Los abogados de Podemos investigaban "desvíos" de 500.000 euros en cursos de formación cuando fueron cesados

La denuncia de la exabogada de Podemos, Mónica Carmona, entregada al juzgado que investiga el caso Neurona arroja nuevas sospechas sobre la actividad interna del partido. A lo largo de 2019, Carmona, encargada de revisar el cumplimento normativo de la formación, recibió una denuncia de un supuesto pago de 300.000 euros que, a través de la fundación de Podemos, iba a “cursos de formación política” sin dejar rastro alguno. La abogada empezó una investigación interna sospechando que se tratase de una “tapadera”. Pero fue despedida.

Los cursos que investigaba la abogada estaban vinculados al proyecto “Escuela Popular Paulo Freire” que se celebró en 2018 y 2019. Esa iniciativa dependía de la Secretaría de Sociedad Civil, dirigida por el diputado Rafa Mayoral. La escuela pretendía ofrecer “cursos de formación política”, según el escrito que la exabogada de Podemos ha remitido al juez Juan José Escalonilla. Pero la suma de dinero y el temor a que se pudiese tratar de un caso de "desvío de fondos" le llevaron a sospechar.

“La investigación sobre las donaciones a la Escuela Popular Paulo Freire se inició a raíz de la denuncia interna de que se había donado una cantidad elevada de dinero para actos de formación a través de la fundación de Podemos Instituto 25-M, sin que existiera la debida transparencia sobre el destino real de dichos fondos, lo que abonaba la sospecha de que hubieran sido utilizados realmente como 'tapadera' para desviar dinero del partido, atendiendo al elevado coste del proyecto en relación al servicio efectivamente prestado”, revela la denuncia de la abogada.

"Desvío fraudulento de fondos"

Para Carmona la falta de transparencia interna se traducía en un problema para aclarar la legalidad de la operación: “Es un hecho notorio que la realización de cursos de formación ha sido utilizado como mecanismo para el desvío de fondos. De ahí mis sospechas a que los cursos de formación de Podemos pudieran ser utilizados de manera fraudulenta”, señala en su escrito remitido al Juzgado número 42 de Madrid.

Las alarmas saltaron porque la denuncia recibida apuntaba a una red que incluía otro proyecto que estaba siendo investigando. Se trataba del conocido como #404 Comunicación popular, que había recibido 50.000 euros del partido morado en circunstancias que Carmona consideraba poco claras. 

“Recibimos un mensaje confidencial con este literal: “A la Escuela Popular se le han dado casi 300.000 € entre el partido y el GP [grupo político del Congreso]”. Por ello, ante una cantidad tan elevada para un proyecto de formación de escasa dimensión procedimos a recopilar información sobre el funcionamiento de este proyecto y sus recursos económicos, llegando a la conclusión de que faltaba transparencia en el proyecto y que debía ser investigado a fondo, sobre todo por sus vinculaciones con otros proyectos, como #404 Comunicación popular y el proyecto Vamos!”.

La investigación de la abogada, sin embargo, tuvo que frenarse debido a su repentino cese a finales de 2019. En ese momento, Carmona estaba analizando con otro abogado, José Manuel Calvente, otros contratos del partido, como el de la firma Neurona, que asesoró a Podemos en la campaña electoral de ese año y que ahora está siendo investigada por malversación.

Microcréditos y pagos a la fundación

Carmona y Calvente empezaron a tirar del hilo, hasta intentar mirar con lupa la financiación de la campaña electoral a través de microcréditos. Pero fueron cesados: “Me resultó imposible investigarlo en profundidad debido a mi cese”, explica Carmona al juez Escalonilla. Cabe señalar, como publicó este diario, que Podemos plasmó en su cuenta de 2019 una cifra récord de microcréditos (3,6 millones de euros) meses antes de recaudarlos y que le sirvió para financiar su campaña electoral antes.

Con la denuncia interna de un pago de 300.000 euros para los cursos de la Escuela Freire, Carmona también quiso aclarar otro supuesto pago de 200.000 euros para la fundación de Podemos Instituto para la Democracia 25-M, que considera “por fines poco definidos”. Podemos tenía que afrontar una difícil campaña electoral y ese desembolso llamó la atención de la abogada: “Personalmente me sorprendió esta petición de fondos tan elevada de la fundación justo al inicio de un proceso electoral y cuando el equipo de finanzas exigía una contención del gasto”.

La abogada tuvo acceso a un borrador de contrato entre el partido y la fundación morada. Pero cuando estaba analizando el documento, el Consejo Ciudadano de Podemos decidió su cese inmediato. “Los procesos electorales de 2019 y mi cese me impidieron poder profundizar en esta línea de investigación”, acusa. Después de la entrada en el Gobierno, Pablo Iglesias entregó el control de dicha entidad a Juan Carlos Monedero, quien había traído a España la consultora Neurona.

Carmona denuncia así la “opacidad” del partido en asuntos como los pagos a su fundación y la gestión del dinero de las costas procesales que, como desveló en exclusiva Vozpópuli, pueden involucrar al propio Iglesias. Carmona intentaba evitar que el partido o sus dirigentes incurrieran en alguna legalidad. Pero temía que el silencio de la dirección acabara convirtiéndola en la responsable de posibles irregularidades.

La carta a Iglesias

De hecho, la abogada aporta al juez una carta en la que, como ya desveló este diario hace un año, advirtió al secretario general sobre los problemas detectados. En esa misiva instó además a Iglesias a readmitir al abogado Calvente, “permitiendo que se continúen las investigaciones internas en marcha para individualizar las responsabilidades que pudieran derivarse de esos actos, protegiendo al partido como tal”. “Este mensaje fue leído por su destinatario Pablo Iglesias al cabo de dos horas, pero no obtuve respuesta alguna”, escribe en su denuncia. 

Tras el silencio del secretario general, llamó a la dirigente Ione Belarra y envió la carta a todos los miembros de la Ejecutiva. Carmona envió su mensaje el 4 de diciembre de 2019, según su versión de los hechos, y obtuvo una contestación ocho días después: “La única respuesta que obtuve se produjo en fecha 12 de diciembre de 2019 cuando recibí un burofax de Podemos comunicándome que me cesaban en mi cargo de Responsable de Cumplimiento Normativo y me requerían para que cesara en cualquier actividad relacionada con mis funciones”.