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WhatsApp ilegales: una agente, inhabilitada por filtrar un mensaje policial a su marido

Una agente de la Policía Municipal de Pamplona ha sido sancionada por compartir con su marido, también policía, un whatsapp con datos de un informe policial. El contenido se viralizó en varios grupos de mensajería instantánea afectando directamente al derecho a la intimidad de la persona que aparecía en el informe

Icono de WhatsApp
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El juzgado de lo Penal número 1 de Pamplona ha condenado a 4.200 euros de multa y año y medio de inhabilitación para empleo y cargo público a una agente de la Policía Municipal de Pamplona que difundió un informe policial interno por WhatsApp a su marido en un mensaje que terminó viralizándose.

La titular del Juzgado, María Alemán Ezcaray, ha condenado a la agente por un delito de revelación de secretos. Según consta en los hechos probados de la sentencia, la acusada fue informada por su superior de la existencia de una petición de colaboración remitida por la Policía Foral por una denuncia sobre unos hechos presuntamente ocurridos en el centro escolar Luis Amigó de Pamplona.  

En concreto, el documento recogía una solicitud de colaboración remitida por la Policía Foral con motivo de una denuncia presentada sobre unos hechos presuntamente ocurridos el 1 de febrero de este año en ese centro escolar, donde supuestamente un varón había intentado convencer a un menor para que se fuera a su casa. En el informe se añadía que la conversación se había producido en inglés y se facilitaban los datos de identidad de una persona con antecedentes de pederastia.

La sentencia considera que, "faltando a su deber de no difundir el documento", dado que su hijo menor de edad acudía al colegio en cuestión, la agente fotografió su contenido íntegro y lo remitió por WhatsApp a su marido, agente del Cuerpo Nacional de Policía. Este lo remitió al teléfono particular de un compañero de la Policía Nacional debido a que su hija acudía al mismo centro escolar. A su vez, añade, este otro policía lo reenvió por correo electrónico a su exmujer, policía foral, quien, tras recortar parcialmente el mensaje con la finalidad de que no constara quién se lo había remitido, envió la fotografía del documento a un grupo de WhatsApp compuesto por madres de niños del colegio.

Difusión masiva y revelación de datos personales

A partir de ese momento, expone la sentencia, se inició una difusión masiva que motivó que la Policía Municipal y la Policía Foral emitieran una nota de prensa conjunta acerca de los hechos en la que se apelaba a la tranquilidad, así como otro comunicado del colegio afectado en los mismos términos.

En la sentencia, la magistrada expone que el documento fotografiado y transmitido contenía un membrete policial y otro del Ayuntamiento de Pamplona, y hacía referencia a una investigación de otro cuerpo. El informe, además, contenía datos concretos de un hecho y de una persona, con su nombre y apellidos, dirección, nacionalidad e incluso referencias a sus antecedentes penales.

Para la juez, "era, en consecuencia, un documento interno de trabajo con trascendencia, una información conocida en el ejercicio de su función policial, y con relevancia".

La titular del Juzgado explica que el hombre al que se hacía referencia ni siquiera era investigado, y en el documento se incluía información facilitada desde otro país sobre hechos previos que pudieran haber sido similares, en el marco de una incipiente investigación policial, sin que hubiera absolutamente nada más que lo vinculara a los hechos investigados.

La transmisión del documento, según precisa la magistrada, afectó directamente al derecho a la intimidad de un tercero, así como a la presunción de inocencia a la que tiene derecho toda persona investigada. Descarta, además, la tesis de la defensa de que la actuación fue fruto de la cooperación policial.

“Lo que llevó a la acusada a revelar información es que su hijo iba al colegio que se recogía en la misma, y este mismo motivo es el que llevó a los siguientes transmisores a comunicarla a terceros, lo que desde luego nada tiene que ver con la cooperación policial pretendida”, sentencia la juez.



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