Publicado: 04/01/2012 19:15
El gobierno central también pagará billete en los metros de Barcelona y Madrid. El Ejecutivo ha diseñado un nuevo mecanismo para aliviar la liquidez a la que la Comunidad y la Generalitat se enfrentan para sostener ambas infraestructuras. Ese mecanismo (incluido en el decreto de medidas urgentes del pasado sábado 31 de diciembre) permitirá que Madrid y Barcelona pidan un adelanto mensual de hasta el 85% del presupuesto previsto para los primeros seis primeros meses del año.
Según el diseño de la operación, ambos gobiernos autonómicos podrán disponer de un adelanto mensual hasta sumar, como máximo, un pago a cuenta del 85% de ciertos costes. Por ejemplo, en el caso de la línea 9 del metro de Barcelona que –según fuentes bancarias—es la infraestructura más expuesta al impago a día de hoy y que todavía acumula 6.000 millones pendientes de cobro, el nuevo esquema permitiría pedir por adelantado 425 millones de euros al mes durante el primer semestre de 2012, hasta sumar 2.550 millones de adelanto del Estado Central.
En el caso de Madrid, el Consorcio de Transportes sólo afecta a los gastos de explotación de las infraestructuras que suman, en total, 200 millones de euros. Según los cálculos del consorcio, la Comunidad de Madrid podrá disponer de poco más de siete millones de euros mensuales para los gastos de servicio de la infraestructura.
La intención del Ejecutivo es la de dotar de liquidez a las administraciones públicas, especialmente en el caso de las infraestructuras de Barcelona antes de que se aprueben los nuevos presupuestos públicos el próximo mes de marzo, según fuentes del nuevo gabinete.
Las autonomías también piden ayuda a la banca
El enorme coste de ambas infraestructuras ha llevado a los gobiernos de la Comunidad y la Generalitat a pedir no sólo una vía de alivio al gobierno central sino también a renegociar con los bancos su situación, demandando un alargamiento en los plazos de pago pendientes.
Los departamentos de inversión institucional de los tres grandes bancos del país (BBVA, Santander y La Caixa) abrieron el pasado mes de mayo una ronda de encuentros con los gobiernos autonómicos para renegociar sus pagos ante lo que describen como una verdadera “crisis de liquidez”, una ronda que se repite de manera periódica y a la que están siendo invitadas otras entidades con intereses en algunas regiones. “No hay una solución común” –aseguran fuentes de esa negociación—“pero sí un problema común: el de la falta de liquidez”.
La Generalitat Valenciana es la única que ha incurrido en un impago hasta el momento. La semana pasada dejó pendientes de pago sus deudas con Deutsche Bank. Sin embargo, la entidad optó por no calificar esa deuda como “impagada” después de que el Tesoro Público optara por avalar los vencimientos pendientes.
La Generalitat de Catalunya tuvo su primer encuentro con los tres grandes el pasado mes de mayo, una reunión a la que también acudieron los representantes de CatalunyaCaixa. En esos encuentros, la Generalitat pidió una línea de crédito a corto plazo utilizando como garantía los 769 millones de euros que el Estado central adeudaba.
A largo plazo –sin embargo—la banca busca una solución a tres cuestiones pendientes de pago. La Agencia Catalana del Agua, cuyos vencimientos pendientes incluyen entre sus acreedores a entidades financieras extranjeras, la línea 9 del metro de Barcelona, que suma hasta 6.000 millones de euros pendientes de pago, y, en tercer lugar, el canal Garrigues-Segarra. La Generalitat catalana ha planteado a los bancos un esquema para extender los plazos de los pagos pendientes.
Ayer, el President de la Generalitat, Artur Mas, anunció además nuevos ajustes entre los ciudadanos para evitar lo que describió como el "colapso general" de Cataluña y que acabe "intervenida" por España.
El Govern de les Illes Balears tiene también que renegociar ahora su situación, después de que el pasado 17 de noviembre suscribiera un préstamo del Banco Santander por valor de 100 millones de euros que le permitía pagar nóminas hasta finales de 2011.
De igual modo, los bancos han extendido los plazos a las líneas de crédito de gobiernos como el de Extremadura o el de Castilla-La Mancha, según confirman las entidades.
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