La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia que condenó a 21 años de prisión a una funcionaria del Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias que laboraba en la cárcel de Huelva. El caso, que data del año 2018, involucra la intoxicación deliberada de siete compañeros del área sanitaria de la prisión con metadona y otros fármacos.
El TSJA rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa de la acusada contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva. Esta última había impuesto una condena de 21 años de cárcel por cuatro delitos de lesiones cometidos contra un compañero y seis delitos de lesiones cometidos contra los seis afectados restantes.
Además de la condena de prisión, la enfermera fue inhabilitada para el ejercicio de su profesión durante el tiempo de duración de la condena. También se le prohibió comunicarse o acercarse a menos de 300 metros de las víctimas durante un período de once años y nueve meses.
Una indemnización de más de 60.000 euros por sustraer metadona, diazepam y pregabalina
La acusada deberá indemnizar a los afectados con un total de 61.840 euros, siendo el Ministerio de Interior responsable subsidiario de esta indemnización. El TSJA respaldó los hechos probados en la sentencia de la Audiencia Provincial, que indican que la acusada sustrajo metadona, diazepam y pregabalina de la farmacia de la prisión. Posteriormente, mezcló estas sustancias con alimentos en una nevera común, lo que resultó en las intoxicaciones de sus compañeros.
La acusada ejercía como responsable de la metadona y tenía acceso al armario donde se almacenaban las dosis, así como al frigorífico donde se guardaban los alimentos.
El tribunal rechazó los argumentos de la defensa sobre presuntas vulneraciones de principios constitucionales, incluyendo el principio 'in dubio pro reo'. Se sostuvo que la prueba presentada fue suficiente y válida para confirmar la participación de la acusada en los delitos. Se destacó el uso de pruebas circunstanciales o indiciarias, que han sido reconocidas como válidas por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo en ausencia de pruebas directas.
El caso ha generado un debate sobre la responsabilidad y la ética en el ejercicio de la profesión de enfermería en entornos penitenciarios. La confirmación de la condena por parte del TSJA establece un precedente importante en la aplicación de la ley en casos de intoxicación intencionada y abuso de autoridad.
