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La 'lista negra' de los alcaldes imputados por corrupción urbanística: Muñoz, Castedo y ahora Torres Hurtado

Julián Muñoz (i) y Juan Antonio Roca antes de comenzar la lectura pública en la Audiencia de Málaga de la sentencia del caso Malaya

"Ningún otro sector en España tiene la corrupción tan arraigada como el de la construcción". Es la conclusión obtenida por Transparencia Internacional en diversos informes publicados a lo largo de los años, en los que aseguran que "la multiplicación de escándalos vinculados a la corrupción urbanística está reforzando la imagen cínica de la ciudadanía sobre los gobernantes y contribuyendo a deslegitimar las instituciones democráticas". Precisamente esta semana, la que se podría denominar 'lista negra' de alcaldes salpicados por esta lacra ha incorporado a su último protagonista.

El miércoles la policía detuvo al regidor de Granada, José Torres Hurtado (PP), por su presunta implicación en una operación contra la corrupción urbanística. Los agentes indagan la construcción de una discoteca y una pista de patinaje en una zona verde. Acusado de los presuntos delitos de cohecho fraude en la contratación, asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, estafa, falsedad en documento mercantil, administración desleal y contra la ordenación del territorio, el 'popular, en el cargo desde 2003, ha decidido no dimitir. "De momento no, porque entre otras cosas no sé por qué se me acusa de todo eso", aseguró un día después en una entrevista radiofónica.

El alcalde de Granada no tiene pensado dimitir tras su detención por corrupción: "Me siento perseguido"

Sin embargo, Torres Hurtado no es el único. La 'operación Malaya', cuyas primeras investigaciones se remontan a 2005, convirtió Marbella en el epicentro del terremoto que después ha terminado sacudiendo todos los rincones de la geografía española. A partir de ese momento, y con las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2007 en el horizonte, alcaldes y concejales de todos los colores no han dejado de aparecer a golpe de ladrillo en los medios de comunicación. 

Sólo en 2005 se construyeron 800.000 nuevas viviendas en nuestro país, tantas como en Reino Unido, Alemania y Francia en su conjunto. Dos años después, la OCDE advirtió a España de que el precio de la vivienda estaba sobrevalorado en un 30 por ciento. Ladrillo a ladrillo, la corrupción urbanística ha ido dejando su particular huella cada día. Aunque el mapa de los representantes políticos investigados por corrupción no deja de crecer, las dimisiones no son tan abundantes. Consulte aquí algunos de los casos más llamativos de alcaldes imputados por corrupción urbanística:

Julián Muñoz - Marbella

El que fuera alcalde de Marbella desde mayo de 2002 hasta agosto de 2003, fue detenido en julio de 2006 en la segunda fase del 'caso Malaya', la trama de corrupción inmobiliaria e institucional más relevante destapada hasta ahora en España. Fue condenado en varios casos por cohecho, malversación de fondos públicos y por prevaricación urbanística relacionada con la concesión de licencias ilegales durante los gobiernos municipales del Grupo Independiente Liberal (GIL).

Salió de la cárcel en octubre de 2008 tras casi dos años y medio entre rejas y en 2013 fue condenado a siete años y medio de prisión y diez años de inhabilitación por prevaricación. Unos meses más tarde también fue condenado por la Audiencia Provincial de Málaga a dos años de cárcel y 16 de inhabilitación por fraude y prevaricación en este mismo caso. Actualmente sigue en prisión y su estado de salud es delicado. En septiembre de 2015 pidió perdón a Marbella: "Me arrepiento de todo corazón. Pido perdón a una ciudad que se portó muy bien conmigo y me arrepiento del perjuicio que he causado a la sociedad".

José Manuel Martín Alba - Alcaucín (Málaga)

No muy lejos de Marbella, la localidad de Alcaucín vivió la detención de su alcalde, el socialista José Manuel Martín Alba, junto a sus dos hijas, el jefe del servicio de arquitectura municipal de la Diputación Provincial de Málaga y varios promotores inmobiliarios en el marco de la 'Operación Arcos' contra la corrupción urbanística. Le condenaron a 226 años de prisión por promover diversos subterfugios al ordenamiento constructivo y otorgar multitud de licencias de obras ilegales.

Sonia Castedo - Alicante

Otro de los casos más relevantes tuvo como protagonista a la 'popular' Sonia Castedo. La alcaldesa de Alicante (2008-2014) se resisitió pero, tras desafiar en repetidas ocasiones a la direción del PP, que reclamó su renuncia durante varios meses, acabó dimitiendo tras su imputación por corrupción urbanística. 

Castedo está imputada en dos causas judiciales por corrupción urbanística. En el 'caso Brugal', desde octubre de 2012, por supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información derivados del amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante en favor de los intereses del promotor Enrique Ortiz. Y en el 'caso Rabassa', una pieza separada de Brugal, desde el pasado septiembre de 2014, por supuesta prevaricación y tráfico de influencias en la tramitación de una macrourbanización de 13.500 viviendas a favor del mismo empresario.

Javier León de la Riva - Valladolid

El polémico alcalde vallisoletano, que llegó a decir que iba a "limpiar la ciudad de piojos, pulgas y putas", fue condenado e inhabilitado el año pasado durante 13 meses por haber retrasado un lustro la ejecución de las reformas de un edificio en el que él mismo vive. La condena de León de la Riva por un delito de desobediencia puso fin a una carrera política de casi tres décadas y que estuvo salpicada por polémicos episodios en los tribunales y por declaraciones altisonantes. 

Florencio Campos Corona - Alcalá de Henares (Madrid)

En las filas socialistas y hace apenas ocho días, el regidor de la ciudad madrileña de Alcalá de Henares, Florencio Campos Corona, fue imputado por el juez de la trama Púnica por 'lavar' más de 340.000 euros para Granados y Marjaliza, tal y como adelantó Vozpópuli. En la documentación que en su día remitieron las autoridades de Berna y que permitieron iniciar el 'caso Púnica', ya se señalaba a este político actualmente jubilado como una de las personas con depósitos en entidades financieras del país helvética desde los que se hicieron transferencias a los de Granados y Marjaliza con el fin de blanquear dinero. Con él, ya son cinco los empresarios acusados de lavar fondos para la trama desde cuentas en el extranjero.

Campos Corona, que llegó a ser miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE en la época de Felipe González, ya se vio salpicado en 1998 en un escándalo de corrupción que le obligó a abandonar el partido, aunque finalmente aquella causa se cerró en 2004 sin juicio ni acusaciones.

Miguel Ángel Santamaría Novoa - Colmenar Viejo (Madrid)

Precisamente en la Comunidad de Madrid el PP mantiene a cuatro alcaldes imputados "porque no están condenados". Es el caso del regidor de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría Novoa, y también de su antecesor, José María de Federico Corral. La Fiscalía de Medio Ambiente ve indicios de un delito continuado de prevaricación urbanística en las decisiones tomadas por 12 cargos públicos con responsabilidades en el consistorio en la última década. 

José Alberto González Reveron - Arona (Tenerife)

También está de actualidad el denominado 'caso Arona', el primero de los macrojuicios que se están celebrando en Canarias este año. Entre los acusados, empresarios, funcionarios, arquitectos y la totalidad del grupo de Gobierno de Coalición Canaria encabezados por el exalcalde José Alberto González Reverón, para el que la Fiscalía pide tres años de cárcel y 35 de inhabilitación por varios delitos de prevaricación, prevaricación urbanística y tráfico de influencias.

El 'caso Arona' aborda la mayor causa judicial de la historia reciente del archipiélago: se juzga una trama de corrupción cometida, presuntamente, por el grupo de Gobierno local entre los años 2003 y 2007. Se les acusa de haber concedido más de 205 licencias municipales de forma irregular, así como el pago de comisiones, lo que dejó al municipio al borde de la bancarrota y situó a Arona como el gran paradigma de la corrupción en Canarias.

Domingo Aranda - Caravaca de la Cruz (Murcia)

Murcia tampoco escapa de la corrupción vinculada al ladrillo. En octubre de 2014, un juez imputó al alcalde de Caravaca de la Cruz, Domingo Aranda, y a otras 30 personas por un caso de corrupción urbanística bautizado como 'El Roblecillo'. Aranda, en el cargo desde 1999, no dimitió. Fue en los últimos comicios locales del pasado mayo cuando el PSOE le desalojó de la alcaldía. El auto señala que los implicados pudieron tener participación en las gestiones llevadas a cabo para conseguir la reclasificación, presuntamente, irregular de la finca El Robledillo, de casi 500 hectáreas, y donde una promotora pretendía construir 8.000 viviendas y un campo de golf.

Bartolomé Muñoz - Santa Coloma de Gramanet (Barcelona)

El exalcalde, que compatibilizó su cargo con el de vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Barcelona desde 2004, se encuentra actualmente encausado por su presunta participación en hechos delictivos al frente del ayuntamiento de Santa Coloma, motivo por el que ha sido suspendido de militancia en el PSC. Fue detenido por la Guardia Civil en octubre de 2009 junto al concejal de urbanismo por presuntas adjudicaciones amañanadas, cohecho, cobro ilegal de comisiones y blanqueo de capitales dentro de la Operación Pretoria. Salió de la cárcel en diciembre tras pagar una fianza de 500.000 euros.

José María Peña San Martín - Burgos

Peña San Martín tuvo, casi con toda probabilidad, el dudoso honor de inaugurar la 'lista negra' de alcaldes imputados por corrupción urbanística. El que fuera regidor de Burgos entre 1979 y 1992 tuvo que dejar el cargo al resultar implicado en el conocido como 'caso de la construcción' de Burgos, resultando condenado a 12 años de inhabilitación especial por prevaricación continuada.

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