Publicado: 30/09/2015 17:57
El partido Unión Progreso y Democracia (UPyD) ha recurrido la decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu de rechazar investigar la adjudicación por parte de Bankia de varios contratos de publicidad con las mercantiles Publicis Comunicación España S.L y Zenith Media S.L, sociedades investigadas en el denominado 'caso Rato'. Las diligencias que solicitó el partido de Andrés Herzog hubieran supuesto de facto la unión de la causa donde se investiga el patrimonio del ex vicepresidente del Gobierno al caso Bankia.
En una providencia dictada el pasado día 22 de septiembre, el instrucor de la Audiencia Nacional rechazó practicar las diligencias de investigación solicitadas por la formación magenta señalando que "no habiéndose acumulado a las presentes actuaciones las Diligencias Previas nº 2310/2015 del Juzgado de Instrucción nº 31 de Madrid no ha lugar a la práctica de las diligencias solicitadas". En UPyD creen que esta decisión del titular del Juzgado Central Número 4 de la Audiencia "no es un argumento ni bueno ni malo, simplemente porque ni siquiera es un argumento".
En su escrito, esta acusación popular -que recurre ahora en reforma subsidiaria de apelación la decisión del juez Fernando Andreu- mantiene que "resultaría del todo pertinente conocer todos aquellos extremos relativos a la gestión que de la entidad realizó el que fuera su presidente, el Sr. Rato, cuando de estas gestiones se puedan derivar indicios racionales de la comisión de los delitos de administración desleal por los cuales se encuentra ya imputado, lo que evidentemente debe incluir los contratos suscritos por la entidad Bankia bajo su presidencia".
El patrimonio personal de Rato
De la investigación del denominado caso Rato –donde se investiga el entramado societario del ex director gerente del FMI tenía en el extranjero- se desprende que las empresas Publicis Comunicación España S.L y Zenith Media S.L "han sido adjudicatarias de diversos contratos por parte de la citada entidad financiera, relacionados con varias campañas de marketing y publicidad, por importe de más de 20 millones de euros".
En el recurso UPyD sostiene que "de la misma forma, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) ha detectado dos pagos de Publicis Comunicación España S.L y Zenith Media S.L, que podrían haber pasado a engrosar el patrimonio personal de Rodrigo Rato. En total, algo más de dos millones de euros en presuntas comisiones".
"En suma, los hechos relatados en nuestro escrito de 9 de septiembre por el que solicitamos diversas diligencias de investigación tienen una indudable relación con la presente causa, en la medida en que tanto Publicis Comunicación España S.L y Zenith Media S.L son empresas adjudicatarias de diversos contratos de prestación de servicios por parte de BFA-Bankia y, según la información ahora conocida, el entonces presidente de la entidad, Rodrigo Rato, habría utilizado tales contratos para su beneficio personal, colaborando así a la despatrimonialización de la propia entidad que presidía", destaca el partido de Andrés Herzog.
Andreu sí investigó el pago de Lazard
Por otro lado, UPyD sostiene que el caso de las mercantiles Publicis Comunicación España S.L y Zenith Media S.L "guarda indudable similitud con las relaciones entre Rato con la entidad Lazard Asesores Financieros".
"En la relación entre el Rodrigo Rato y Lazard Asesores Financieros se procedió a realizar las pertinentes diligencias de investigación al resultar sospecho un pago de 6 millones de euros en favor del imputado por parte de la mercantil Lazard que previamente había contratado una serie de servicios con la entidad financiera Bankia nada más llegar Rodrigo Rato a la presidencia de ésta, contratos que sabemos fueron decididos por el por propio imputado y que no estuvieron sujetos al más mínimo proceso competitivo entre posibles empresas candidatas a realizar dicha labor. Sabemos igualmente que en aquel caso el Sr. Rato no solo no comunicó la existencia de un posible conflicto de interés, sino que tampoco se abstuvo en la decisión correspondiente, que se realizó sin ningún tipo de proceso competitivo y fue aprobada por el Consejo de Administración sin debate alguno, tras el Vº Bº del entonces presidente a dicha contratación, cuestiones todas ellas idénticas, según las señaladas sospechas, a lo acontecido para los contratos de publicidad ahora señalados", subraya esta acusación popular.
Por esta razón, la formación magenta concluye su escrito solicitando al juez Fernando Andreu que "mantenga el criterio seguido por este Instructor a lo largo del procedimiento".
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