El hotel Azata del Sol, iniciado su construcción en 2003, paralizado en 2005 por orden judicial y desde hoy más cerca que nunca de ser demolido. Este enorme edificio erigido a tan solo 14 metros de la costa en la localidad almeriense de Carboneras, pasará a ser de utilidad pública tal como ha anunciado esta mañana la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Esta será la antesala a la expropiación y posterior demolición, plan que llevará al Consejo de Ministros de mañana martes.

Montero ha explicado que con esta medida, la administración central “pondrá fin al mayor atentado medioambiental”, "símbolo de la depredación inmobiliaria" y avanzará en la “inmediata restauración” del paraje. Sin embargo, en este proceso que dará sus primeros pasos mañana, existen choques administrativos entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía. La zona que está sobre dominio público marítimo terrestre que establece la Ley de Costas. Por lo tanto, es competencia del Ejecutivo central y supone el 40% del hotel. Mientras que la otra, el 60% restante está sobre terrenos de la administración autonómica. Por ello, pide al gobierno de Moreno que tome medidas similares para avanzar. Eso sí, avisa de que “Si la Junta no lo hace, buscaremos la manera de proceder a su demolición total”

Precisamente esta mañana, la consejera de hacienda, Carolina España previo al anuncio de Montero, ha instado al Gobierno que inicie el proceso de demolición “de manera inmediata y definitiva”, ya que “es inaceptable que tras más de dos décadas de promesas incumplidas, no se hayan tomado las medidas necesarias para derribar esta construcción ilegal”. La parte positiva, es que parece que ahora, ambos ejecutivos van en la misma dirección, de hecho los Presupuestos de 2024 de la Consejería de Medio Ambiente ya recoge una partida de un millón de euros para los trabajos pertinentes cuando comience la demolición. Incluso ha sido una de las promesas del presidente, Juanma Moreno desde que comenzase su segundo mandato en 2022 y que no ha podido cumplir por el momento.

Cabe destacar que fue en el año 2011, cuando la Junta de Andalucía y el Gobierno de España firmaron un protocolo en el que sería el Estado el que se encargaría del coste del derribo, mientras que la el ejecutivo andaluz asumiría el desescombro y gestión de los residuos que la demolición pudiera generar.

Un largo historial de batallas judiciales

El Algarrobico ha estado en plena batalla legal desde que en 2005 la organización ecologista Salvemos Mojácar denunciara la construcción. Ese mismo año, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Almería ordenó la paralización cautelar de las obras, resolución que fue ratificada en 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En ese fallo, se declaró nula de pleno derecho la licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de Carboneras.

A pesar de estos dictámenes, la Junta intentó reclasificar los terrenos en su Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de 2008, declarándolos como "núcleo habitado" en lugar de "no urbanizable". Sin embargo, el TSJA suspendió cautelarmente el nuevo PORN, y en 2011 el Tribunal Supremo anuló definitivamente la reclasificación, confirmando la ilegalidad del hotel y su incompatibilidad con la protección del Parque Natural de Cabo de Gata. De hecho, también el TSJA invalidó el Plan General de Ordenación Urbanística, (PGOU) aprobado por el consistorio de Carboneras en el año 2006, que autorizaba la urbanización del hotel.

El impacto ambiental y restauración del entorno

La construcción supuso una alteración significativa del ecosistema costero. Afectó de lleno a la vegetación y relieve de esta zona del Parque Natural, que causaron graves dañosen una de zona de gran valor medioambiental del litoral andaluz. Estas han sido algunas de las denuncias de organizaciones ecologistas como Greenpeace, que han presionado durante años para su derribo. Alguna de estas acciones más recordadas, como la fachada vandalizada bajo la consigna “hotel ilegal”. Ahora celebran la decisión, como una “decisión histórica” aunque pueda ser un proceso que pueda durar años en completarse y además, animan a la Junta a que apliquen la Ley de Impulso para a Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, (LISTA) que le permite ejercer la expropiacion de edificios ilegales.

Mientras, la otra cara de la moneda está en el sector turístico local, que han expresado su preocupación por la pérdida de la inversión, que en su momento fue visto como una oportunidad de desarrollo. De hecho el consistorio aprobó en 2023 una modificación del PGOU de la localidad para intentar esquivar la última sentencia del TSJA al respecto, algo que volvió a ser descartado por el órgano. Sobre la visita de Montero, el alcalde Carboneras, Salvador Hernández, ha señalado "el desprecio" del Gobierno de España por la visita que considera "partidista e improvisada" de la ministra de Hacienda. El regidor popultar critica "la falta de respeto institucuional y de compromiso con Carboneras, al ignorar la administración que representa a su ciudadanía, hacer anuncios publicamente antes que a la principal administración afectada y al evitar un encuentro para abordar los diferentes probelmas que afectan al municpio". 

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