España

Ábalos niega ser propietario de un inmueble en Perú y asegura que es "un centro social" de titularidad municipal

El exministro mantiene un litigio contra dos peruanos por okupación del inmueble, que prevé restituir al Ayuntamiento de la ciudad de Chimbote

  • José Luis Ábalos en el Congreso. -

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, se ha visto envuelto en una polémica tras la publicación de un reportaje por parte del diario digital 'El Debate'. Según este medio, Ábalos tendría a su nombre un chalet en Perú valorado en 1,2 millones de euros, construido con fondos públicos destinados a proyectos benéficos. En respuesta a estas acusaciones, el exministro ha intervenido en directo en 'El Programa de Ana Rosa' para desmentir la información y ofrecer su versión de los hechos.

Durante su intervención en el programa matutino, Ábalos negó haber obtenido cualquier tipo de beneficio personal relacionado con el inmueble en cuestión. Según sus declaraciones, la propiedad no es un chalet destinado a uso residencial, sino un centro social con aulas y un salón de actos. El exministro enfatizó que el edificio "no es para vivir" y que su finalidad siempre ha sido comunitaria.

Ábalos explicó que, en su momento, era presidente de una fundación a la que el alcalde de la localidad peruana de Chimbote solicitó la construcción de un centro social para el municipio. Debido a que la fundación no tenía personalidad jurídica reconocida en Perú, la propiedad fue registrada a su nombre y a la del secretario de la fundación,  ya fallecido. El exministro subrayó que la escritura del inmueble especifica claramente que está destinado a la fundación y nunca para uso personal.

La Fundación Fiadelso

El inmueble en cuestión se encuentra en Chimbote, una ciudad costera y pesquera que ha experimentado un considerable aumento de población debido a la migración de personas de zonas rurales en busca de mejores oportunidades. Ábalos destacó que la zona no es "paradisíaca", sino un área que ha enfrentado desafíos socioeconómicos significativos. El centro social fue concebido para atender las necesidades de la comunidad local, proporcionando espacios para actividades educativas y culturales.

Según Ábalos, Fiadelso, la fundación responsable del centro social ha estado inactiva desde 2016. Esta inactividad fue aprovechada por un grupo de personas que ocuparon ilegalmente el inmueble, lo que llevó al exministro a iniciar acciones legales para desalojarlos. Ábalos manifestó su intención de transferir la propiedad a la municipalidad de Chimbote, pero debido a problemas legales relacionados con el registro de la fundación, este proceso no se ha concretado.

Juicio por "usurpación"

De hecho, el pasado 3 de enero quedó señalado el juicio por "usurpación" del inmueble. Los imputados son Diógenes Alfonso Alva Vidal y Segundo Sigifredo Valle, que, de acuerdo con la legislación peruana, tendrán que responder por la presunta comisión de un delito contra el patrimonio de "usurpación agraviada". 

El diario 'El Debate' publicó un reportaje en el que se afirma que Ábalos posee un chalet en Perú valorado en 1,2 millones de euros, construido con fondos públicos destinados a proyectos benéficos. El medio asegura haber accedido a las escrituras del inmueble, donde figura el nombre de Ábalos, así como a un poder notarial en el que se le presenta como propietario. Además, se indica que la vivienda fue construida en 2020 con dinero público gestionado por una ONG presidida por Ábalos, y que su objetivo era proporcionar alojamiento a una comunidad de marinos jubilados.

En respuesta, Ábalos reiteró que el inmueble no es una vivienda personal, sino un centro social destinado a la comunidad. También aclaró que la construcción del edificio se llevó a cabo mucho antes de 2020, y que la información presentada por 'El Debate' contiene inexactitudes. El exministro expresó su preocupación por lo que considera una campaña de desprestigio en su contra y defendió la transparencia de sus acciones en relación con la fundación y el inmueble en cuestión. El exministro ha manifestado su disposición a colaborar con las autoridades y proporcionar toda la documentación necesaria para esclarecer los hechos.

 

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