El Gobierno extenderá a 2,5 millones de empleados públicos la obligación de trabajar 10 horas más al mes

Los 1.736.000 empleados públicos que trabajan en las 17 comunidades autónomas y los 806.000 que lo hacen en los 8.116 ayuntamientos se las prometían muy felices porque la ampliación de la jornada laboral aprobada por el Gobierno en diciembre para los funcionarios estatales -2,5 horas más a la semana- les dejaba en el limbo. Para no crear agravios comparativos y tratar por igual a todos, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, incorporará a los Presupuestos que se aprobarán a finales de marzo una disposición donde extiende la ampliación de jornada –una media de diez horas más al mes– a las tres administraciones.

  De esta forma, las comunidades y ayuntamientos que no hayan ampliado la jornada de sus trabajadores estarán obligadas a hacerlo por ley una vez se aprueben las cuentas estatales para este año. Después de aprobarse las medidas contra el déficit el pasado diciembre, el decreto ley que las envolvía ha originado un vacío legal, pues algunas administraciones han entendido que no se trataba de una ley básica de aplicación para todo el territorio nacional y han sometido a negociación con los sindicatos la ampliación de la jornada semanal.

 Algunas comunidades, las menos, han alcanzado acuerdos y otras no. En Madrid, por ejemplo, solo ha habido pacto en el sector de la sanidad, por lo que el Gobierno regional de Esperanza Aguirre ha legislado por su cuenta y ha establecido la ampliación de la jornada a partir del pasado 1 de marzo, eso sí con algunos matices. El principal es que un 5% de la jornada se puede distribuir de forma que las horas pendientes de trabajo puedan quedar para el verano, lo que obligará a muchos empleados a trabajar en turnos de tarde y evitará al ejecutivo regional la contratación de interinos.

 El real decreto contra el déficit aprobado a finales del año pasado fija que los empleados del sector público estatal tienen que trabajar un promedio semanal no inferior a 37 horas y 30 minutos, dos horas y media más que antes. Con posterioridad, la Federación Española de Municipios remitió una circular a los alcaldes instándoles a ampliar el horario laboral también en la administración local. Unos ayuntamientos, los menos, han aplicado el nuevo horario a sus trabajadores y otros no, ya que se han acogido al estatuto básico de los empleados públicos donde se fija que cada administración tiene potestad para decidir la jornada laboral de sus funcionarios.