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Andalucía

TRIBUNALES

Un juez obliga a la alcaldesa de Marbella a entregar al PSOE todos los contratos que adjudicó a la trama sueca

La decisión judicial se produce después de que el axalcalde socialista Pepe Bernal acudiera a los tribunales, al negársele el acceso a los cinco expedientes de una empresa considerada "tapadera" de blanqueo por la Audiencia Nacional. Está administrada por un "testaferro" del hijastro de la también senadora del PP, que facturó más de 640.000 euros por obras municipales

El exalcalde de Marbella Pepe Bernal, actual portavoz municipal y candidato del PSOE, este martes en rueda de prensa. FOTO/ PSOE
El exalcalde de Marbella Pepe Bernal, actual portavoz municipal y candidato del PSOE, este martes en rueda de prensa. FOTO/ PSOE

Cinco días. Este es el plazo que tiene la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, para entregar a un juez de lo contencioso-administrativo de Málaga los cinco contratos de obras, por importe de más de 640.000 euros, que el equipo de gobierno del PP adjudicó (entre 2011 y 2015) a la empresa Construcciones Codecosol S.L., considerada por la Audiencia Nacional (AN) como “tapadera” de blanqueo capitales procedentes del narcotráfico. Su administrador, Nils Fisher, de nacionalidad sueca, es descrito como “testaferro” de Joakim Broberg, hijastro de la también senadora del PP.

El requerimiento, “con carácter urgente”, se produce tras un recurso interpuesto por el exalcalde del PSOE Pepe Bernal, el pasado 4 de enero. El actual candidato a la Alcaldía y portavoz municipal recurrió a los tribunales tras llevar meses (desde octubre de 2022) sin poder acceder a dichos expedientes, después de habérselos solicitado al equipo de gobierno del Partido Popular.

El también líder de la oposición local basó su denuncia en el marco de  “un procedimiento especial de los derechos fundamentales de la persona contra el Ayuntamiento de Marbella", según el decreto judicial emitido por el Juzgado de lo Contencioso Número 1 de Málaga –de tres folios de extensión– al que ha tenido acceso Vozpópuli.

En el citado documento, que  tiene fecha del 24 de enero, se requiere al Consistorio marbellí para que, a partir de su recepción, remita el expediente administrativo de todos los contratos solicitados,“acompañado de los informes y datos que estime procedente”.

El juez ordena también a la administración local presidida por Muñoz que “la resolución que dicte, acordando remitir el expediente, se comunique a cuantos aparezcan como interesados en él, acompañando copia del escrito de interposición, y emplazándoles para que puedan personarse como demandados en este recurso en el plazo de cinco días”.

Al término del decreto judicial se aclara que hay un “modo de impugnación” del mismo y se basa en la opción que tiene el Ayuntamiento de Marbella de notificar, también en el plazo de cinco días, “la infracción en la que haya incurrido la resolución” del juez porque, advierte, “sin estos requisitos, no se admitirá la impugnación”,concluye la letrada de la Administración de Justicia.

Bernal ha comparecido este martes en rueda de prensa para dar a conocer la relevante decisión judicial que pone fin, a priori, a más de tres meses de peticiones infructuosas, por parte del grupo municipal socialista, para que la alcaldesa les entregara los contratos.

Durante este tiempo, desde finales de octubre pasado, cuando se conoció el auto de procesamiento del marido y el hijastro de la alcaldesa, el portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, llegó a decir que no podían “paralizar” el Ayuntamiento para “buscar esos contratos”, expedientes que los gobernantes del PP aseguraban no poder localizar. 

El exalcalde del PSOE, historiador de profesión, ha comentado ante los periodistas que “si yo puedo localizar documentos de hace 200 años” en el Archivo Histórico del municipio, “cómo no van a poder localizar esos contratos”, que se remontan a 2011 y llegan hasta 2015, se ha preguntado el edil.

El diario digital Marbella Confidencial destapó el 10 de julio de 2018 que la Fiscalía de Marbella investigaba obras adjudicadas a Construcciones Codecosol, administrada por el ciudadano sueco Nils Fisher. Se trata de uno de los procesados a partir de octubre de 2002 en la trama sueca investigada en la Audiencia Nacional, a la que están vinculados el marido y un hijastro de la regidora, por presuntos delitos de organización criminal, narcotráfico y blanqueo.

El Ayuntamiento de Marbella retiró la información colgada en su hemeroteca de la web municipal sobre Codecosol. Sí se podía acceder a la misma el 10 de julio de 2018, cuando el citado medio digital publicó la primera información sobre dicha empresa. Al intentar acceder al enlace, tras conocerse el procesamiento de Nils Fisher y los Borberg (padre hijo), en octubre de 2022, ya no era posible la consulta telemática.

En el caso del cónyuge de Muñoz la Sala Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional considera acreditado que participó en tres operaciones de blanqueo de capitales, que suman más de 7 millones de euros. Su procesamiento se mantiene en suspenso, dado su estado de salud. No obstante, en caso de mejorar, Lars Broberg volvería a estar considerado como procesado, según informaba este lunes la agencia EFE tras acceder al auto de procesamiento. El mismo tribunal ha ratificado el procesamiento de Joakim Broberg.

El fiscal jefe de Marbella sólo investigó el 10% de los fondos públicos que recibió la trama sueca

El fiscal jefe de Marbella, Julio Martínez Carazo, junto a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, en 2018. Foto/ Javier Martín-Marbella Confidencial
El fiscal jefe de Marbella, Julio Martínez Carazo, junto a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, en 2018. Foto/ Javier Martín-Marbella Confidencial

Se da la circunstancia de que el fiscal jefe de la ciudad, Julio Martínez Carazo, sólo investigó el 10% de los fondos públicos que recibió la trama sueca, tal y como informó Vozpópuli el 9 de noviembre de 2022. Esto fue así porque cuando el PSOE le trasladó su denuncia sólo disponía de un contrato menor, por importe de 60.000 euros.

Carazo archivó las diligencias de investigación penal, al no apreciar indicios de delito en el expediente analizado. Ahora los socialistas pretenden que el resto de contratos sean investigados por alguna autoridad judicial, después de que el juez instructor de la Audiencia Nacional haya rechazado tres informes de la UDEF, unidad policial que pretendía que se abriera una pieza separada para investigar posibles delitos relacionados con presunta corrupción municipal: prevaricación, fraude en la contratación y tráfico de influencias, entre otros delitos.

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