España

Cuando Batet lideró la crítica del PSOE al aforamiento exprés del rey Juan Carlos

La reforma legal, tramitada en sólo tres días, fue aprobada en un pleno extraordinario sólo con los votos del PP y el de los de dos diputados de UPN y Foro Asturias

Batet junto al Rey
Batet junto al Rey EFE

Apenas nada estaba previsto para la abdicación del rey emérito Juan Carlos I. Casi de la noche a la mañana, las fuerzas políticas tuvieron que adaptar el ordenamiento para evitar que el ex jefe del Estado -que ahora ha abandonado España sin revelar su destino- pudiese ser objeto de demandas judiciales ante los tribunales ordinarios. 

Se optó por la solución más rápida, pero el procedimiento no estuvo exento de dudas legales. La ahora presidenta del Congreso, Meritxell Batet,criticó junto a otros portavoces el mecanismo elegido por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014 para brindar un aforamiento exprés ante el Tribunal Supremo. Un procedimiento, dijo, "repleto de despropósitos". Así, reprochó que la fórmula elegida comportaba "incongruencia material", "falta de debate parlamentario" y "vulneración del Reglamento de la Cámara". 

La ahora presidenta del Congreso lamentó que el privilegio procesal en el ámbito civil y penal otorgado al monarca emérito (y también a las reinas Letizia y Sofía y a la Princesa de Asturias) no se tramitase mediante una ley propia desarrollada por el procedimiento ordinario - aunque de forma urgente- sino que se optase por un atajo legal a través de dos enmiendas a una reforma de la ley Orgánica del Poder Judicial(LOPJ), que pretendía regular condiciones laborales de los jueces y funcionarios de Justicia.

"No podemos compartir que se hayan presentado unas enmiendas a un proyecto de ley orgánica que ya existía en esta Cámara y que nada tenía que ver con ese objeto", reprochó ante la Comisión del ramo. "Con este procedimiento lo único que consiguen paradójicamente es que el instrumento que se había diseñado para proteger a la democracia esté dañando a esa misma democracia. Lo lógico, señorías, hubiese sido traer un proyecto de ley propio", dijo la socialista catalana, según consta en el Diario de Sesiones. Así, acusó a los populares de estar "usurpando una deliberación, un debate sereno y acorde con lo que exige un tema tan delicado y de este calibre". 

Sin embargo, el atajo legal que denunciaba ha sido después empleado por el propio Gobierno de Pedro Sánchez para introducir cambios en el ordenamiento jurídico por la puerta de atrás

Los populares incluyeron en una segunda enmienda una disposición transitoria para que, en caso de que algún tribunal estuviese tramitando por aquel entonces alguna causa contra los nuevos aforados, esta fuera suspendida y remitida al Tribunal Supremo.

Denunció un incumplimiento del reglamento

Además de no compartir el método elegido, Batet denunció un incumplimiento del artículo 69 del Reglamento de la Cámara Baja, por una cuestión de plazos en la entrega de los documentos de trabajo a los miembros de la Comisión. También lo denunció el por entonces portavoz de IU, Gaspar Llamazares. "Si el objetivo del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular partiera de esa concepción [respeto al interés general], y hubiese pretendido mostrar ese respeto a las instituciones constitucionales, jamás hubiese hecho las cosas como las está haciendo, precipitadamente, con un mal procedimiento legislativo, y con una falta absoluta de consenso con los grupos parlamentarios de esta Cámara", concluía Batet. 

La reforma legal, tramitada en sólo tres días, fue aprobada en un pleno extraordinario con los votos del PP y el de los de dos diputados de UPN y ForoAsturias. Los socialistas -pese a estar de acuerdo en aforar al monarca- decidieron abstenerse en la votación junto a CiU y Coalición Canaria. Por su parte, UPyD, PNV, Izquierda Plural y el resto del Grupo Mixto votaron en contra. En total, 184 votos a favor, 32 en contra y 109 abstenciones. La norma recibió el visto bueno definitivo del Senado en el mes de julio. 

En sus intervenciones, Batet hizo referencia a varias del Tribunal Constitucional que fijan la necesidad de que exista congruencia material entre las enmiendas que se introducen y la ley que se pretende aprobar. Sin embargo, el atajo legal que denunciaba ha sido después empleado por el propio Gobierno de Pedro Sánchez para introducir cambios en el ordenamiento jurídico por la puerta de atrás. Con esta fórmula intentaron retirar el veto presupuestario del Senado mediante una reforma de la ley de Estabilidad Presupuestaria para facilitar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado

Por su parte, el portavoz republicano catalán Joan Tardá, afeó en sede parlamentaria que se "blindase" a don Juan Carlos "por miedo a la verdad" porque durante toda la democracia "ha tenido barra libre para hacer lo que haya dado la gana y su fortuna podría ser cuestionada en los tribunales".

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