Colas, falta de personal: la vuelta a la normalidad en SEPE, Seguridad Social o AEAT

La pandemia del coronavirus ha tensado los servicios de la Administración. Las oficinas de atención presencial han reabierto esta semana con un sistema de cita previa y medidas de seguridad sanitaria que ralentizan los trámites de los ciudadanos. Dentro de las dependencias, los espacios han de ser mayores para garantizar la distancia y decenas de puestos quedan inutilizados. Según los últimos datos de Función Pública, el número de empleados de la Administración General del Estado (AGE) que ejercen desde su puesto de trabajo presencial supera por más del doble al de trabajadores que ejercen a distancia. Un total de 116.786 funcionarios y personal laboral de la AGE ya están operativos en las oficinas y centros públicos de atención, mientras otros 53.833 funcionan todavía en modalidades a distancia.

La avalancha de peticiones de prestaciones por los ERTE, los despidos o el fin de contratos han desbordado los servicios de empleo. La Seguridad Social empieza ya a tramitar las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital aprobado en junio por el Gobierno. Hasta este jueves, se han registrado unas 510.000 peticiones. 

Los sindicatos denuncian que existe un déficit estructural de plantilla agravado ahora por la situación provocada por la covid-19. "Es verdad que vivimos una situación extraordinaria como consecuencia de la crisis sanitaria, pero la falta de planificación sobre el empleo público nos ha hecho llegar a una situación límite", sostiene José Manuel Vera, responsable de CCOO en la AGE. "En diez años hemos perdido en la Administración General del Estado cerca de 40.000 efectivos", añade. En los próximos cinco años se perderá otro 25% por jubilaciones de una plantilla ya de por sí envejecida. En este sentido, reclaman incorporar al personal público que está pendiente de las ofertas de empleo ya pactadas en 2018 y 2019. "Si hay que contratar personal interino hasta que se cubran, pues perfecto, pero si tardan más de tres años en hacer efectivas las OPE, pues no sirve de nada", remata. 

Los trabajadores del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), encargados de tramitar miles de ERTE de las empresas, han tenido que redoblar esfuerzos para que los ciudadanos pudiesen cobrar las prestaciones. Aún así, en muchos casos se han producido retrasos ante una carga de trabajo que se ha multiplicado hasta niveles nunca antes alcanzados. Alertan de que todavía hay una segunda gran ola que está por llegar y reclaman subsanar la falta de personal para hacer frente a la nueva situación que llegará tras superar el pico de la pandemia

"Con los 1.000 que han entrado no hacemos nada. Ahora hay que solucionar un montón de problemas, errores, de hijos, números de cuenta... Todo es un trabajo muy laborioso. Y muchas empresas no han mandado a tiempo las bajas. Ahora nos vamos a encontrar con gente que van a tener cobros indebidos. Además, cuando el Estado deje de pagar las cotizaciones a las empresas, muchos de los ERTE se van a convertir en ERE", avisa Françoise Calvo, responsable de UGT en el Ministerio de Trabajo. 

La responsable sindical recuerda que este organismo ha perdido 3.000 efectivos en la última década que no han sido repuestos. Casi el 25% de la plantilla. "Queremos que ademas de los interinos que han entrado, se incorporen más. En 2008 entraron 1.500 y crisis era paulatina. Ahora ha sido un tsunami", reflexiona.

"La reincorporación se ha hecho con mucha rapidez y las medidas no están en todas partes bien hechas", dice Françoise Calvo, responsable de UGT en el ministerio de Trabajo. Ante la avalancha de peticiones de cita previa que siguen produciéndose, muchas se están tramitando por teléfono o por correo electrónico. 

En muchas oficinas, los sistemas de cita previa tienen que ser bloqueados artificialmente ante la falta de funcionarios para atender presencialmente a los ciudadanos. "Si no hay personal suficiente, se puede dar el número de citas que se pueden atender, no se pueden dar más", añade Vera. 

Pero al margen del problema de personal, los sistemas informáticos de la Administración también tienen importancia a la hora de agilizar los trámites. El gasto público en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) fue en 2018 el más bajo en los últimos ocho años, según refleja el informe REINA 2019. El desembolso registra, eso sí, fuertes diferencias en función de los departamentos. Mientas la Agencia Tributaria tiene un sistema avanzado, en el SEPE se están planteando cambiarlo ante las limitaciones que arrastra desde hace años. 

Vera recuerda que la atención telemática es un derecho de la ciudadanía, pero no se puede establecer como una obligación, pues mucha gente no tiene los medios o el conocimiento para realizar los trámites, que acaban siendo realizados por empresas privadas. 

"Desde gobiernos anteriores, se invoca la Administración electrónica y se quiere imponer. Pero el ciudadano tiene que tener los recursos y aunque haya un programa, no conoce la norma ni tiene por qué saber cómo se hacen los formularios. Si se presentan muchos y no se hace correctamente, el sistema queda colapsado", apostilla Carlos Felipe Chamorro, miembro del sindicato CSIF y destinado en la AEAT. 

"A lo mejor se podrían ampliar horarios, desde las 8 am hasta las 15 horas. Por parte de los trabajadores públicos, creo que ahora se ha demostrado que hemos puesto toda nuestra voluntad y nuestros medios", señala. 

"Si no hay inversión, es difícil que la Administración pueda atender", concluye alertando sobre la 'reventa' de citas previas. "La falta de recursos humanos en la Administración pública hace que se estén mercantilizando derecho", concluye. 

En algunos lugares de Cataluña, hay servicios famélicos, donde las relaciones de puestos están repletas de vacantes que la Administración se ve incapaz de llenar. "El algunas provincias, la plantilla del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) se reduce a una persona", recuerda Vera. 

El FOGASA, cuando empiecen a cerrarse las empresas. "En algunos sitios hay solo un letrado para dos o tres provincias". Son organismos que no se les presta atención, pero en momentos críticos, se dan cuenta de que han estado abandonados. Actualmente, su plantilla no llega a los 400 efectivos, cuando no debería estar por debajo de 700. 

A ello se suma la falta de incentivos para trabajar en destinos de la Administración Periférica donde las administraciones autonómicas pagan mucho mejor o donde el funcionario del Estado se encuentra cada vez más arrinconado ante la progresiva cesión de competencias.