No pasa una semana sin que la Policía Nacional o la Guardia Civil informen sobre golpes al narcotráfico. Sin embargo, en los últimos años las incautaciónes de drogas no es lo único que copa los anuncios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, también hay espacio para el combustible. Y es que la mercancía es importante, pero más lo es el transporte y aquello que lo nutre, es decir, el comustible.
El "boom" del 'petaqueo' es un fenómeno que ha recorrido toda Andalucía desde que el Gobierno prohibiera el uso de las narcolanchas en 2018. Una que va de este a oeste, donde todas las comandancias y asociaciones de Guardias Civiles denuncian que este, es un problema lejos de solucionarse.
En la provincia andaluza del levante, el Cabo de Gata-Níjar se ha convertido en un punto de aprovisionamiento para las narcolanchas a plena luz del día. En Sevilla y Huelva, las embarcaciones recreativas se camuflan en los caños portando decenas de petacas, listas para entrar en acción. Cádiz combina estas dos situaciones, más la zona del Estrecho, lugar donde se produce abastecimiento. Y sin embargo, el común denominador en todas estas provincias es que la actividad está perfectamente organizada y jerarquizada debido a las grandes ventajas que supone este negocio para las mafias.
Reciéntemente, el Partido Popular (PP) de Cádiz ha vuelto a reclamar que el Congreso de los Diputados que acelere la tramitación de la proposición de ley que presentó el pasado mes de diciembre para endurecer las penas por delitos de narcotráfico.
Durante una rueda de prensa en Cádiz, el diputado nacional y coordinador provincial del PP en la región, Ignacio Romaní, denunció que el PSOE y sus socios bloquean la tramitación de esta propuesta. Según el dirigente los plazos de tramitación se han prorrogado en seis ocasiones, lo que está impidiendo el debate y retrasando la aprobación de una medida más que necesaria para continuar en la lucha contra el narco.
El ‘petaqueo’, un delito sin castigo penal
El funcionamiento es sencillo, se suministra la gasolina a las narcolanchas en alta mar para que así puedan completar sus rutas de transporte de droga. El beneficio también lo es, pues un recipiente de 50 litros de combustible (suficiente para recorrer 14 millas náuticas), puede alcanzar un valor de 300€.
No solo eso, porque a pesar de la importancia que representa este proceso en la logística del tráfico de estupefacientes, actualmente no está tipificado como delito en el Código Penal. Según la Ley de Represión del Contrabando, hay delito cuando el valor de la mercancía incautada alcanza 50.000 litros, por lo que todo lo que esté por debajo solamente será contestado con una multa administrativa.
Para las mafias, esto es un "chollo" que ha permitido que la actividad se haya disparado. La propuesta del Partido Popular pretende modificar la legislación para que el petaqueo sea castigado con penas de hasta ocho años de cárcel.
Chiclana, foco del petaqueo
A Chiclana de la Frontera (Cádiz), se le conoce como la "narcogasolinera" de Cádiz y sirve como un gran ejemplo para comprender la dimensión del "petaqueo" y la incapacidad de las autoridades para frenar su avance.
El pasado mes de diciembre, la Policía Nacional, Guardia Civil y Agencia Tributaria informaron sobre un golpe contra una de las mayores organizaciones surtidoras de gasolina de toda la provincia. El clan de los hermanos Monis era una mafia totalmente estructurada a los que la investigación les atribuía la financiación y control, que se sepa, de 2.475 litros de combustible almacenados en distintos campos, garajes o habitaciones de las casas en las que vivían los integrantes.
Las FFCCSE también decomisaron en los registros practicados, armas de fuego, medios tecnológicos y más de 20.000 euros en efectivo, cantidad que solían apercibir por el trabajo realizado. Y con todo, algunos de los 15 integrantes y uno de los dos cabecillas de la mafia están en libertad, a la espera de juicio.
"Los detenemos si portan más de 240 litros. Si es así, les acusamos de tenencia de explosivos, porque si nos ajustamos a la Ley de Contrabando es imposible". Esto es lo que explica un ex agente de OCON-Sur y Guardia Civil en conversación con Vozpópuli, conocedor en profundidad del fenómeno en la ciudad del vino y la sal. "El tráfico de furgonetas cargadas de petacas es diario" y avisa de que "por pura estadística", un alijo repleto de petacas "volará por los aires". No anda desencaminado.
Chiclana es "la guardería" de la gasolina para las narcolanchas. Aquí se asientan las organizaciones más poderosas de La Línea de la Concepción, "por la faclidad para esconder las embarcaciones suministradoras en los caños de la localidad" señala el agente. Asegura que ahora mismo puede haber hasta una treintena de chalés en Chiclana repletos de petacas, como el caso de una vivienda en la que incautaron 8.250 litros de gasolina el pasado mes de noviembre y en la que detuvieron a seis personas. Una causa que por cierto, está archivada.
"La justicia es receptiva, de hecho, al principio se les veía con ganas de hacer algo al respecto. El Fiscal abría diligencias y causas, pero una vez que el asunto avanza, lo más probable es que termine en sobreseimiento", lamenta el agente.
El futuro de la reforma legal
La proposición de ley presentada por el PP ya fue aprobada en el Senado con el respaldo del grupo socialista, aunque este último solicitó ajustes en el texto. También ha sido apoyada por asociaciones de la Guardia Civil, que consideran esencial dar este paso para disuadir a las mafias y endurecer la lucha contra el petaqueo.
Además, esta situación va de la mano de otra iniciativa "congelada", la de Reconocimiento de la Policía Nacional, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera como profesiones de riesgo. Una propuesta que ha sido aplazada 24 veces en el Congreso, lo que demuestra el “abandono y maltrato” del Gobierno hacia las fuerzas de seguridad que combaten el narcotráfico en zonas especialmente afectadas, como el Campo de Gibraltar.
Sin embargo, por el momento hay pocas novedades de la una y otra. Solo el tiempo dirá si finalmente se convierte en ley o si queda archivada en los cajones del Congreso.
