Desafío soberanista

El abogado de Forn ni siquiera alegó las razones médicas que argumentó la Fiscalía

El exconseller de Interior reniega de las conductas "levantiscas" de sus excompañeros, pero el Supremo no le cree y le mantiene en prisión

Forn ocultó a Llarena que los Mossos le avisaron de que habría violencia el 1-O
Forn ocultó a Llarena que los Mossos le avisaron de que habría violencia el 1-O EFE

El abogado del exconseller de Interior de la Generalitat Joaquim Forn ni siquiera argumentó las razones médicas que sirvieron a la Fiscalía para pedir su excarcelación por “razones humanitarias”. Así lo refleja el auto de la Sala de Recursos del Tribunal Supremo en el que confirma que no está acreditada tal enfermedad y acuerda mantener en prisión al dirigente nacionalista a pesar de que ha abandonado la política durante su estancia en la cárcel. En su recurso Forn se desvinculó de lo que tachó como acciones "levantiscas de terceros" en relación a los planes soberanistas de sus excompañeros, pero el alto tribunal duda de su sinceridad.

El Ministerio Público cambió su criterio este martes cuando pidió que a Forn se le aplicase la situación de libertad eludible con el pago de 100.000 euros de fianza por la aparición de tuberculina en unas pruebas médicas realizadas en la cárcel de Estremera donde está recluido desde el noviembre. Según desveló Vozpopuli, existe un informe médico elaborado por el médico de cabecera de Forn en el que se habla de esas pruebas y de la tuberculina, pero que descarta que el exconseller padezca enfermedad alguna.  

La petición de excarcelación fue una decisión personal del Fiscal General del Estado, Julián Sánchez Melgar, pero la tuvo que defender uno de los fiscales del caso. A diferencia de otras ocasiones, este fiscal se limitó a comunicar su nueva solicitud de medidas cautelares, pero sin detenerse a desarrollar los argumentos.

Avala los argumentos de Llarena

El juez instructor del caso, Pablo Llarena, decidió mantener en prisión el pasado febrero a Forn alegando “la determinación con la que cometió los hechos y su gravedad; la ideología independentista del mismo; y la inestabilidad del contexto político de Cataluña en el que todavía existen sectores que defienden explícitamente la idea de una secesión unilateral”. Ahora la Sala de Recursos le ha dado la razón.

Forn trató de rebatir el riesgo a la reiteración delictiva. Sin embargo, la Sala de Recursos del Tribunal Supremo recuerda en su auto que “intervino como miembro del Gobierno autonómico, y, especialmente, como conseller de Interior y, por lo tanto, último responsable de la actuación de los Mossos d'Esquadra, aunque no adoptara decisiones directamente respecto de algunos detalles técnicos”.

Consideran los jueces que unas de las razones por las que se pudo llevar a cabo la consulta del 1-O  fue “el abandono de la obligación policial de garantizar el orden constitucional y legal”. Cita un tuit escrito por Forn el día después de las detenciones del 20 de septiembre en el que manifestó: "Votaremos, no nos da miedo”. Faltaban apenas unos días para la consulta declarada ya entonces ilegal por el Tribunal Constitucional.

El Tribunal Supremo emplea la expresión “evidente alzamiento” para describir los hechos vividos antes de la aplicación del 155 en Cataluña y reitera que la actuación de Forn contribuyó a fomentar “actuaciones que incitaban a la ciudadanía favorable a la independencia a llevar a cabo comportamientos que con alta probabilidad se convertirían en actitudes violentas, que, finalmente, se produjeron”.

No persigue la ideología independentista

El auto dedica varios párrafos a abordar uno de los argumentos más polémicos de Llarena, que se basaba en la ideología independentista de Forn para mantenerlo en prisión. “Es de toda evidencia que con la medida cautelar no se pretende imponer, ni se impone, un castigo por mantener un determinado pensamiento político”, dice el Supremo al tiempo que recuerda que “existen otras personas que defienden la independencia de Cataluña, y no se encuentran privados de libertad por ello”.

Insiste en que “la defensa de la independencia de una parte del territorio nacional es una opción que puede ser defendida de forma legítima en un sistema constitucional como el vigente, que no impone una democracia militante”, pero matiza que “la Constitución es modificable con arreglo a los cauces que la propia Constitución establece”.

En ese sentido, concluye que “el riesgo de reiteración delictiva no depende solo de que el recurrente siga defendiendo la idea de la independencia, pero no puede desconocerse que esta posición política es la que alimentó los hechos que se le atribuyen y, en tanto que se mantiene, puede considerarse como un elemento todavía susceptible de ser valorado, sin que ello suponga penalizar una determinada ideología”.



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