Proyecto Iron

Villarejo cobró al menos 300.000 euros por espiar a un despacho de abogados

El veterano mando pidió un total de 625.000 euros y ofreció sus contactos en la Policía y el mundo judicial para actuar al margen de la ley, según la Fiscalía

El excomisario José Villarejo
El excomisario José Villarejo EFE

El comisario José Villarejo cobró a través de sus empresas al menos 300.000 euros por espiar a un despacho de abogados mientras estaba en la Policía destinado en la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo. La Fiscalía indica que el veterano mando usaba su condición y sus contactos como funcionario policial para encargos privados como éste, que facturó a través de varios pagos. Según las investigaciones, Villarejo y su socio Rafael Redondo pidieron un total de 625.000 euros por este encargo.

El trabajo se lo encomendó el despacho de abogados Herrero y Asociados. En el marco de la última crisis económica, varios de sus empleados habían abandonado la compañia y habían fundado su propio despacho. Los clientes de Villarejo sospechaban que sus extrabajadores se habían llevado bases de datos y acudieron al veterano mando. Sus trabajos quedaron plasmados en el llamado ‘informe Iron’, hallado en un pendrive denominado “PFIZER” en la casa de Villarejo de Boadilla del Monte (Madrid). Por estos hechos hay además cuatro responsables del despacho investigados.

El 20 de abril, la Unidad Adscrita de la Agencia Estatal Tributaria en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado acreditó que, efectivamente, desde Herrero y Asociados se hicieron pagos a la estructura societaria controlada por Villarejo y su socio Rafael Redondo. Por su importe y fecha coinciden con los honorarios pactados por la actuación desarrollada para el ‘proyecto Iron’, según los investigadores.

Cuatro empresas

Sólo en el año 2013, cuatro empresas del conglomerado de Villarejo facturaron un total de 302.500 euros en varios pagos fraccionados. Stuart and Mckenzie Spain SL percibió 90.750 euros; Cenyt Data SL, 84.700 euros; Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL, 48.400 euros y Cenyt Consultoria Organizacional facturó 78.650 euros. Estas empresas forman parte del conglomerado que Villarejo cultivó durante una década de excedencia voluntaria entre 1983 y 1993 y que luego mantuvo. Tienen su sede en la torre Picasso de Madrid en pleno corazón del barrio financiero de la capital. Villarejo y Redondo aconsejaron “el máximo de opacidad en el procedimiento de pago”, según las pesquisas.

Además, según los datos tributarios, el despacho de abogados Herrero y Asociados ordenó dos pagos al extranjero desde una cuenta del Banco Santander entre los años 2013 y 2014. Por las fechas, la Fiscalía también cree que pueden estar vinculados a los servicios de Villarejo. El primero, emitido el 17 de julio de 2013, ascendía a 89.585,20 dólares (67.484,14 en euros) y fue remitido a China. El segundo, de fecha 7 de agosto de 2014, eran otros 70.000,00 euros a una cuenta de Alemania.

En la negociación previa, Villarejo ofertó medidas que implicarían una injerencia en la intimidad de los exempleados del despacho como la intervención de comunicaciones o infringir el secreto tributario.  Grabó las citas con sus clientes y eso es lo que ha permitido a la Fiscalía y al juez conocer los términos en los que actuaba este mando policial. Uno de estos encuentros tuvo lugar el 13 de septiembre de 2013 en Casino Madrid. Allí Redondo y Villarejo pidieron números de teléfono de las personas que iban a investigar “para mirar un poco los cruces de llamadas”. Afirmaron que ellos tenían unos programas específicos para ello, concretamente “uno al posterior ese que no sabía usar la Policía”.

"Burlar los controles"

En la misma reunión Vilarejo le describe a sus clientes con detalle los movimientos de cuentas de las personas del nuevo despacho y de los ingresos. “Que estamos en ello y que nos ha costado, sorprendentemente nos han puesto muchas más pegas de las normales, nosotros tenemos buenas relaciones con gente dentro de los bancos y tal, y en este caso... coño es que esto lo llevan muy arriba, o sea que por las razones que sean hay cierto blindaje de acceso de nivel medio, y hace falta burlar un poco esos controles”, comentó Villarejo.

Para estas actividades, el veterano comisario contaba con la colaboración de un inspector de Hacienda que todavía no ha sido identificado. El mando explicaba que una de sus tácticas era la penetración, intentar seducir a alguien de dentro. En un momento de la cita se le escucha ofrecer una serie de documentos tributarios a sus clientes a los que les advierte entre risas de la irregularidad que están cometiendo. “Tu sabes que eso es más ilegal que una patata”.

Otra de las fuentes eran los documentos judiciales o informes de inteligencia financiera reservados. Habla de como a uno de los investigados le han tomado declaración en la Audiencia Nacional “por el tema de los chinos” o de pesquisas que lleva a cabo el Sepblac. Con esa presentación, luego Villarejo negociaba el precio a cobrar por sus trabajos.

"Todo eso vale pasta"

“Tronco... vosotros sois ricos y nosotros no... nosotros no nos dedicamos a subvencionar a todos los que tiene problemas, la provisión de fondos es fundamental porque qué te crees que el de Hacienda nos lo da gratis, los rastreos que estamos haciendo de tráfico de llamadas y las cosas delicadas tío... la gente se la juega y a cambio hay que untarlos, el de... la persona que estamos seduciendo para que nos cuente cosas... todo eso vale pasta...", le dijo.

De las grabaciones se deduce además que Villarejo se vale de sus contactos en la Policía para este tipo de negocios privados. “Yo cuando necesito un dato delicado me lo dan”, dijo en otra de las conversaciones ahora en poder de los investigadores. También dijo tener un juez “amiguete”. Entre el presupuesto que obra en los archivos de este 'proyecto Iron' se incluyen partidas como “pagos a informadores y colaboradores ya sean nacionales y/o extranjeros (hasta un total de 50.000 €, siempre que el pago individual no exceda de 10.000 €)”.

El plan último de Villarejo y Redondo era documentar los hechos para acabar presentando una denuncia contra los exempleados del despacho de abogados ante la Policía Nacional y que ya fuese después el Cuerpo para el que él mismo trabajaba quien prosiguiese las pesquisas. Así hicieron, concretamente ante la Brigada de Investigación Tecnológica. Esto provocó que el Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid abriese una investigación.     

La presunta doble vida de Villarejo

Según sostiene la Fiscalía, Villarejo “simultaneaba la doble condición de policía y detective privado para realizar trabajos de ‘inteligencia’ para sus clientes, aportando como valor añadido a su empresa su relación directa con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y desde el momento en que aceptó una retribución económica por realizar uno de estos trabajos, infringió los deberes inherentes a su condición policial”.

La cantidad de documentación incautada a Villarejo tras su detención en noviembre es ingente. Por eso los investigadores están abriendo piezas separadas para agilizar la instrucción que se sigue en la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Lo que se investiga es si el investigado pudo cobrar dádivas ilícitas, o incluso cometer otros ilícitos por cuenta de sus clientes  como acceso a documentación restringida, uso de seguimientos o práctica de intervenciones tecnológicas sin cobertura legal.



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