Publicado: 24/01/2019 05:15
Los abogados de Juan Miguel Villar Mir insisten en su intento de apartar al juez que mantiene imputado a su cliente en los casos 'Lezo' y 'Púnica'. Lo hacen pese a que la Fiscalía del Tribunal Supremo dejó claro el pasado noviembre que no ve ningún delito en la investigación del magistrado Manuel García-Castellón sobre las presuntas mordidas de OHL al expresidente madrileño Ignacio González.
Los letrados han aportado más pruebas para nutrir la querella que presentaron en septiembre ante el Tribunal Supremo contra el instructor. En concreto, le acusan de un supuesto delito de prevaricación por haber autorizado escuchas telefónicas entre el dueño de OHL y los letrados.
Según fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli, ahora el alto tribunal ha enviado a la Fiscalía la citada documentación para que elabore un nuevo informe sobre la ampliación de las pruebas.
La lista de delitos acuñados en la querella contra el juez incluyen los de interceptación ilegal de las comunicaciones, retardo malicioso en la administración de la Justicia e infidelidad en la custodia de documentos. Los letrados consideran que García-Castellón se excedió en sus funciones al autorizar escuchas entre ellos y su cliente entre noviembre de 2017 y febrero de 2018.
Privilegio abogado-cliente
Sin embargo, los pinchazos telefónicos a los que se refieren los denunciante se realizaron en el marco de las investigaciones de 'Lezo'. Parte de las escuchas salieron a la luz al levantarse el secreto de la pieza en la que se investiga la adjudicación del tren de Navalcarnero (Madrid), por la que OHL habría pagado 1,4 millones de euros en Suiza al expresidente madrileño Ignacio González.
¿Qué denuncian los letrados? Ponen el foco en una conversación en la que se escucha al empresario y a uno de sus abogados. Por ello, alegan que el instructor habría violado el privilegio de confidencialidad entre el abogado y su cliente. En dicho diálogo, se escucha al empresario y al letrado hablar sobre sus intenciones de fabricar un informe médico que permitiera a Villar Mir no acudir a una citación que tenía ante las autoridades.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el juez García-Castellón vieron en esa conversación grabada por orden judicial un presunto delito de falsificación de documento. Y tras deducir testimonio y enviar el caso a los juzgados ordinarios de Madrid, una juez acordó imputar al facultativo. Una semana después de que el médico de Villar Mir declara como imputado, los abogados interpusieron la mencionada querella.
Los letrados del constructor también cargaron contra el juez por no facilitar información del sumario que favorecería a su cliente, como por ejemplo la declaración del periodista José María García. Sin embargo, un escrito de la Audiencia Nacional ya había comunicado que dicha declaración testifical estaba disponible para todos los personados en el caso.
La Fiscalía pidió el archivo
El pasado noviembre, la fiscal Pilar Fernández Valcarce aseguró en un escrito que no existen indicios de prevaricaciones en las actuaciones del magistrado. Asimismo, descartó que haya habido "interceptación ilegal de comunicaciones, retraso malicioso, falsedad, o infidelidad en la custodia de documentos".
De hecho, el ministerio público solicitó el archivo de la querella al considerar que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional "en ningún momento" acordó la señalada intervención telefónica.
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