España Una grabación pone en entredicho al juez que firmó el informe contra Victoria Rosell

Cruce de acusaciones entre el empresario Miguel Ángel Ramírez y el juez Salvador Alba, autor del informe que ha llevado al Supremo a aceptar una querella contra la exdiputada de Podemos Victoria Rosell. 

Miguel Ángel Ramírez: -"Y yo te diré: 'Sí, claro, señoría, yo no me estoy inventando nada'".

Salvador Alba: -"¿Eso es demostrable? Sí. [...] Pues lo acreditas y hacemos así. Y lo llevamos al procedimiento, y en el momento en que vayamos al procedimiento ponemos en marcha la maquinaria".

El anterior extracto forma parte de la grabación de una supuesta conversación entre el empresario Miguel Ángel Ramírez y el juez Salvador Alba, hecha pública este jueves por Eldiario.es y presuntamente aportada por Ramírez ante el juzgado. Media hora de charla en la que, hipotéticamente, se pretendía anular una causa contra el empresario iniciada por la juez Victoria Rosell -más tarde 'fichada' por Podemos- y acumular indicios que permitiesen actuar contra ella.

Cuando la juez dio el salto a la política, Salvador Alba la sustituyó temporalmente en su juzgado de Las Palmas y firmó un informe esencial para que el Tribunal Supremoadmitiese a trámite una querella del exministro José Manuel Soria contra Rosell. La querella versaba, precisamente, sobre la instrucción de la causa de Ramírez, en la que Rosell presuntamente cometió prevaricación, cohecho y retraso malicioso.

Ramírez asegura que en la conversación que este jueves se ha hecho pública -realizada en el despacho del juez y sin testigos- el juez Alba le confesó su "ánimo de acabar con la carrera de la hoy exdiputada de Podemos", según indica la agencia Europa Press, y le ofreció "toda suerte de favores judiciales si imputaba a Victoria Rosell actividades irregulares".

La respuesta de Salvador Alba

La grabación de Ramírez viene a ensombrecer aún más el 'caso Rosell', que ha tenido ya varias conclusiones tangibles. Por un lado, forzó el anuncio de Rosell de renunciar a la diputación permanente del Congreso (es decir, ha dejado de ser diputada y, por tanto, aforada) y, por otro, ha puesto ahora en entredicho -también- la actuación de su sustituto, Salvador Alba. Este ha respondido a la grabación con un comunicado en el que niega cualquier trato de favor al empresario, con el que "nunca" ha tenido encuentro privado "de ninguna clase", más allá de los "públicos y en sede judicial". Reconoce que sí hubo una declaración de Ramírez previa a la procesal, siempre acompañado por su abogado, que fue quien la solicitó "con insistencia".

El magistrado, de hecho, subraya las "constantes presiones recibidas" por Ramírez y su entorno, y asegura haber emprendido acciones penales por "descubrimiento y revelación de secreto" ante el caso de que se haya "producido una grabación en sede judicial". Alude, también, a "frases y expresiones aisladas sacadas de contexto".

Reacción de Podemos y PP

Rosell, por su parte, pedía este mismo miércoles su reingreso en la carrera judicial, aunque según el dirigente de Podemos Íñigo Errejón, se mantiene en sus listas para las elecciones del 26J. Este mismo jueves, Podemos ha arremetido contra Alba: su portavoz en el Senado, Ramón Espinar, ha denunciado la "gravedad" que reviste que haya utilizado el poder judicial para "perseguir a una líder opositora": "Es el caso de un juez que está utilizando el poder judicial de este país para perseguir a una líder opositora", ha dicho. Poco después, el líder del partido morado, Pablo Iglesias, publicaba el siguiente mensaje en Twitter: "Su no podrá con la ilusión, la lucha y el trabajo de personas honestas como Vicky Rosell".

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha subrayado sin embargo que "ha quedado absolutamente demostrado" que Rosell "actuó de forma indebida", al margen de que surjan "problemas o asuntos" en torno a ese caso.

Por su parte, el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha subrayado que la supuesta operación contra Rosell evidencia uno de los déficits democráticos del país: "La instrumentalización de la justicia". Garzón ha defendido que aunque la justicia debería estar buscando siempre la verdad de lo sucedido, en los últimos años, y a pesar del esfuerzo "honrado" de "muchos" jueces, el Gobierno está utilizándola como un "instrumento" para "forzar" las decisiones y "convertir en batallas partidistas y políticas lo que debería ser unos veredictos asépticos".



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