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España

Todos los 'hombres' del Ministerio en el Consejo de Acuamed

El secretario de Estado de Medio Ambiente y presidente de Acuamed, Pablo Saavedra.

Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) depende funcionalmente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, aunque el 100% de su capital está en manos de Patrimonio del Estado, que depende a su vez del Ministerio de Hacienda. En el organigrama que aparece en la página web de la sociedad estatal figura como presidente de la misma el actual secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra Inaraja, mientras que como 'número 2' aparece Liana Ardiles López, directora general del Agua. El siguiente en el escalafón es el director general de la compañía, Arcadio Mateo del Puerto, encarcelado por el juez Eloy Velasco este miércoles y al que el Gobierno se apresuró a cesar 24 horas después de que estallase el escándalo y fuera detenido.

En el Consejo de Administración de Acuamed vuelven a figurar Pabloo Saavedra y Liana Ardiles

En el Consejo de Administración de Acuamed vuelven a figurar Pablo Saavedra y Liana Ardiles. El primero, como presidente. La segunda, como vocal. Este cargo también lo ocupan otros responsables de Agricultura, como Carlos Muñoz Bellido, subdirector general de Programación Económica del Ministerio; Daniel Sanz Jiménez, perteneciente a la Dirección General del Agua, e Isabel Bonelli, abogada del Estado destinada en el departamento de García Tejerina, que actúa como secretaria del consejo. Junto a ellos se sientan representantes de los ministerios de Hacienda, Economía y Presidencia, así como el director de la Asesoría jurídica de Acuamed, Juan Alberto García Cuenca.

Fue precisamente a este Consejo de Administración a quien se dirigió en la primavera de 2014 el que entonces era director de Ingeniería de la compañía pública, Francisco Valiente, para denunciar las supuestas irregularidades detectadas después de que sus superiores hicieran oídos sordos a sus quejas. Para ello, envió el 31 de marzo de aquel año un requerimiento notarial a la secretaria del consejo, Isabel Bonelli, para darles a conocer las actuaciones ilegales que había detectado. Dicho documento no fue finalmente recogido por la misma hasta el 2 de abril. La tarde de ese mismo día, esta abogada del Estado lo elevó al Consejo de Administración que, presidido por el secretario de Estado de Medio Ambiente, finalmente rechazó investigar la denuncia. Poco después, el empleado fue despedido. Meses después acudía a la Fiscalía Anticorrupción y presentaba la denuncia que ha dado lugar a la 'Operación Frontino'

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