, insisten en que la distribución se realiza bajo criterios técnicos y en base a los acuerdos previamente establecidos. No obstante, el enfrentamiento entre administraciones evidencia la falta de consenso en un asunto tan dramático como la protección de los menores migrantes.
“Gestión Caótica”
La consejera de Igualdad, Loles López ha criticado también la gestión del Gobierno central en materia migratoria, calificándola de “caótica”, “una política desalmada e inhumana” por esa posible exclusión de Cataluña y el País Vasco. López ha lamentado que llevan más de un año exigiendo planificación, coordinación, información y financiación para abordar esta situación. Apoyo que nunca llega. Como tampoco, la petición de incluir a Andalucía como frontera exterior de la UE y frontera sur española. Al gestionar un gran flujo de inmigrantes, es supone el apoyo económico a través subvenciones europeas y gubernamentales. También la posibilidad de cooperar con países de origen como Marruecos o reforzar las infraestructuras y personal de acogida con programas de integración específicos.
