Tribunales

El juez propone juzgar a Villarejo por el espionaje a los dueños de La Finca

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 considera que hay indicios para mantener su imputación y acordar su enjuiciamiento en el marco de una de las piezas separadas de la causa llamada 'Land'

Villarejo
Villarejo

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar al comisario jubilado José Manuel Villarejo por el espionaje a los dueños de La Finca. Según consta en un auto emitido este martes, ha pedido enviar al banquillo al exagente de la Policía por un delito continuado de cohecho, múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos y un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha considerado que hay indicios para mantener su imputación y acordar su enjuiciamiento en el marco de una de las pieza 'Land', en la que se investigó al comisario por espiar a los dueños de La Finca. En este sentido, el magistrado ha estimado pertinente juzgar el exmando de la Policía y a otras seis personas, entre ellas, su esposa Gemma Alcalá, su socio Rafael Redondo, y el excomisario Enrique García Castaño.

"Del examen de las actuaciones se desprende que el encargo realizado por Susana García Cereceda López, Francisco Lorenzo Peñalver Sánchez y David Fernández Aumente al grupo Cenyt (...) excedía de lo que era un encargo sobre la rentabilidad de la empresa Procisa", ha acreditado el magistrado, que ha propuesto juzgarles. En este sentido, el juez también ha propuesto enviar al banquillo a la mercantil La Finca Global Assets SL, a La Finca Somosaguas Golf SL y a La Fina Promociones y Conciertos Inmobiliarios. A todas les atribuye un delito continuado de cohecho, múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos y un delito continuado de falsedad en documento mercantil. 

Policía en activo

Según consta en el auto, recogido por Vozpópuli, el magistrado ha considerado probado que quienes encargaron los servicios a Villarejo conocían su situación de policía en activo y que el entonces alto mando se prevalió de su cargo "para obtener información de carácter reservado que luego vendería". Dicha información, ha concluido el juez, fue utilizada por los clientes como "instrumento de presión a su favor en las controversias económicas sobre el patrimonio social y familiar de la empresa".

En el marco de las pesquisas se ha podido acreditar que Susana García-Cereceda y Francisco Lorenzo Peñalver -en colaboración con David Fernández- contrataron a través de sus administradores al comisario Villarejo. Según los indicios acumulados, lo hicieron para que el mando policial llevará a cabo "diversos servicios de inteligencia, de análisis de información y de intoxicación informativa en los medios de comunicación, dirigidos a obtener, analizar y difundir información patrimonial, personal e íntima de una serie de personas físicas cuyos supuestos intereses económicos podían perjudicar al patrimonio y la reputación de Procisa y de sus administradores". En el auto figura que "el precio de estos servicios se habría fijado en 275.000 euros más otros 150.000 euros en caso de rentabilización de los resultados".

'Modus operandi'

Con la decisión de este martes, sobre la que cabe recurso, el juez ha emitido por primera vez su propuesta para llevar Villarejo a juicio en el marco del caso Tándem.Al exmando de la Policía se le acusa de desarrollar su carrera policial de forma presuntamente irregular con la de detective privado. La Fiscalía Anticorrupción le considera el cabecilla de un “clan policial mafioso” que “infectó” a la Policía y que se lucraba como investigador privado usando sus contactos dentro de el Cuerpo.

Según recoge el auto, en el marco de las pesquisas "se ha podido contrastar el modus operandi de la organización dirigida por José Manuel Villarejo Pérez durante el periodo en el estuvo en activo y permaneció adscrito a la Dirección Adjunta Operativa" de la Policía Nacional. La "organización criminal" dirigida por el excomisario "creo un entramado parapolicial que empleó de forma sistemática los medios y recurso afectados a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para forzar la solución de los conflictos fuera de los cauces legales, empleando para ello información sensible con la finalidad de remover voluntades".

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