España

Tensión en el Gobierno por los alquileres: Iglesias rechaza desgravar a los propietarios

El vicepresidente elabora un informe según el cual el ‘modelo portugués’ de control de precios solo logró vivienda asequible para el 2,3% de los demandantes; Fomento replica: “No hay aún ninguna propuesta”

El ministro Ábalos y el vicepresidente Iglesias en el Congreso de los Diputados
El ministro Ábalos y el vicepresidente Iglesias en el Congreso de los Diputados

Podemos arrancó in extremis al PSOE en diciembre un acuerdo sobre control efectivo de precios del alquiler a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado 2021 y ahora demanda su “cumplimiento efectivo” en la futura Ley de Vivienda. Pero no de cualquier manera, argumentan a Vozpópuli fuentes de la formación morada: el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, se niega a “premiar” con desgravaciones fiscales a los propietarios como hace el Gobierno Portugués del socialista Antonio Costa; mucho menos si son grandes fondos de inversión con cientos de pisos en España.

Es una negativa de fondo porque “desgravar supone ayudar a personas que se lucran especulando con un bien básico como es la vivienda”, pero, además, señalan estas fuentes, el llamado modelo portugués, al cual el PSOE mira con atención, está fracasando por no imponer precios tope. Así lo asegura la Vicepresidencia Segunda en un informe sobre el Programa de Arrendamiento Accesible (PAA) luso, que ofrece exenciones en el pago del IRPF o la reducción del IBI a los propietarios que alquilen sus viviendas un 20% por debajo del valor de referencia del inmueble.

Los datos del propio Ministerio de Infraestructura y Vivienda portugués, asegura Podemos, muestran que el programa no está dando resultado. Durante el primer año de aplicación (julio 2019 – julio 2020) se firmaron solo 242 contratos de arrendamiento de un total de 10.417 solicitudes presentadas por inquilinos en busca de vivienda asequible; es decir, se cubre sólo el 2,3% de la demanda de personas en situación de vulnerabilidad.

Estos datos, siempre según la versión de Pablo Iglesias y su equipo en la Vicepresidencia Segunda, demuestran a las claras que, al margen de consideraciones éticas y políticas sobre la especulación inmobiliaria, solo con desgravaciones fiscales “no baja el precio del alquiler” ni en España ni en ningún sitio.

Los morados tienen en su punto de mira a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, por poner objeciones a una regulación de alquileres que, según fuentes socialistas consultadas por este periódico, es “un tema delicado y controvertido” en tanto que 2,3 millones de españoles, no grandes fondos buitre, “viven o complementan sus ingresos con la renta de un piso comprado después de años de trabajo y esfuerzo”.

Tanto Calviño como, sobre todo, Campo, han aprovechado los últimos consejos de Ministros para dejar clara su opinión de que una intervención en el mercado del alquiler, es decir, obligar a autonomías y ayuntamientos a poner precios tope, reducirá la oferta de pisos aumentando así el precio, fomentará el mercado negro y podría dar lugar a cientos o miles de demandas en los tribunales contra el Estado como responsable civil subsidiario del incumplimiento de contratos vigentes. Eso, por no hablar del rechazo que ya han expresado ayuntamientos como el de Madrid y otras ciudades a topar el precio de la vivienda, en base al fracaso del control de alquileres que han experimentado París y Berlín.

Los ministros socialistas tienen orden de no responder al informe de la Vicepresidencia Segunda para “no hacer el juego” a Podemos y esperar a que Ábalos resuelva la negociación con Iglesias

La parte socialista del Gobierno, no obstante, ha optado por la discreción, no responder al informe de la Vicepresidencia Segunda, para “no hacer el juego” a sus socios en el Gobierno en estas próximas semanas de negociación, y porque todavía está pendiente otro de los grandes asuntos que genera tensiones en la coalición y en el propio PSOE: los desahucios y la indemnización a los propietarios, que Calviño y Campo ven inevitable para evitar un alud de demandas, pero Pablo Iglesias no.

Ahora prohibidos por decreto hasta que finalice este Estado de Alarma -9 de mayo-, Podemos insiste en fijar por ley la prohibición de los llamados lanzamientos sin límite de tiempo cuando haya una situación excepcional, así como la prohibición de cortar suministros -agua, luz y gas- durante esos períodos, pero Calviño se niega a convertir la excepcionalidad en norma por sus efectos económicos perversos sobre propietarios y empresas, y sobre la imagen de España.

Fuentes próximas a la vicepresidenta señalan que ella no es protagonista en una negociación de los alquileres que lideran personalmente el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y el propio Iglesias, y añaden: “Esto es lo de siempre. Nosotros estamos a solucionar problemas y el objetivo lleva siendo, desde hace dos años y medio, impulsar el mercado del alquiler y facilitar el acceso a la vivienda, en especial de los jóvenes. Y en ello está Ábalos”.

Aún así, Nadia Calviño no pierde ocasión de lanzar puyas al socio minoritario del Gobierno por su “afán de protagonismo” y lo que les gusta armar “ruido”. La última vez, este jueves en Cope con Carlos Herrera:

Desde el Ministerio de Transportes intentan minimizar esta nueva grieta a propósito del control de los alquileres y señalan que “no vamos a entrar” a responder al informe del vicepresidente segundo. “Los grupos de trabajo están en ello pero todavía no hay una propuesta sobre la mesa”, en alusión a la rotunda oposición de Podemos importar a España el que ellos consideran fracasado modelo portugués de incentivos fiscales.

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