Rajoy confía en la tregua alemana y evita afrontar a oscuras el gran ajuste presupuestario

Alan Solomont y Bruno Delaye, embajadores de Estados Unidos y de Francia en España, ya le habrán remitido a estas horas sus notas a los ministerios correspondientes. Ambos desplegaron ayer sus antenas desde la tribuna de invitados del Congreso y observaron que todavía a estas alturas, el equipo económico del PP desconoce a cuanto asciende el agujero autonómico o, en otras palabras, en cuanto se va a desviar el déficit de las comunidades al final del ejercicio. No lo sabrá sobre el papel hasta mediados de febrero. A ello se suma la incertidumbre sobre las deudas ocultas que el nuevo Gobierno puede encontrar en los cajones de los distintos Ministerios, en especial el de Fomento. Pero ambos escucharon también de boca de Rajoy un compromiso con la austeridad. Y saben, además, que Angela Merkel ha dado una tregua al próximo Gobierno del PP. El reciente viaje de Rajoy y Álvaro Nadal a Berlín parece que empieza a dar sus frutos.

Estas circunstancias han conducido a diseñar un ajuste del gasto en varias fases, la última de las cuales culminará en marzo con un recorte total cercano a los 30.000 millones de euros. Su  distribución se conocerá después de las elecciones andaluzas. El guión, pues queda como sigue: cuando se conozcan las nuevas previsiones de crecimiento de la UE, el nuevo Gobierno hará las suyas propias, muy lejanas al 2,3% todavía vigente para, posteriormente, fijar el techo de gasto, presentar los Presupuestos en el Congreso y abrir el tarro de esencia de las reformas. Todo parece pensado.

Pero las agencias de rating son insaciables, de ahí que Rajoy vaya a anticipar una primera señal de austeridad en el Consejo de Ministros previo a Nochevieja. Cristóbal Montoro trabaja en un acuerdo de no disponibilidad similar, no en su cuantía, al que José María Aznar aprobó nada más aterrizar en La Moncloa en 1996. En aquella ocasión, con las arcas de la Seguridad Social al borde de la quiebra, y en ésta con el déficit del sistema como amenaza temprana para las pensiones.

Si hubiera tiempo, que no es el caso, este compromiso de no disponibilidad debería afectar, como mínimo, a 16.500 millones de euros, el equivalente a reducir el déficit del 6% previsto para este año al 4,4% contemplado para 2012. Pero el PP todavía desconoce en qué partidas concretas y en qué cuantía tiene que introducir la tijera, aunque sí tiene claro que hay que compensar por la vía del gasto la revalorización de las pensiones, un regalo para los bolsillos de ocho millones de jubilados que es, realmente, el único anuncio que puede aumentar el déficit. Un anuncio que se acompaña de la cercanía del riesgo: si el número de cotizantes a la Seguridad Social sigue en caída libre, “se pondrán en peligro las pensiones públicas”, vaticinó Rajoy.

Si el desfase termina en el 7%, en lugar del 6%, pues serían 10.000 millones extra de ajuste y, así, a más a más, que dirían los nacionalistas catalanes. Porque en el PP se recuerda que la Seguridad Social tampoco aportará en 2011 las cuatro décimas positivas que preveía el Gobierno cesante y que tampoco se crecerá este año lo que figura en el cuadro macroeconómico. Y que…¡la herencia recibida puede deparar nuevas sorpresas!..Como las deudas no reconocidas con los proveedores.
“La Administración va a dejar de financiarse con los proveedores”, sentencia con energía un miembro del equipo económico de Rajoy.

Por estas razones, al próximo vicepresidente económico le espera un esfuerzo hercúleo antes de cuadrar las cuentas estatales que se traerán en marzo al Congreso. Estarán muy cerca de un Presupuesto de base cero, de tabla rasa en la mayoría de las partidas, con la única excepción de las pensiones. Rajoy lo dijo claro ayer, aunque recordó que en los 30.000 millones de euros que se van al abono del paro y en los 27.000 largos destinados al servicio de la deuda, hay escaso margen para la tijera.

Pero sería una irresponsabilidad desconocer a estas alturas las partidas presupuestarias más vulnerables al ajuste. El líder del PP ofreció este lunes algunas claves. La primera: el nuevo Gobierno legislará para suprimir las prejubilaciones “salvo circunstancias excepcionales”, y para evitar abusos en el cobro de las prestaciones por desempleo como puente hacia la jubilación. La segunda: Rajoy ya piensa en otra vuelta de tuerca para conseguir que las pensiones se calculen sobre las cotizaciones realizadas a lo largo de toda la vida laboral. En otras palabras: el último acuerdo del Pacto de Toledo queda instalado en la provisionalidad.

Las señales a los mercados se completan con el compromiso de tener lista para las próximas semanas la nueva ley de Estabilidad Presupuestaria, en la que se establecerán los criterios para la reducción progresiva de la deuda hasta el 60% en 2020 y se fijará en un 0,4% el techo de déficit estructural para el conjunto de las administraciones públicas en el mismo horizonte.

Más paro para muchos meses

Rajoy también sabe que las próximas encuestas de población activa van a traer más disgustos, de ahí que se haya puesto la venda antes que la herida. A pesar de que las últimas encuestas y los datos de paro registrado más reciente no reflejan un número de parados superior a los cinco millones, el líder del PP ha señalado que, en realidad, tenemos 5.400.000 españoles buscando empleo. Es la primera vez que utiliza esta cifra, demostración de que sus asesores creen que puede ser una realidad en el próximo semestre.

La lucha contra el paro ha sido la principal prioridad apuntada por Rajoy pero, curiosamente, la reforma laboral es la que ha quedado más huérfana de precisiones. De momento, se deja en las manos de empresarios y sindicatos y, en lo que afecta al paro juvenil, sobre una mesa de diálogo social a la que encomendará la elaboración de un plan de empleo todavía en el aire. Esta vaguedad ha sido la que menos ha gustado en las filas del PP, teniendo en cuenta que el paro juvenil se acerca peligrosamente al 50%. El único detalle en éste área pasa por bonificar la totalidad de las cotizaciones sociales durante un año para aquellas contrataciones de menores de 30 años que accedan al primer empleo.