El Gobierno encarga a la abogada del Estado del 'procés' la causa de los Franco por Meirás

Tras la reciente imputación de una técnico de Patrimonio Nacional en la causa por los bienes del Pazo de Meirás, la Abogacía mueve ficha. Los servicios jurídicos del Gobierno acaban de irrumpir en este procedimiento que se sigue en los juzgados de Madrid y lo hacen bajo la batuta de Rosa María Seoane. Una vez personada en la causa, la abogada general del Estado ha pedido que archiven la investigación abierta contra la jefa de conservación de patrimonio, Pilar Benito, por el inventario del pazo y, además, ha amagado con querellarse contra los Franco por delitos que incluyen pena de prisión.

Así consta en la nueva documental aportada a esta causa del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid y a la que ha tenido acceso Vozpópuli. El procedimiento, a cuyo frente se encuentra la magistrada Cristina Díaz Márquez, nació a tenor de una querella interpuesta por los familiares del dictador que denunciaron un expolio de los bienes que tenían en Meirás después de que la Justicia sentenciara que el palacete es titularidad del Estado. La instructora admitió a trámite la querella de los Martínez Bordiú e imputó a la jefa de Conservación de Patrimonio por el inventario de los bienes.

Igualmente citó en calidad de testigos a varios cargos de este órgano del Ministerio de Hacienda, entre ellos a su presidenta, Llanos Castellanos, tal como avanzó este diario. El objetivo es aclarar si, como sostienen los querellantes, la jefa de Patrimonio se extralimitó en sus funciones con el listado de bienes del pazo o, por el contrario, se actuó en función de lo solicitado por el juzgado de La Coruña que ha investigado lo relativo a la titularidad de este palacete declarado Bien de Interés Cultural. Con este caldo de cultivo, los servicios jurídicos del Gobierno de Pedro Sánchez han irrumpido en la causa para pedir que se archiven las actuaciones contra Pilar Benito.

"Ánimo de intimidar"

Además de recurrir el arranque de esta investigación, Seoane amaga con que sea el Estado el que tome medidas legales contra los Franco por delitos de denuncia falsa y obstrucción a la Justicia. Se trata de tipos que incluyen penas de prisión que oscilan entre los seis meses y los cuatro años de cárcel. Según expone, actúan con “temerario desprecio hacia la verdad y con ánimo de intimidar” a Benito y a otros técnicos de Patrimonio para que modifiquen su actuación. Además, recalca que el documento en cuya elaboración participó la jefa de conservación no es constitutivo de prevaricación y que Patrimonio no lo filtró a prensa.

Acreditada, mediante la identificación de los bienes, su pertenencia a Patrimonio Nacional, los mismos no pueden ser enajenados por ningún título.

El informe que ahora está bajo la lupa recoge un listado de todos los enseres que se encontraron en el palacete. En concreto, se identificó mobiliario que tenía su origen en Colecciones Reales Españolas, tapices confeccionados en Francia, enseres que habrían pertenecido a la Reina Victoria Eugenia, un sofá de caoba o telares de gran valor. Benito los atribuyó todos a instituciones dependientes de Patrimonio, como la Fundación Generalísimo Franco o Industrias Artísticas.

Sin embargo, los Martínez Bordiú se querellaron contra ella por un total de cinco delitos haciendo hincapié en que las conclusiones las obtuvo sin hacer un peritaje previo y sin aclarar si el mobiliario y la decoración eran regalos o donaciones. Además, aludieron a una sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 1989 según la cual las fundaciones a las que se atribuyen los objetos de Franco se entienden como "personalidades jurídicas diferenciadas" de Patrimonio.

Los servicios jurídicos del Gobierno contraatacan ahora a los Franco y responden que no pueden acusar a Benito de prevaricación porque lo que hizo fue un “mero informe” que no tiene naturaleza de acto administrativo. Además, les acusa de incurrir en una “incoherencia irresoluble” debido a que si Benito se extralimitó en sus funciones quiere decir que sí las tenía para participar en el inventario solicitado por la autoridad judicial. “Hizo lo que se le encomendó (…). Es falso que los querellantes se opusieran a la presencia de Benito para colaborar con los técnicos de la Xunta”, precisa.

"Un mero informe"

Pero pese a defenderla en esta acusación, admite que no es afortunado hablar de “titularidad” (nombre que le puso al informe) puesto que ella, según dice, se limitó a identificar todos los bienes sin hacer un análisis jurídico del mismo. A este respecto cabe destacar que la magistrada sí vio indicios de que Benito podría haber incurrido en los delitos que le atribuyen y, por ello, además de dar luz verde a la querella de los Franco, solicitó una batería de diligencias. Entre ellas, que se identifique a todos los profesionales que participaron en este trabajo y que el juzgado de La Coruña remita copia de su solicitud para esclarecer qué es exactamente lo que encargó a los técnicos.

La abogada del Estado -que también defendió al exdelegado del Gobierno en Madrid José Manuel Franco en la causa del 8M- insiste en que ha quedado demostrado que los bienes atribuidos a Patrimonio no pueden ser recuperados por los anteriores dueños. Igualmente se pronuncia sobre la sentencia del Supremo a la que aluden los Franco para reivindicar su titularidad y dice que eso no afecta a los bienes que se fabricaron por la Fundación del caudillo ya que figuran en el inventario de Patrimonio. "La señora Benito, por tanto, se ha limitado a elaborar un informe técnico. Ni ha falseado nada, ni ha omitido ningún dato relevante ni ha alterado la realidad", sentencia.

Con todo, la causa sigue pendiente, por un lado, de incorporar toda la documental requerida por la titular del juzgado y, por otro, de escuchar a los testigos citados para el próximo 29 de junio. Además de la presidenta Llanos Castellanos, la instructora considera pertinente escuchar a la directora de las Colecciones Reales de Patrimonio, Leticia Ruiz, para esclarecer si, como sostiene Benito en el informe, todo lo que se encontró en la residencia de verano de Franco pertenece al Estado o, por el contrario, la verdadera dueña es familia, la cual denuncia que se ha producido un expolio en todo este proceso.