Publicado: 17/05/2015 04:00
Casi un año y medio después de que el entonces ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, decidiera poner en venta la finca La Almoraima -la de mayor superficie del valioso Parque Natural Los Alcornocales (Cádiz)- para promover un pelotazo urbanístico de lujo en parte de su extensión, el Gobierno, mediante la sociedad encargada de gestionar la finca pública, Almoraima S.A., ha anunciado que ya no se vende gracias a la mejora de la situación económica. La decisión supone un límite, pero no una garantía total de preservar esta joya natural. Tanto la sociedad gestora como la Junta de Andalucía insisten en la defensa de su carácter público, sin embargo la directora gerente de La Almoraima S.A. ha estado hasta el último momento justificando su privatización mientras el Gobierno andaluz se limita a pedir al ministerio que le transfiera la titularidad pero no declara La Almoraima como monte de dominio público, lo que anularía toda posibilidad de urbanizar la zona.
El plan del Gobierno era vender por unos 300 millones de euros la finca expropiada a Rumasa en 1983 y, gracias a un nuevo plan de usos, permitir la construcción de complejos turísticos y urbanísticos de lujo en las 1.350 hectáreas que la finca tiene fuera del Parque Natural (un 10% del total). Así, parte de este valiosísimo entorno natural declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco y Zona de Especial Conservación por la Directiva Hábitat de la UE pasaría a manos de inversores extranjeros y en el área donde actualmente se desarrollan actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería y la explotación de la madera y el corcho y donde se ubica un pequeño hotel de una veintena de habitaciones, se construirían lujosos hoteles, urbanizaciones, campos de golf, instalaciones hípicas, e incluso un aeródromo privado.
La Junta y los grupos ecologistas creen que la venta se ha hecho imposible por el rechazo de colectivos sociales y Gobierno andaluz y la inseguridad jurídica
Pero como si de un milagro económico se tratase, la directora gerente de la sociedad gestora del mayor latifundio de España, Isabel Ugalde, anunció el pasado martes que la finca había pasado de un déficit de 1,5 millones en los últimos años a presentar beneficios de 319.000 euros en 2014 y por tanto ya no era necesaria su venta. La ex diputada del PP llegó a decir que el ministerio tomó la decisión de paralizar la venta hace ya un año, apenas unos meses después de iniciar la búsqueda de comprador y que a pesar de las ofertas desde Reino Unido, Qatar, México o Abu Dhabi, “no se ha vendido porque no se ha querido”. Sin embargo, según denuncian Ecologistas en Acción, Ugalde, propietaria de una finca cercana a La Almoraima, ha insistido en las reuniones de la Junta Rectora en lo ruinoso de la gestión pública defendiendo el paso a manos privadas.
Sin ir más lejos, el pasado mes de enero, recuerda el colectivo, aseveró incluso que los parques naturales generan regresión, depresión y paro, y relacionó la elevada tasa de desempleo que soporta Andalucía con el hecho de tener la mayor superficie de espacios naturales protegidos. Sus intervenciones llevaron a las asociaciones ecologistas a formalizar una consulta al ministerio denunciando posible conflicto de intereses de Ugalde al presentarse ésta en las reuniones de la citada Junta Rectora como empresaria privada en representación de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) al tiempo que ocupa un cargo de responsabilidad en el organismo de Parques Nacionales, propietario de La Almoraima S.A.
Cómo blindar la protección del valioso latifundio
La buena gestión que según Ugalde ha salvado las cuentas de la sociedad es en realidad una subvención extraordinaria de 2,34 millones, la mayor inyección que la finca ha recibido del Estado. La versión de La Almoraima S.A. cojea y tanto la Junta de Andalucía como los grupos ecologistas ven dos claros motivos detrás de esta decisión. Por un lado, la oposición del propio Gobierno de Andalucía, el fuerte rechazo de la ciudadanía a privatizar parte del patrimonio natural y las protestas llevadas a cabo por vecinos y grupos ecologistas como Agaden y Cooperación Alternativa, han creado un clima de conflicto social que habría disuadido a los posibles compradores. “No es que ahora no lo quieran vender, es que la venta ha fracasado”, asegura a Vozpópuli Juan Clavero, de Ecologistas en Acción. “Dicen que hace un año desistieron de la venta, pero hace escasos meses la señora Ugalde seguía insistiendo en la privatización”, añade.
La Junta reclama la titularidad de la finca para garantizar la gestión pública pero aún no ha actuado para declararla monte de dominio público y convertirla en suelo no urbanizable como piden los ecologistas
Por otro lado, la inseguridad jurídica no facilitaba la operación. El plan de usos que permitía el desarrollo del complejo de lujo proyectado fue archivado por el Ayuntamiento de Castellar de la Frontera, donde se ubica el latifundio. Además, la Junta inició el proceso de ampliación del Parque Natural Los Alcornocales para incorporar 6.000 nuevas hectáreas entre terreno de otras fincas de la zona y las 1.350 hectáreas de la Almoraima que se pretendían vender. Con su incorporación al Parque Natural, este 10% de la finca también quedaría protegido impidiendo levantar el proyecto, por lo que la sociedad recurrió la decisión de la Junta ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). “Se podría seguir llevando a cabo la explotación forestal, cinegética, rural y turística que ya existe, pero ya no sería un pelotazo”, consideran desde Ecologistas en Acción. El decreto que incluye la ampliación de los límites del parque se encuentra en fase de información pública hasta el próximo día 26.
Para evitar lo que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio califica como “complejo con fines especulativos”, ha vuelto a pedir al Gobierno que transfiera la titularidad de la finca a la Junta de Andalucía. Pero ésa no es la única vía por la que se puede conseguir su blindaje. Como recuerda Juan Clavero a este diario, “la Junta tiene competencias plenas sobre las fincas públicas”. Tanto Agaden en 2013 como Ecologistas en Acción en enero y en octubre de 2014 solicitaron la “declaración de la finca La Almoraima como monte de dominio público y su inscripción en el Catálogo de Montes de Andalucía”. Según establece el artículo 21 de la Ley 2/1992 Forestal de Andalucía, “esta declaración conllevaría el carácter inalienable, imprescriptible e inembargable de la totalidad de la finca, y la consideración a efectos urbanísticos como suelo no urbanizable de especial protección (...) e implicaría por tanto la imposibilidad legal de que la administración actualmente propietaria de esta finca -o sea, el Gobierno de España- proceda a su enajenación”. La Junta de Andalucía aún no ha hecho ningún movimiento en este sentido.
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