"Estoy convencido de que el diálogo va a ser la base para alcanzar el acuerdo en el pacto por la atención primaria”. Con estas palabras se ha pronunciado, este martes, el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ante las movilizaciones sindicales que siguen convocadas en defensa de la atención primaria sanitaria. El también titular de la cartera de Diálogo Social ha insistido en los 3.370 millones de euros anuales (25% del Presupuesto de Salud) destinados, precisamente, a la atención primaria acordados con UGT y Comisiones, además de la CEA, este lunes en el Pacto Social suscrito por todas las partes.
Sanz, que ha comparecido en rueda de prensa tras el habitual Consejo de Gobierno semanal, presidido por Juanma Moreno, ha subrayado que "el acuerdo es muy claro" a la hora de concretar un "pacto andaluz por la atención primaria". En este sentido ha insistido en que "no hay prevista ninguna privatización" por parte del Ejecutivo autonómico del PP algo, según ha dicho, "fuera de toda discusión", frente a las dudas que aún mantienen las principales centrales sindicales.
La Junta de Andalucía recalca que "hay previstas reuniones con los sindicatos" sobre el modelo que se pretende consensuar en la atención primaria, a desarrollar una vez que "se formalice el pacto". Se garantiza, según recoge el documento firmado este lunes en San Telmo, "destinar cualquier infraestructura financiada con fondos públicos al sistema público andaluz", ha recordado el citado consejero del Partido Popular.
El Ejecutivo de Moreno Bonilla dice respetar las protestas sindicales convocadas, a pesar del Pacto Social suscrito junto a la patronal empresarial, y emplaza todo a futuras "reuniones primarias con sindicatos y mesa sectorial". No obstante, Sanz matiza que "a lo mejor en otras épocas, para sentarse [a negociar] la condición era desconvocar" las movilizaciones de los sindicatos. Ha sido un claro mensaje a los gobiernos socialistas que precedieron, durante casi cuarenta años, al primer Ejecutivo de centro derecha (PP-CS) que comenzó a presidir Andalucía desde enero de 2019.
Ante las numerosas preguntas que ha tenido que afrontar, junto al consejero portavoz Ramón Fernández-Pacheco, Antonio Sanz ha aclarado que "una orden es inferior al decreto", en alusión a que pudiera emplearse otro instrumento legal para volver a corregir la orden de precios máximos en la atención primaria, que ya se modificó la pasada semana. Fue después de dicha corrección cuando el presidente de la Junta, Juanma Moreno, aseguró en el Parlamento que se hacía para "parar un bulo" que atribuyó al PSOE, por la cercanía de las elecciones municipales del 28 de mayo.
Este martes la federación de Servicios Públicos de UGT Andalucía ha anunciado que continuará con sus movilizaciones en defensa de la atención primaria mientras los compromisos establecidos en el Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía "no sean cumplidos".
La central sindical recuerda que en el acuerdo firmado este lunes de forma conjunta con Comisiones, CEA y Junta de Andalucía se ha conseguido incluir un compromiso para llegar a un acuerdo sobre atención primaria y la no externalización de este nivel asistencial, o la utilización por agentes externos de los medios del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
"Es más que evidente que por parte de UGT se está exigiendo a la Consejería de Salud que articule un acuerdo de mejoras globales en la atención primaria y eliminar de la Orden la posibilidad de privatizar las consultas de medicina de familia", asegura el sindicato, que insiste en que mientras "no se produzca esto seguiremos con nuestras movilizaciones", según el comunicado recogido por Europa Press.
Por último, han indicado que lo que "no entendemos" es como todo un Gobierno de la Junta de Andalucía "se compromete por escrito mientras su consejera --Catalina García-- hace exactamente todo lo contrario. Ni se está negociando nada ni se quiere modificar la Orden para eliminar cualquier sospecha de privatización", reprochan a la sucesora de Jesús Aguirre en Salud.
Nuevo modelo de contratación en el SAS a partir de junio para no prorrogar contratos de emergencia
La rueda de prensa semanal del Consejo de Gobierno ha tenido lugar justo cuando arrecian las críticas desde la oposición (PSOE y demás grupos de izquierda) a raíz de la prórroga de una serie de contratos de emergencia con clínicas privadas. Será en junio cuando se lleve a cabo un nuevo modelo de contratación en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), según ha anunciado el portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco.
Es precisamente en junio cuando vence la prórroga del contrato que se suscribió en enero de 2021 con 97 clínicas privadas por 70 millones de euros. El anuncio del consejero Fernández-Pacheco se ha producido a raíz de las preguntas sobre una información adelantada este lunes por por la edición andaluza de elDiario.es. Dicho contrato fue prorrogado, durante nueves meses, el 30 de diciembre de 2021. Se apelaba –pese a estar derogado desde mayo de 2021– al artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) y al Real Decreto Ley 7/2020, aprobado por el Gobierno central (durante el primer estado de alarma).
Se amplió la cuantía del contrato inicial de 70 millones hasta los 125,7 millones de euros. Fue el 30 de septiembre de del pasado año 2022 cuando la Junta volvió a prorrogarlo por otros nueve meses, hasta los 234,7 millones de euros. Es este acuerdo el que se prorroga hasta el 20 de junio del presente año por una cuantía de 22,7 millones.
Fernández-Pacheco ha defendido este martes la "total transparencia" en estas prórrogas, además de negar cualquier tipo de "discrecionalidad" en el ámbito de las contrataciones de emergencia durante la situación de pandemia. Según ha explicado todas las contrataciones se hicieron de acuerdo con la LCSP y con el aval del gabinete jurídico de la Junta. Fueron fiscalizadas, ha precisado el consejero, tanto por la Intervención General como por el Tribunal de Cuentas, en función de todo lo que el organismo contable haya solicitado.
Este nuevo sistema de contratación supondrá pasar de un sistema descentralizado a un sistema más centralizado que permita optimizar los recursos para prestar los servicios públicos de la mejor manera, y ha indicado que además el objetivo es que no se sigan prorrogando contratos de emergencia. Pacheco ha concretado que estas contrataciones de emergencia supusieron la realización "de un millón y medio de pruebas diagnósticas y de más de 100.000 intervenciones quirúrgicas".
El PSOE de Andalucía ha reclamado esta tarde "responsabilidades" al Gobierno andaluz, tras los datos ofrecidos por Fernández-Pachecho porque, según ha expuesto la formación opositora, supone "reconocer de manera clara que llevan dos años contratando fuera del marco legal de la pandemia".
De forma paralela los socialistas no descartan acudir a los tribunales por "los 243 millones de euros de fondos públicos desviados de manera irregular a la sanidad privada, por lo que se conoce hasta el momento, según datos de la propia Junta", especifican en la nota enviada.
